Pactar para ganar, un reto para el PP y un peligro para Sánchez

La dinámica de enfrentamiento y polarización en el ámbito político y mediático no se corresponde con la que se registra en la sociedad española. Incluso, la ciudadanía desdeña esta pelea de goyescos garrotazos entre los dirigentes políticos. La capacidad de pactar, de serenar, de explicar y de convencer tiene un rendimiento electoral que, quizá silente en las encuestas, constituye, sin margen para el error, un activo político. Pactar entre diferentes, pactar entre la oposición y el Gobierno, es una referencia de buena conducta democrática si esos acuerdos redundan de forma objetiva en la solución de problemas a la vista del común de los mortales.

Es una buena noticia para la sociedad española y para la derecha democrática que el grupo parlamentario del PP apoye con su voto hoy en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual —la del solo sí es sí— para evitar que se sigan beneficiando de esa norma disparatada los delincuentes sexuales. Casi 1.000 han visto reducidas sus penas y más de un centenar, además, han sido excarcelados. Y todavía esa macabra cuenta no se ha cerrado. De modo que hace bien el Partido Popular en ayudar al PSOE y al propio Sánchez para que esa ley no siga escupiendo a la dignidad de los ciudadanos de este país y, en particular, a las víctimas de las agresiones sexuales.

Sánchez pidió perdón el pasado domingo en una entrevista en El Correo y en El Diario Vasco a los afectados por ese despropósito normativo. Bien está. Pero mejor que lo haga también en el Congreso y sea consecuente. La ley no es solo de Montero y Belarra. La ley es el texto que como proyecto envió al Parlamento el Consejo de Ministros. El desaguisado, solo atribuible a la soberbia del Ejecutivo de coalición, lo va a enmendar la colaboración del PP. Una colaboración que eleva el nivel de la política de confrontación y la hace cooperadora en beneficio de la sociedad. Retrata a los que respaldan una solución y a aquellos que persisten en el error. Núñez Feijóo podrá argumentar que la utilidad de su oposición consiste también en enmendar los yerros del Gobierno. Más aún cuando esta ley del solo sí es sí era uno de los hitos progresistas de la coalición gobernante.

Para Pedro Sánchez, el apoyo popular a la reforma de la ley que él bendijo desde la Moncloa tiene que ser un episodio difícilmente compatible con su desdén y altanería. Le pone nervioso y le contradice tener que contar con el PP. Le desarbola el despliegue mitinero de determinados argumentos contra la oposición. Pero no basta este acuerdo. El PP ha de tener en cuenta que sigue sin aprobar una asignatura pendiente: renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo exige la Constitución, que mandata a los grupos parlamentarios la renovación cada cinco años del órgano de gobierno de los jueces (el actual lleva más de cuatro años en prórroga); lo exige también la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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Se trata de un pacto de Estado imprescindible. Los bienes superiores que se protegen con ese acuerdo son la integridad institucional y el derecho de los propios ciudadanos a que la Administración de la Justicia mantenga su debido funcionamiento. La negativa del PP a abrirse a esa renovación constituye una enorme trampa para el partido y sitúa la Constitución allí donde los destituyentes quieren que esté: en la falta de compromiso de los que dicen protegerla.

Más de 80 cargos judiciales —en el Supremo y en los tribunales superiores— están sin cubrir porque el Gobierno impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cercenar las facultades esenciales del Consejo y así forzar una negociación con el PP. La medida no fue eficiente a esos efectos y es, probablemente, inconstitucional, aunque Cándido Conde-Pumpido se encargará de que no lo sea al resolver su impugnación en el TC. Lo cierto es que la Justicia puede colapsar y esa es una probabilidad gravísima.

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El PP tiene que cumplir con su deber. Y como se ha escrito, “ante el dios del deber, nadie puede declararse ateo”. Es un deber constitucional que el CGPJ se renueve, lo haga conforme a la ley orgánica actual (sin perjuicio de cambiarla) y se restablezca la normalidad en los tribunales. Si para que se culmine el acuerdo los populares tienen que dejarse pelos en la gatera, no debiera importarles. Incluso si no hay compromiso por el Gobierno y el PSOE de reformar la normativa electiva actual de los 20 vocales según los criterios de la Unión Europea. La decisión de la derecha democrática española ha de ser coherente con su proclamada adhesión a la Constitución. La coherencia cosecha votos; la renuncia a la tozudez transmite credibilidad; el cumplimiento del deber es un mensaje de madurez y de rigor que los ciudadanos saben valorar.

Quizás ahora, en los prolegómenos del 28-M, no es el momento de entablar negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero lo será en junio, antes de que España asuma la presidencia rotatoria de la UE y antes también de que la XV legislatura, la próxima, herede lo que podría constituir enorme e insoluble problema. El acuerdo, el pacto, se ha vuelto peligroso para Pedro Sánchez y para su proyecto radical. El PP así, hoy, cumple como debe su papel de oposición responsable. Y, de inmediato, debe también hacerlo en la preservación de la integridad constitucional.

La política, la buena, se enhebra de acuerdos y desacuerdos, pero debe disponer de un espacio exento que es ese imprescindible en el que la Constitución y las instituciones que regula quedan resguardadas de la agresión confrontativa. Pactar para ganar —eligiendo lo que se pacta y sabiendo lo que se quiere ganar— es una fórmula de seguro éxito en una democracia sana.