Los profesionales de RTVE y el informe infame de los comisarios políticos

La única razón para el optimismo en la radio y televisión públicas es que sus profesionales no permitirán que se imponga la limpieza ideológica que sugieren, por una parte, la renuncia del presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero, y, por otro, las invectivas del exvicepresidente, Pablo Iglesias, —secundado por Carmen Calvo— lanzadas desde su programa —"La base"— y en la cadena SER y rebatidas con acierto por el director del programa 'Hora 25', Aimar Bretos.

Iglesias se basó en un infame informe elaborado el pasado 17 de junio por dos consejeros próximos a Unidas Podemos bajo el título "Estudio pluralismo tertulianos CRTVE", publicado el miércoles por 'The objetive', aunque previamente conocido y circulado tanto en RNE como en TVE. Ese informe, propio de la extinta brigada político social, más que escrutar a los colaboradores de la radio y la televisión publicas y sus tendencias ideológicas, tiene un valor superior: alerta sobre la catadura cívica y democrática de sus autores y de quienes les encargaron el escrutinio.

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Su conclusión principal es que RTVE no cumple con su obligación de servicios público, que apuesta por tertulianos de sesgo antigubernamental, especialmente críticos con Unidas Podemos y con los partidos independentistas. La cuestión es si este informe ha servido —o son otras las causas— para inducir al anterior presidente de la Corporación a presentar su dimisión, un cargo de designación parlamentaria. Félix Bolaños pareció desmarcarse en el Congreso de ese texto, pero cabe la duda de que haya contribuido a desestabilizar al presidente dimitido de la Corporación.

La ley de 2006 que regula la radio y televisión públicas consagra en su artículo 24 los Consejos Informativos, que define, y a los que atribuye, las siguientes funciones:

"Los Consejos de Informativos son los órganos internos de participación de los profesionales de la información de la Corporación RTVE para velar por su independencia y la objetividad y veracidad de los contenidos informativos difundidos por las sociedades prestadoras del servicio público correspondiente.

2. Son funciones de los Consejos de Informativos:

a) Velar por la independencia de los profesionales de la información ante la dirección de cada sociedad.

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b) Promover la independencia editorial de la Corporación RTVE, de acuerdo con lo previsto en la legislación general audiovisual y en esta Ley en lo referido a sus funciones de servicio público.

c) Informar sobre la línea editorial y la programación informativa, así como participar en la elaboración de los libros de estilo.

d) Informar con carácter no vinculante las propuestas de nombramiento de los directores de los servicios informativos de las sociedades de la Corporación RTVE prestadoras del servicio público de radio y televisión".

Los profesionales de los medios de comunicación de titularidad estatal han demostrado —ahora, con este Gobierno y, antes, con otros de distinto signo— que el poder político no les gana el pulso. O, al menos, no siempre lo hace. Son profesionales de la información altamente cualificados —los que pertenecen a su plantilla, específicamente— y conscientes de su responsabilidad ante la sociedad española. El jueves, los tres Consejos Informativos afearon al Gobierno el cambio 'manu militari' de los Estatutos de la Corporación para otorgar plenos poderes a la nueva presidenta interina, Elena Sánchez. Lo que procedía era, efectivamente, abrir el procedimiento para la designación parlamentaria del máximo responsable de la entidad.

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La presidenta provisional de RTVE es una veterana profesional de la Corporación que, al margen de sus simpatías, no parece vaya a atreverse a limpiezas ideológicas de colaboradores en los programas de actualidad política, ni a relevar a los profesionales que los dirigen. Elena Sánchez corre el riesgo —en el que cayó su antecesor— de transigir con la externalización de programas estratégicos de carácter informativo y con fichajes estrellas. Este suele ser un procedimiento elusivo frente a los profesionales del ente y a las obligaciones deontológicas que asume la programación pública. La capacidad de producción propia de RTVE es, naturalmente limitada, pero el área informativa debe estar exenta de contrataciones a productoras externas que, además de, frecuentemente, sustraerse a los criterios que establece la ley, disponen de un insoportable perfume clientelar. No faltan en este ámbito profesionales propios con los atributos necesarios para conducir la programación informativa lo que debiera evitar esos excéntricos fichajes externos. Entre otras razones porque la Corporación está financiada por los presupuestos del Estado. Y no son tiempos de dispendio.

No hay Gobierno bueno para la RTVE en nuestro país. El mejor momento —allá por los comienzos del mandato de Rodríguez Zapatero— se frustró con la alteración de la financiación de TVE a la que se privó de ingresos publicitarios en beneficio del lobby de las televisiones privadas. Tampoco el PP puede sacar pecho en este asunto: sus comportamientos al respecto han sido iguales que los del PSOE y, en determinados episodios históricos de España, aún peores.

Opinión

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Iglesias, Podemos y acaso la Moncloa quisieran que las voces periodísticas en los programas informativos de RTVE española respondiesen a las mayorías parlamentarias y que los profesionales del ente fuesen dóciles funcionarios. Tales pretensiones son un auténtico disparate y lo son por partida doble: primero, porque supone una clasificación cuasi policial de la ideología personal de cada uno de los profesionales y colaboradores, entre los que me cuento pero entre los que podría dejar de contarme en breve, y, segundo, porque el rigor y la pluralidad informativos no los pesa y mide una mayoría parlamentaria, ni la conveniencia de un partido político, ni los parámetros de lo "políticamente correcto".

Los valores a los que debe responder la radio y televisión públicas siempre son exigibles. Pero mucho más lo son en períodos como el actual. Tiempos de polarización y, además, preelectorales. El comportamiento del Gobierno reclamando la renuncia de Pérez Tornero (medios hay que suponen que su nombramiento fue un "gol del PP") es inquietante. La garantía, son los profesionales de estos medios públicos a los que se les descalifica con una ligereza sectaria, empezando por los autores del informe inquisitorial del pasado mes de junio que se han comportado como auténticos comisarios políticos: José Luis Martín Medem y Roberto Lakidain. Algo tendrá que decir al respecto Elena Sánchez y el Consejo de Administración. ¿O no?