La mayor falsedad política de la legislatura

Se puede decir más alto, pero no más claro. El catedrático de Derecho Constitucional, una referencia inesquivable en su especialidad, Eloy García valoró así el proyecto de ley de vivienda el pasado día 20 de abril en El Confidencial: “El ejemplo perfecto de una ley volitiva es la ley de la vivienda. Como no existe marco constitucional competencial que la soporte (artículo 148.3 de la CE), es una desiderata que solo admite el nomen ley porque así lo dice su envoltura. Por no tener, carece hasta de programa normativo en términos de Müller. Tanto es así que quienes se le oponen ni siquiera van a tener que molestarse en derogarla, porque no es nada. Normativamente hablando, es un acto de Onán (el hijo de Judá del que habla el Génesis) y nunca producirá un fruto. Salvo, claro está, que lo dispongan, a través de su propia normativa, las comunidades autónomas, constitucionalmente, las únicas competentes en la materia. Si de verdad el Gobierno hubiera querido conferirle carácter normativo y no volitivo, habría acudido a las leyes marco del artículo 150 de la CE”.

Las llamadas leyes volitivas se remiten a un voluntarismo intencionadamente estéril. La inundación de promesas, proyectos, inversiones y florituras varias del presidente del Gobierno sobre la vivienda en España constituye en su conjunto un argumentario reprobable por netamente falso. En lo que toca a la ley y a los topes de alquiler, el Ejecutivo pretende que el derecho a una vivienda “digna y adecuada”, como establece el artículo 47 de la Constitución, se convierta en una prestación a costa del derecho de propiedad que reconoce en un artículo anterior la misma Constitución (el 33).

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En favor de tal medida no se puede argüir la función social de tal derecho, porque los arrendadores son expoliados, y no expropiados mediante justiprecio, de los beneficios connaturales a la posesión de un inmueble del que pueden extraer legítimos beneficios mediante contratos que se configuran al amparo de la libre autonomía de las partes en tanto respeten los criterios que establece al respecto el Código Civil, una facultad que este proyecto se lleva por delante. La laxitud con la ocupación ilegal de viviendas acentúa el decaimiento del derecho a la propiedad. Darían para otro análisis las limitaciones de uso del suelo debidas a los planes urbanísticos, la protección del ecosistema y la salvaguardia de las costas.

De otra parte, y en el orden económico, los expertos ya han advertido del efecto constrictivo en el mercado de alquiler si se topan las rentas y se desindexan del IPC sin haber establecido otro índice futuro para el cálculo de los razonables incrementos de pago por los inquilinos. Añádase a ello que la competencia para aplicar esta norma corresponde a las comunidades autónomas, que tanto la pueden desconocer como impugnar ante el Tribunal Constitucional. La consecuencia es que el proyecto es un brindis al sol, pero cubre un espacio argumental preelectoral y rellena de conspicuas promesas los mítines de la campaña.

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El derecho que plasma la Constitución en el artículo 47 —derecho a una vivienda digna y adecuada— debe hacerlo posible el Estado a través de los tres niveles de la Administración: la local, la autonómica y la central. Y debe hacerlo, no mediante la confiscación de los derechos de los propietarios, sino a través de inversión pública en viviendas sociales y con ayudas directas a los jóvenes y familias vulnerables, que son los segmentos sociales más duramente castigados por el desamparo habitacional.

Esas medidas no se implementan al borde del final de la legislatura, sino en su principio, y no es posible tomarse en serio la improvisación del presidente que anuncia lo que ya estaba notificado: el empleo del parque de suelo y viviendas de la Sareb, que es, en gran medida, ineficaz por localización, estado y disponibilidad, y la aplicación de 4.000 millones de los fondos europeos para poner en el mercado (¿cuándo?, ¿dónde?) hasta 93.000 imaginarias viviendas es como sacarse un conejo de la chistera. El último triple de Sánchez se produjo el pasado martes en el Senado: el Estado construirá 20.000 viviendas en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa a través de la Sociedad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), organismo adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, denominación del departamento del que se ha caído la vivienda, de la que se ocupa una dirección general dependiente de una de las tres secretarías generales del ministerio. O sea, rango administrativo y político menor para tema de importancia capital.

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Este de la vivienda —previsto en el programa de la coalición— es asunto capital que debió abordarse con una total prioridad. Debió, en fin, ponerse en marcha cuando así lo anunció José Luis Ábalos, primero ministro de Fomento (2018-2020) y luego de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2020-2021). Desde entonces a hoy, han mediado más de una docena de medidas, todas ellas incumplidas. Ahora no solo es tarde, sino que resulta esperpéntico que el proyecto normativo lo hayan presentado como suyo ERC y Bildu y que el presidente del Gobierno y la ministra del ramo, Raquel Sánchez, hayan arropado el anuncio con una catarata de promesas hechas a voleo.

El presidente Sánchez ha entrado en una fase de naufragio de su ya maltrecha credibilidad y necesita material discursivo que supere el problema de la informal ruptura de coalición, la pésima impresión de sus pactos con los independentistas vascos y catalanes, la motorización legislativa mediante decretos leyes que ha arrinconado al Congreso, la errática política exterior en aspectos varios —Marruecos especialmente, pero no solo—, y sobre todo necesita con urgencia rehabilitarse a sí mismo, porque es su proyección política la que lastra más las posibilidades de su partido en las elecciones del 28-M y las generales cuando se convoquen. Esos propósitos, sin embargo, no se logran aumentando la apuesta con expectativas —en este caso, sobre la vivienda— que solo son ejecutable a largo plazo y que se plantean en un momento terminal de la legislatura sin concreción alguna, lo que les priva de la más mínima verosimilitud.