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La patria y el Gobierno (a propósito de Ferrovial)
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José Antonio Zarzalejos

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La patria y el Gobierno (a propósito de Ferrovial)

La patria a la que apelan los socialistas y los morados no es sujeto de compromisos internacionales. Lo es el Estado como estructura jurídica de la nación. Y el Estado español está vinculado a los Tratados de la Unión Europea que avalan a Ferrovial

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. (EFE/Chema Moya)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. (EFE/Chema Moya)
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La respuesta del presidente del Gobierno, de la vicepresidenta primera y de otros ministros al traslado de la sede de Ferrovial a los Países Bajos se ha basado en la supuesta traición de esta compañía a la patria (no a la nación, no al Estado). Desde el punto de vista semántico, la Constitución se refiere a la nación española como “patria común e indivisible de todos los españoles” (artículo 2º) y la propia Constitución se fundamente en su indivisibilidad. Es aparentemente pintoresco, o llamativo, o directamente engañoso, que el Gobierno aluda a la patria para reprobar una decisión empresarial. Tiene carga ideológica y táctica emplear ese término. Hasta el momento, el concepto patriótico, con un sentido revolucionario, lo ha utilizado Podemos, despojándolo de cualquier significación constitucional. Ahora, los socialistas de Sánchez y los morados de Iglesias convergen en reivindicar la patria, pero eludiendo la mención a la nación y al Estado, porque ambos, al alimón, son los titulares de compromisos internacionales vinculantes. La patria no es sujeto jurídico de ninguno de ellos.

Tiene lógica que este socialismo y la extrema izquierda se refieran a la patria. La gran frase “Patria o muerte” es de Fidel Castro (5 de marzo de 1960) y en la letra del himno francés —tributario de la Revolución de 1789— su primera estrofa proclama: “¡En marcha, hijos de la patria, el día de gloria ha llegado!”. En nuestra primera Constitución propiamente dicha, la de Cádiz de 19 de marzo de 1812, el artículo primero se refiere de forma constante y reiterada a la nación española, no a la patria. En el artículo 1º de la Constitución de la II República, no se mencionaban ni patria ni nación. Se decía que “España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia”. El proyecto de Constitución federal de 17 de julio de 1873 —nunca aprobado— de la I República establecía en su primer artículo que “componen la nación española los estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas”. Tampoco utilizaba el concepto de patria.

Foto: Pedro Sánchez y Sanna Marin. (EFE/Kimmo Brandt)

Sin llegar al exceso de Oscar Wilde, según el cual “el patriotismo es la virtud de los depravados”, la historia política acredita que la noción de la patria es anterior al jurídico-constitucional de la nación y, además, resulta un concepto multívoco que sirve de soporte a discursos ambiguos como el del Gobierno por el traslado de sede de Ferrovial o de Podemos en la épica oratoria de sus mítines. Patria es un placebo demagógico. Es un concepto abstracto que solo alcanza certidumbre política y jurídica cuando se reconduce a la existencia del Estado-nación como sujeto político y soberano en el concierto internacional. El Gobierno de Sánchez, apoyado por independentistas vascos y catalanes y por un Podemos “plurinacional” (aquí sí se emplea el término para contradecir el que plasma la Constitución), debe ir recogiendo velas si quiere que las elecciones no sean para el PSOE y Unidas Podemos (¿o Sumar?) tan desalentadoras como predicen las encuestas. El patriotismo es un último recurso para recuperar posiciones perdidas a manos de los separatismos. Pero la cuestión es clara: patria es un término coloquial y multiusos, y nación es un constructo jurídico constitucional que atrapa la soberanía en el que se fundamentan el Estado moderno y las democracias liberales y que es sujeto de obligaciones y derechos internacionales. La patria no lo es.

Foto: El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. (Reuters/Paul Hanna)

Las constituciones no consagran la patria, sino la nación y el Estado. No lo hacen ni los sistemas centralistas ni los federales. La Constitución norteamericana de 1787 comienza con este breve preámbulo: “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América”. Y la alemana, igualmente federal, ni se cuestiona la nación, a tal punto que en su artículo 20 —capítulo II, sobre la “Federación y los estados regionales”— consagra el derecho de sus nacionales a la “resistencia” frente a quienes quieran alterar el orden constitucional.

Patria sin nación política y, por tanto, sin Estado no es nada de nada, es una falacia semántica

El Gobierno se ha refugiado en la patria no en la nación ni en el Estado— para dar gato por liebre en su discurso tremendista sobre la decisión de Ferrovial. Patria sin nación política y, por tanto, sin Estado no es nada de nada, es una falacia semántica que enlaza con lo revolucionario más anacrónico y, en este caso, con el neolenguaje político en España. Si de verdad ese patriotismo fuese nacional —que es el que consagra la Constitución—, la coalición que dice dirigir España no se hubiera constituido nunca. Porque ha sido y está siendo desnacionalizadora. El patriotismo de confrontación tiene mala prensa, como demuestra el bolivariano de los autócratas y dictadores en América Latina. Por eso se ha dicho que el patriotismo es el “último refugio de los canallas”.

La respuesta del presidente del Gobierno, de la vicepresidenta primera y de otros ministros al traslado de la sede de Ferrovial a los Países Bajos se ha basado en la supuesta traición de esta compañía a la patria (no a la nación, no al Estado). Desde el punto de vista semántico, la Constitución se refiere a la nación española como “patria común e indivisible de todos los españoles” (artículo 2º) y la propia Constitución se fundamente en su indivisibilidad. Es aparentemente pintoresco, o llamativo, o directamente engañoso, que el Gobierno aluda a la patria para reprobar una decisión empresarial. Tiene carga ideológica y táctica emplear ese término. Hasta el momento, el concepto patriótico, con un sentido revolucionario, lo ha utilizado Podemos, despojándolo de cualquier significación constitucional. Ahora, los socialistas de Sánchez y los morados de Iglesias convergen en reivindicar la patria, pero eludiendo la mención a la nación y al Estado, porque ambos, al alimón, son los titulares de compromisos internacionales vinculantes. La patria no es sujeto jurídico de ninguno de ellos.

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