Indra y las elecciones, contra la conspiranoia

La libertad de expresión, derecho madre de nuestro sistema constitucional, se desenvuelve en un perímetro amplísimo delimitado por los derechos ajenos (honor, imagen, intimidad) y por la veracidad. Esta última apela a la conciencia democrática de una sociedad que tiene derecho a disponer de información verificada y de calidad. En ese contexto, alentar sospechas sobre la transparencia, garantías y controles del cómputo electoral, además de debilitar la confianza institucional, implica, al menos en nuestro caso, una gravísima falsedad.

Con escaso éxito, pero quizá creciente, se está tratando de arrojar sobre Indra, compañía participada por la SEPI, sombras de duda basadas en factores circunstanciales que no las autorizan en absoluto (la estructura de su capital societario y la presidencia de la empresa). Indra es una mercantil tecnológica española que destaca en aspectos de seguridad y defensa, pero que, además, desde 1979, salvo en unas generales y en otras municipales, y con gobiernos de distinto signo ideológico, se ha adjudicado los acuerdos marco con el Ministerio del Interior para dar soporte informático al cómputo electoral. Cómo procede y cuáles son las garantías que ofrece se explicita en los documentos adjuntos a los que ha tenido acceso El Confidencial, uno sobre el “recuento electoral” y otro sobre “el sistema electoral en España”.

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La compañía es un referente de fiabilidad no solo en España. Ha dado soporte a más de 400 procesos electorales en distintos países, algunos tan complicados como Colombia, Argentina, República Dominicana, Angola, Irak y Londres (elecciones en las que se eligió alcalde a Boris Johnson, en mayo de 2008) y, en fin, en la elección el pasado domingo del Consejo Constitucional en Chile, que ha resultado un extraordinario varapalo para el presidente Boric y un gran éxito para la derecha radical (los llamados republicanos), que ha obtenido 22 de los 50 asientos en el órgano que ha de redactar —o no— una nueva Constitución.

En consecuencia, el caso de Indra es el de un éxito de la democracia española en la medida en que su herramienta informática permite 1) rapidez casi inédita en el conocimiento de los datos, 2) exactitud en el reflejo de los votos, 3) colaboración con todas las juntas electorales, que son las que validan y dan por definitivo el resultado entre el quinto y el octavo día a partir de la fecha de los comicios, con una desviación, en algún caso, sobre los aportados por Indra del 0,1% y 4) un blindaje absoluto que impide la manipulación que requeriría una impensable conjura de medio centenar de personas cuya probidad está acreditada en los más de 40 años de democracia. Puede decirse con propiedad, siguiendo el argumentario contrastado de la compañía (documento que se reproduce), que nuestro sistema de garantía electoral es invulnerable porque la intervención de los ciudadanos (interventores en las mesas, compuestas por electores mediante sorteo, y presencial de los votantes que lo deseen) y de la Administración de la Justicia (se remiten las actas a las juntas electorales, pero también y simultáneamente a los juzgados de guardia de primera instancia) blinda el proceso hasta sellarlo por completo de cualquier fuga.

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El Estado no asigna a Indra arbitrariamente el empleo de su estratégica herramienta informática. Se hace por concurso público y abierto en el que se valora la oferta técnica (30%) y la económica (70%), aunque en las autonomías, es el caso de Madrid, los aspectos técnicos y económicos se consideran en otros porcentajes: al 50%. En la actualidad, Indra es la adjudicataria de un acuerdo marco por cuatro años conforme al cual colaborará en el proceso electoral del 28-M, en las generales de fin de año y en las europeas de mayo de 2024, como es habitual desde hace décadas. Y la excepción marca la regla: en 2016, la adjudicación se la llevó la compañía catalana SCYTL, que no volvió a ganar el concurso.

En definitiva, disponemos de un proceso de cómputo electoral que, probablemente, es uno —si no el mejor— de los más sofisticados, seguros y fiables entre todos los países democráticos. Lo garantiza, además, el hecho de que nunca se ha producido en España una impugnación global de los resultados de comicios, sean estos del ámbito que fueren, más allá de normales correcciones que, además, son revisadas en última instancia por los tribunales, ya que las juntas electorales dictan actos administrativos recurribles. Así pues, son corrosivas y temerarias las tesis murmurantes que lanzan inquietud sobre uno de los grandes éxitos de nuestro sistema constitucional: la fiabilidad de los resultados electorales. La maldita conspiranoia (término aceptado ya por la Fundéu RAE), que caracteriza a algunas instancias políticas, mediáticas y sociales, es un tumor maligno que hay que extirpar de raíz y sin contemplaciones. Y ante los lógicos desconocimientos, molestarse en acaparar información es la actitud más cívica y colaboradora con las libertades democráticas.