El 23-J y la participación (contra viento y marea)

De las 14 elecciones generales celebradas desde 1979 hasta ahora —bien adelantadas, bien por terminación natural de la legislatura—, ninguna se ha celebrado en el mes de julio. Las primeras bajo la vigencia de la Constitución se convocaron el 1 de marzo de 1979 (participación del 67,43%); las siguieron las históricas para el PSOE del 28 de octubre de 1982 (participación del 79,97%); luego, las del 22 de junio de 1986 (participación del 70,49%); las del 29 de octubre de 1989, en las que los socialistas perdieron su mayoría absoluta (69,74%); las del 6 de junio de 1993, la dulce derrota de Aznar (participación del 76,44%); las de marzo de 1996, que desalojaron a González (participación del 77,38%); las del 12 de marzo de 2000, la primera mayoría absoluta del PP (participación 68,71%); las del 14 de marzo de 2004, signadas por la tragedia del atentado yihadista del día 11 anterior (participación del 75,66%); las del 9 de marzo de 2008, segundo mandato de Zapatero (participación 73,85%); las del 20 de noviembre de 2011, segunda mayoría absoluta del PP, esta vez con Rajoy (participación del 68,94%); las del 20 de diciembre de 2015, cuando comenzó el multipartidismo (69,67%); las del 26 de junio de 2016, con el no es no de Sánchez a Rajoy, que terminó en una abstención del grupo socialista (participación del 66,48%); las del 18 de abril de 2019, ganadas ya por Pedro Sánchez como revivido secretario general del PSOE (participación del 71,76%), y las del 10 de noviembre de ese mismo año, que determinaron al PSOE y a Unidas Podemos a formar el actual Gobierno de coalición (participación del 66,20%). La participación media en las 14 elecciones generales anteriores es del 73%.

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 1985 no prohíbe fecha alguna para la celebración de comicios generales. Su artículo 42.1 establece solo que el “decreto de convocatoria señala la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria”. Las tres primeras legislativas y las primeras municipales se celebraron en día laborable; las demás, en domingo (no así todas las autonómicas), para evitar costes asociados a la convocatoria. Solo la ley electoral de Andalucía establece en su artículo 14.2 que “el decreto de convocatoria fijará la fecha de votación, que no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio y 31 de agosto”. Esta disposición, es obvio, trata de evitar los calores del verano, que son disuasorios para la participación en aquella región.

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No es irregular, pues, celebrar elecciones el 23 de julio, pero es una fecha que pone seriamente en riesgo el porcentaje medio de participación en las 14 legislaturas. Es una jornada exigente para el servicio de correos, que puede vehicular según diversos cálculos hasta el 20% del total de voto, lo que obligará a suplir las vacaciones de los empleados titulares, lo cual fragiliza el saber hacer de la entidad en estos cometidos, aunque no haya ninguna razón para poner en duda la solvencia de sus procedimientos, que estarán, además, vigilados por la Junta Electoral Central. De añadidura, el voto por correo plantea exigencia de presencia y localización incompatibles con el periodo vacacional. La JEC ha determinado ampliar el plazo de voto por correo hasta el 20 de julio, exigir la exhibición del DNI al entregar el sobre con las papeletas y eximir en determinados casos a ciudadanos convocados para constituir las mesas electorales. El Gobierno ha habilitado fondos adicionales para la campaña que afronta Correos.

Esta fecha —el 23 de julio— es la consecuencia de la premura con que el presidente del Gobierno tomó la decisión de abortar la legislatura el 29 de mayo, apenas horas después de que la izquierda en su conjunto perdiera las elecciones municipales y autonómicas. En el cálculo de la Moncloa, retrasar a septiembre la convocatoria no era una opción, porque mediaba demasiado tiempo para permitir el cuestionamiento de la campaña electoral del 28-M, de los liderazgos, incluido el del secretario general del PSOE, y facilitaba una lectura derrotista —más aún— de los resultados de municipales y autonómicas que hubiese dominado el verano entero. Se pensó en régimen interno más que en términos de bienestar social y homologación del calendario electoral. Y eso tendrá un coste para el PSOE. Porque la elección del 23 de julio se impuso, a sabiendas de que impactaría seguramente en la participación y causaba —y así ha sido— un cabreo nada sordo en centenares de miles de ciudadanos.

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La suposición de que los electores de derechas vacan más que los de izquierdas no es del todo correcta. Puede ser que los destinos vacacionales sean diferentes, pero los desplazamientos se producen en la misma medida en distintos sectores ideológicos. El problema común es que el calor disuade de participar y las vacaciones fuera de los domicilios habituales, también. Se aducen como precedentes dos comicios relativamente recientes: las elecciones del 12 de julio de 2020 en Galicia y el País Vasco. Precisiones: en primer lugar, en ambas comunidades se agotaron las legislaturas (las anteriores autonómicas se celebraron en los dos territorios en septiembre de 2016) y, en segundo lugar, porque no es comparable la benignidad del verano cantábrico y de la fachada atlántica del oeste gallego, con las temperaturas caniculares en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Madrid.

Aun así, también aquellas veraniegas elecciones gallegas y vascas registraron un desplome de la participación. En el País Vasco, descendió hasta el 50,78%, cayendo más de nueve puntos respecto de 2016. En Galicia, la participación se quedó en el 48,97%, un auténtico derrumbe, porque cuatro años antes concurrió a las urnas el 63,25% del censo electoral. Estos datos deben también valorarse en función de la pandemia, que en aquel mes de julio de 2020 estaba lejos aún de ser vencida, por lo que, con seguridad, restó afluencia a las mesas de votación.

Opinión

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Ante este conjunto de variables, la participación es uno de los quid de las elecciones del 23 de julio. ¿Estaremos en la media de más del 70%? Es improbabilísimo. Ir a votar contra viento y marea —es decir, a pesar del calor y los desplazamientos— es, pues, un reto estresante para una sociedad que ofrece signos de inelasticidad en su severidad antipolítica. Nunca fue más importante —se ha dicho que estas son las elecciones más relevantes de la democracia— ir a votar o hacerlo por correo. La opción de abstenerse es solo razonable cuando es una toma de posición consciente y responsable. Lo demás es falta de compromiso con la suerte del país.