En Moscú y en Galapagar, lazos amarillos

En plena campaña electoral en Cataluña, los líderes del proceso soberanista condenados por sedición en 2019 han recibido un mensaje moscovita que tiene su cara y su cruz. Por una parte —la cara—, quedaría demostrado que el 'ruido' de la sentencia del Supremo ha trascendido ampliamente el escenario nacional y de la Unión Europea y se ha instalado en centros de poder importantes el mensaje del secesionismo catalán.

Que haya tesis que defiendan que los políticos presos sean en realidad presos políticos, aunque quienes las sustenten sean dirigentes de regímenes autoritarios como el ruso, es una cierta victoria de la agitación y propaganda del independentismo. Que ya secundó —y ayer reiteró— Pablo Iglesias, en su doble condición de vicepresidente y secretario general de Podemos que, además, igualó la fuga de Puigdemont con la huida de los republicanos al exilio para eludir la represión franquista. Carmen Calvo estuvo al quite y le desautorizó.

La cruz del asunto para los dirigentes condenados consiste en que no es estimulante que sea el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el que defienda la tropelía penal del Kremlim con Alekséi Navalni, un disidente represaliado por Putin, con el argumento del 'y tú más' dirigido a España y la UE, como si la Justicia de aquel país pudiera ser meramente comparable con la española y la comunitaria. No lo es en absoluto, pero a la Unión Europea le está bien empleada la réplica del ruso a nuestro compatriota Josep Borrell —responsable de las relaciones exteriores de la UE—, porque las resoluciones de un Estado miembro como es Bélgica le dan la razón al colaborador de Putin.

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Han sido sus tribunales —y la Fiscalía de Bruselas, que se ha negado a agotar las instancias procesales posibles— los que han ofrecido a Lavrov un criterio de autoridad. Los jueces belgas (¿flamencos?) no remitieron a España al fugado exconsejero Lluís Puig aduciendo una cuestión de forma —la competencia del magistrado instructor para reclamar al huido—, y otra puramente especulativa según la cual no se respetaría en España su presunción de inocencia. Ningún argumento de fondo. Bélgica, por otra parte, ha acogido a etarras durante años y la extradición de uno de ellos —Natividad Jáuregui, alias 'Pepona', acusada por un asesinato en 1981— ha tardado casi 30 años en tramitarse y concederse.

Así que la Unión Europea fue a por lana a Moscú —exhibir su justa queja ante la arbitrariedad que ha sufrido Nalvalni— y salió trasquilada. Le ha bastado al ministro Lavrov ponerse en la solapa argumental el lazo amarillo para salvar con nota los reproches de los países más democráticos del continente. La hipocresía del responsable de Exteriores ruso no tiene límite, pero funciona. Rusia ha tomado la medida a la Unión Europea hace mucho tiempo: en 2014, se anexionó la ucraniana península de Crimea y, tras un referéndum por completo ilegal, la pertenencia de esa región estratégica al país que dirige Putin es ya irreversible.

Ni entonces la UE, pese a sus quejas, logró nada, ni ahora ha conseguido nada con sus requerimientos sobre Nalvani. Salvo, eso sí, cuestionar el espacio de cooperación judicial de la UE, que podría ser reformado en esta legislatura europea si se amplían los delitos incluidos en el acuerdo marco que regula ahora la euroorden y se establece una verdadera relación de confianza y lealtad entre los Estados miembros de la Unión como, a instancias de los europarlamentarios del PP, han pedido también los socialdemócratas y los liberales con la inevitable oposición de los independentismos, nacionalismos e izquierdismos varios.

En todo caso, importa subrayar que la sensación de arbitrariedad que acecha a la condena de los dirigentes catalanes la alimentan otros factores, además de las proclamas de Pablo Iglesias. Por ejemplo, ¿cómo puede explicarse en el exterior que el Gobierno tenga como socio en el Congreso al grupo parlamentario de un partido político presidido por uno de los condenados y cuya secretaria general se encuentra huida, Oriol Junqueras y Marta Rovira, respectivamente? Y ¿cómo se explica que si eran tan graves los delitos cometidos por nueve de esos dirigentes catalanes condenados estén ya en tercer grado desafiando el criterio del Supremo, que les denegó la semilibertad hace apenas 60 días?

La ministra de Exteriores y Cooperación, Arancha González Laya, estuvo rápida al replicar a Lavrov: aquí no hay presos políticos. Y lo estuvo la vicepresidenta Calvo este lunes. Cierto. No los hay, pero podría parecerlo, puesto que así lo afirma su compañero de Consejo de Ministros Pablo Iglesias, y se podría malentender también por algunas políticas gubernamentales que transaccionan con uno de los partidos que impulsaron la sedición que apreció la Sala Segunda del Tribunal Supremo en octubre de 2019. Por todo eso, que haya lazos amarillos en Moscú tiene una lógica casi inapelable porque, de hecho, los hay ya en Bruselas y en Galapagar. Esa batalla —la del 'relato' penal contra el secesionismo— podría haberse perdido como tantas otras. Y la responsabilidad no será solo de los aciertos del soberanismo sino, también, de los yerros de los que dicen oponérsele. Y a días del 14-F.

Por un periodismo responsable

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