Cataluña en el desastre
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José Antonio Zarzalejos

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Cataluña en el desastre

Una década ya de arbitrariedades, de ilegalidades, de deslealtades y de destrucción de valor político, cívico, económico y reputacional de una Cataluña que fue la vanguardia de todo lo contrario

placeholder Foto: El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés. (EFE)
El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés. (EFE)

Las elecciones de diciembre de 2017 fueron convocadas en Cataluña por el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, facultado para ello por la vigencia del artículo 155, cuya correcta aplicación avaló el Tribunal Constitucional. Las que pudieran celebrarse el próximo 14 de febrero las habrá convocado materialmente el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por la suspensión cautelar –y previsible sentencia anulatoria que se dictará el día 8 de febrero– del decreto de Pere Aragonés 1/2021 por el que las cancelaba 'sine die', porque el día 30 de mayo se planteaba en la disposición como una fecha tentativa.

El auto de medidas cautelares del TSJC consiste, en realidad, en un adelanto de la sentencia que solo se alteraría si el Consejo de Ministros dicta un nuevo decreto de estado de alarma –y el Congreso lo prorroga– que habilitase a las comunidades autónomas a imponer el confinamiento domiciliario o el propio Gobierno avocase la delegación que en la actualidad rige en favor de las autonomías y fuese él el que volviera a decretar la reclusión de los ciudadanos en sus casas. Seis de los siete magistrados que han impedido la enorme cacicada de Aragonés y de los partidos independentistas –con el asentimiento interesado e insensato de todos los demás, menos del PSC– son explícitos en las razones que justifican la procedencia de que se celebren los comicios en la fecha inicialmente determinada.

La suspensión electoral no está prevista en la normativa vigente y la celebración de comicios autonómicos en tiempo de pandemia sí se contempla en el actual real decreto de estado de alarma. Las vigentes medidas restrictivas no limitan desplazamientos para actividades esenciales. Y es esencial, precisamente, evitar la "provisionalidad institucional" y ejercer un derecho democrático igualmente básico: el de participación política (artículo 23 de la Constitución). Para entendernos: si en Cataluña se puede utilizar el transporte público, abrir los colegios, salir y entrar hasta el toque de queda, ¿qué razón habría para suspender las elecciones?

Cualquier actividad que implique movilidad conlleva riesgo, pero si no se ha decretado un confinamiento domiciliario que afecte al derecho fundamental de libertad de movimientos, la cita con las urnas tiene una prioridad definitiva sobre cualquier otra consideración –como en Estados Unidos, como en Italia, como en Francia, como en Portugal, incluso en el país vecino con confinamiento–, estableciéndose las medidas de seguridad específicamente recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (documento de 10 de diciembre) y los protocolos previstos por la propia Generalitat de los que este jueves informaba Antonio Fernández.

Pere Aragonés, con esta chapuza jurídica, hijastra del sectarismo político, ha culminado el desastre en la institucionalización de Cataluña que comenzó en 2012 irresponsablemente Artur Mas, auténtico progenitor del proceso soberanista. Casi una década ya de arbitrariedades, de ilegalidades, de deslealtades, de épica tramposa, de verdades alternativas, de populismo supremacista, de aventurerismo político y de destrucción de valor político, cívico, económico y reputacional de una Cataluña que ha sido tradicionalmente la vanguardia de todo lo contrario. Con esta decisión, de nuevo corregida por los jueces, del sustituto del vicario de Puigdemont, la Cataluña institucional –entregada al independentismo más agreste– toca el desastre.

Es meridiano que la suspensión electoral ha sido una medida arbitraria debida a la pulsión partidista para que el denominado "efecto Illa" no disminuyese las cuarteadas posibilidades de los partidos soberanistas y aplazase los temores de los partidos de la derecha. Al ministro de Sanidad se le puede combatir de todas las maneras que sean legítimas en política: reprochándole el ventajismo de ocupar el cargo siendo candidato; afeándole su gestión en la pandemia; cuestionando, incluso, si algunas de las medidas del Gobierno han estado inspiradas por el beneficio a su posición frente a los electores catalanes; y es muy pertinente preguntarse si evitar el confinamiento domiciliario se debe a un convencimiento gubernamental que tiene que ver con el 14-F, aunque personalmente tal hipótesis no me la permito porque afectaría a la más elemental probidad de los miembros del Gobierno.

Todo estaría permitido salvo manipular los sagrados derechos de los ciudadanos esgrimiendo una situación de crisis sanitaria que ya existía

Todo estaría permitido –dentro de los límites de lo democrático– salvo manipular los sagrados derechos de los ciudadanos esgrimiendo una situación de crisis sanitaria que ya existía –con previsión de agravamiento– cuando el 21 de diciembre se convocaron las elecciones, no por decisión de Aragonés, sino por mandato estatutario y conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Aducir, en fin, una alta abstención carece de relevancia porque en España el voto no es obligatorio. Esa es una variable fáctica –también la meteorología influye en la participación– que no tiene fuerza alguna de convicción jurídica.

Pudiera ser que la situación de la pandemia empeore y las circunstancias cambien, imponiéndose un confinamiento domiciliario con un nuevo estado de alarma. El Gobierno debe actuar con una fina conciencia moral y anteponer a sus intereses los derechos de los ciudadanos, entre ellos el de la protección de la salud. Pero si no hay reclusión de los ciudadanos en sus domicilios, la sentencia definitiva del Tribunal Superior catalán circulará por los raíles argumentales del auto de las medidas cautelares y las elecciones se celebrarán el 14 de febrero, evitándose así una catástrofe democrática a añadir a las que el soberanismo de corte sedicioso ya ha provocado en Cataluña. Mas (condenado por inhabilitación), Puigdemont (fugado de la justicia), Torra (condenado por inhabilitación y pendiente de otra sentencia por desobediencia) y Aragonés (desautorizado judicialmente por un comportamiento torticero) son los nombres que jalonan el desastre institucional catalán. Piense bien el PSOE, ahora en el Gobierno, si con esos aliados republicanos tan poco fiables, a los que se añade Unidas Podemos, se puede manejar ni uno solo de los asuntos de Estado que tan crucialmente son urgentes para España en esta coyuntura dramática.

Las elecciones de diciembre de 2017 fueron convocadas en Cataluña por el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, facultado para ello por la vigencia del artículo 155, cuya correcta aplicación avaló el Tribunal Constitucional. Las que pudieran celebrarse el próximo 14 de febrero las habrá convocado materialmente el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por la suspensión cautelar –y previsible sentencia anulatoria que se dictará el día 8 de febrero– del decreto de Pere Aragonés 1/2021 por el que las cancelaba 'sine die', porque el día 30 de mayo se planteaba en la disposición como una fecha tentativa.

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