Así se va Ferrovial de la España populista de Pedro Sánchez

Ferrovial ha tomado la decisión de realizar una fusión inversa (consiste en que la sociedad absorbida es titular de forma directa o indirecta de las acciones o participaciones de la sociedad absorbente) con su filial holandesa y trasladar su sede a los Países Bajos, cotizar en las bolsas de Ámsterdam y Nueva York y beneficiarse de un marco normativo que proporciona una robusta seguridad jurídica y una economía financiera solvente con triple A, según las agencias de calificación. El hecho de que la mayoría de sus activos se encuentren fuera de España ha sido parte de un argumentario que no oculta otra realidad: nuestro país no reúne para las grandes empresas multinacionales las mejores condiciones para su desarrollo, porque se ha producido una hostilidad ambiental hacia su rol social y se han adoptado unas medidas confiscatorias por una vía alternativa a la fiscal mediante los gravámenes patrimoniales previstos en el artículo 31.3 de la Constitución. En definitiva, y como adujo en su momento el presidente de la compañía, nuestro país no es atractivo para determinadas inversiones. Al mismo tiempo, el portavoz de TCI, el primer inversor extranjero en Ferrovial, declaró que su traslado "es muy bueno para la empresa y para España".

Además, razones de carácter fiscal sobre los dividendos y la futura transposición de la Directiva Europea Pilar II sobre el nivel de tributación mínimo global para los grandes grupos multinacionales que se aplicará en 2024 —que se supone más dura en España que en Holanda— han terminado por convencer a los gestores de Ferrovial de trasladar la sede a los Países Bajos. A mayor abundamiento, la posibilidad que ofrece Holanda para la cotización dual de la acción y en Estados Unidos ha hecho que el traslado disponga de ventajas competitivas que el Gobierno de Mark Rutte ha ido configurando desde hace años.

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Se confirma así que Nadia Calviño —que era la esperanza blanca del empresariado— no ha respondido a las expectativas que suscitó su nombramiento y se está empleando a fondo contra la decisión de Ferrovial. Ya se comentó por Nacho Cardero la podemización de la vicepresidenta (6 de febrero pasado) y en este blog se manejó la evidencia de que la ministra de Economía y Transformación Digital había sido devorada por el efecto Pigmalión de Sánchez (21 de febrero pasado). No debería lamentarse de lo que ella misma y su Gobierno han propiciado. Porque —no nos engañemos— el Ejecutivo ha cometido dos errores garrafales.

Por una parte —y esto quizá sea lo más grave— ha elaborado un discurso hostil hacia el empresariado. Lo inició el propio Pedro Sánchez, farfullando sobre poderes ocultos de los cenáculos madrileños con señores con puro, en clara referencia a empresarios como Botín (Santander), Sánchez Galán (Iberdrola) o María Dolores Dancausa (Bankinter), a los que puso como ejemplo de que sus críticas garantizaban las bondades de sus políticas económicas y fiscales. Le siguieron en la descalificación las ministras de Podemos, que tildaron a Juan Roig, propietario de Mercadona, de "capitalista despiadado", al tiempo que arremetían contra Amancio Ortega (Inditex), y casi todos los miembros del Consejo de Ministros se escandalizaban a coro de los beneficios obtenidos por las grandes compañías del Ibex que, casi sin excepciones, operan en mercados internacionales.

Por otra parte, el Gobierno ha perpetrado una arbitrariedad con los gravámenes patrimoniales no tributarios a la banca y las energéticas para recebar los gestos de carácter populista a costa de grandes compañías que debieron disponer de un marco fiscal renovado y permanente y no ser víctimas de decisiones recaudatorias improvisadas y arbitrarias. Si hasta el momento esos sectores son los afectados por las medidas gubernamentales, ¿qué razón existe para pensar que no les seguirán otros, como el de las empresas gestoras de grandes infraestructuras, la industria farmacéutica o la de distribución? Esas leyes que exigen aportaciones patrimoniales se han denominado —ahora se ve que certeramente— leyes de desconexión con el empresariado español en una reformulación, salvando las distancias, de aquellas que en octubre de 2017 provocaron el traslado masivo de sedes empresariales fuera de Cataluña, a la que no han regresado. Delatan inseguridad jurídica.

España está sumida en políticas gubernamentales dominadas por un proceso populista que exige de continuo decisiones lesivas para determinados sectores, entre ellos y singularmente, el empresarial. Ahí está el proceso inquisitorial a las grandes distribuidoras por el incremento de los precios de los alimentos básicos, que se debe al proceso inflacionista, que ha vuelto a repuntar pese a los pronósticos de que no lo haría. Desde determinados ministerios, se lanzan veredictos inapelables contra las empresas para así desviar las responsabilidades de las fallidas políticas gubernamentales, además de por el contexto internacional. Por lo tanto, a nadie puede extrañar que decisiones como la de Ferrovial no sean singulares. Síntomas existen de lo contrario: hay empresas que presentan ya resultados fuera de España como gesto inequívoco de distanciamiento.

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Pedro Sánchez mantuvo una posición inteligente en los primeros años de la legislatura porque entendió que una relación exigente, pero amigable con las empresas era la mejor de las políticas para España. Sus reuniones inaugurales de los cursos políticos con un auditorio empresarial, sin embargo, han cesado por incompatibilidad política con el propósito del lema “el Gobierno de la gente”. Si se siembran vientos, se recogen tempestades. Y arremeter contra Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, no solo no es inteligente, sino que es extremadamente torpe y quizá pretende que la bronca de Calviño disuada a otros ejecutivos que mascullan la misma idea de migrar de nuestro país. No solo no los disuadirá, sino que incentivará los traslados de sede. Y esta crítica acerba de Calviño demuestra que ni siquiera se enteró de la operación que preparaba desde hace meses Ferrovial.

Por otra parte, la gestora de infraestructuras no dejará de invertir en España, mantendrá el empleo y seguirá con las actividades de su ejemplar fundación, cuyo impulsor, el fallecido padre del actual presidente de la compañía, presentó en 2001 en los siguientes términos:

“El objetivo de la Fundación Rafael del Pino es contribuir a la mejora de los conocimientos de los dirigentes de la España del futuro, al impulso de la iniciativa individual y al fomento de los principios de libre mercado y libertad de empresa. Nuestros dirigentes han demostrado durante muchos años que con tenacidad y esfuerzo pueden alcanzarse lugares de excelencia en todos los campos del saber y de la actividad profesional y empresarial. Por ello, creo que merece la pena dedicar nuestro esfuerzo para que tanto los dirigentes españoles de hoy como los del futuro puedan desarrollar con todo éxito sus capacidades en un mundo progresivamente globalizado en el que la competitividad es una referencia fundamental”.

“La fundación no circunscribe el concepto de dirigente al mundo empresarial. La noción de dirigente debe referirse a un amplio abanico de actividades relacionadas con distintos campos del saber, entre los que destaco los siguientes: la economía y la empresa, el derecho y la justicia, los medios de comunicación, la política y la gestión pública, las relaciones internacionales y la enseñanza. Nuestro patrimonio histórico y cultural es importante. Por ello, la fundación también desea promover el conocimiento de la historia, contribuir a la defensa del patrimonio cultural hispánico y favorecer la creciente importancia de la lengua española como vehículo de comunicación en el mundo”.

“He creado la Fundación Rafael del Pino para devolver a la sociedad española parte de lo que esta misma sociedad me ha dado a lo largo de mi vida personal y profesional. Ha sido mi deseo que la fundación sea independiente y cuente con una larga vida. Para ello cuento con el compromiso de mi familia [María Del Pino es la actual presidenta de la fundación]. Durante mi dilatada actividad empresarial he aprendido que las instituciones, como ocurre con los edificios o las carreteras, se construyen paso a paso, con cierta prisa y, sobre todo, sin interrupciones. Los objetivos deben alcanzarse también con deseo de excelencia. Espero que la fundación los persiga con el espíritu de esfuerzo que ha animado a todos mis colaboradores durante más de 50 años de vida profesional”.