El obsceno acoso al Poder Judicial

En el tercer informe sobre el Estado de derecho emitido hace solo unos días por la Unión Europea, se hacen varias recomendaciones al Reino de España. Una de ellas es sobre la necesidad de mejorar la autonomía del ministerio fiscal —recomendación ya desoída con el nombramiento del sucesor de Dolores Delgado— y otra dice, literalmente, lo siguiente:

“Proceder a la renovación del Consejo de la Judicatura con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta las normas europeas”.

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Esta recomendación no es nueva, sino reiterada. Y debe cumplirla el Congreso de los Diputados, órgano al que la Constitución (artículo 122. 2 y 3) encomienda la renovación del órgano de gobierno de los jueces —el Consejo General del Poder Judicial— cada cinco años mediante la elección de 20 vocales por una mayoría parlamentaria de 3/5 de los votos.

Esta mayoría cualificada implica que el PSOE y el PP se tienen que poner de acuerdo y renovar conforme a la actual Ley del Poder Judicial de 1985 y, acto seguido, presentar su reforma para que sean directamente los jueces y magistrados los que elijan a un número significativo de los 20 vocales de los que saldrá el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, siguiendo así los estándares europeos.

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El PSOE y Unidas Podemos se niegan a aceptar la recomendación de la Unión Europea porque no quieren que los jueces y magistrados —colectivos supuestamente conservadores— elijan directamente al menos a la mitad de los vocales del Consejo. Y el PP no acepta la renovación de los mandatos sin un compromiso inequívoco y documentado para cambiar la ley en el sentido de la recomendación de la Unión Europea.

En todo caso, unos y otros son responsables de que el Consejo actual haya superado en más de tres años los cinco de su mandato inicial. Y el Congreso, especialmente el Gobierno de Sánchez, es el culpable institucional de tratar de forzar a una negociación a los populares 'manoseando' la normativa reguladora del Consejo General del Poder Judicial. Llegó a plantearse gubernamentalizar ese órgano, alterando la mayoría legal para su elección, la absoluta en vez de la de 3/5. El dislate, afortunadamente, no prosperó.

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En marzo de 2021, el Congreso, con la mayoría de la investidura, dejó en funciones al órgano de gobierno de los jueces, restringiendo al mínimo sus facultades mediante la adición a su ley orgánica de un nuevo artículo (570 bis) y determinando que, superado el mandato de cinco años, el organismo quedaba “en funciones”. La Constitución no prevé semejante situación y ese nuevo precepto de la ley orgánica del Poder Judicial está recurrido muy justificadamente ante el Constitucional. La arbitraria situación en que se ha dejado al Consejo está haciendo un daño inmenso a la Administración de Justicia, cuyos puestos más importantes no pueden proveerse.

Pero, como ya es habitual en la deficiente técnica legislativa del Gobierno, no se reparó en que al paralizarse la capacidad de proponer nombramientos por el Consejo General del Poder Judicial se bloqueaba también la renovación del Constitucional que tocaba el pasado mes de junio: cuatro magistrados deben ser propuestos, dos por el Gobierno y dos por el órgano de gobierno de los jueces. Y los nombramientos deben ser conjuntos, porque los magistrados del TC son 12 y se renuevan por tercios por mandato constitucional.

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Ante esta circunstancia, el Gobierno acaba de enmendarse a sí mismo y ha aprobado una segunda modificación del artículo 570 bis para que el Consejo sí pueda nombrar magistrados del Constitucional haciéndolo en el plazo de tres meses. En todo lo demás, sigue 'en funciones'. Por supuesto, al Gobierno no le importa que el Consejo, desde marzo del pasado año, no pueda proponer el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo (19 puestos vacantes), presidentes de tribunales superiores y de audiencias provinciales. Solo le exige que proponga en 12 semanas el nombre de dos magistrados del TC para poder él proponer los suyos y, alterando la correlación entre progresistas y conservadores, controlar el órgano de garantías constitucionales. Las vacantes en el Supremo y en otras instancias jurisdiccionales parece que no le conciernen a nadie. Ni a la ministra de Justicia, Pilar Llop, cuya gestión está siendo especialmente perniciosa.

Lo que está haciendo el Congreso de los Diputados, y el Gobierno a través de sus grupos parlamentarios y aliados, es acosar inconstitucionalmente al órgano que representa el Poder Judicial, uno de los tres del Estado. Si la Constitución hubiese querido que el Consejo estuviera en funciones una vez vencido el mandato de los cinco años de sus vocales, lo hubiera explicitado.

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Es una arbitrariedad que el legislativo sea intrusivo sobre el Poder Judicial hasta marcándole los plazos en que debe tomar una decisión e imponiendo tal obligación mediante una ley orgánica tramitada por el procedimiento de urgencia. A matacaballo. Realmente escandaloso.

Las relaciones entre los tres poderes del Estado —ejecutivo, legislativo y judicial— deben ajustarse a los conceptos de relación paritaria y no de “infra ordenación o subordinación”, como bien han señalado numerosos constitucionalistas (*).

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Eso es lo que está sucediendo en España: el acoso al Poder Judicial altera la forma de gobierno porque el Congreso está dictando unas leyes invasivas para con la independencia de su órgano de gobierno mientras los grupos parlamentarios no cumplen su obligación de renovarlo.

Solo el TC podría liberar al Consejo General del Poder Judicial de su triste condición de rehén del poder legislativo, inepto técnicamente e impotente políticamente. Cabe la posibilidad de que los vocales judiciales, tratados de manera indigna y preteridos por el ejecutivo y el legislativo, se planten y eviten una operación política sectaria, como es la que encierra la imposición de proponer magistrados del TC antes del 13 de septiembre pero no poder nombrar a cargos judiciales de capital importancia. Y si esta situación se prolonga, no es descartable en absoluto que el TC dicte sentencia en octubre o noviembre sobre la constitucionalidad de las maniobras gubernamentales sobre el órgano de gobierno de los jueces mediante dos leyes arbitrarias que responden solo a criterios de poder.

(*) Entre ellos, uno de los más respetados de Europa, el portugués Gomes Canotilho, autor de una obra de referencia continental: 'Derecho Constitucional y teoría de la Constitución'.