De Ayuso a Guardiola o el pésimo diagnóstico de Vox

En las elecciones generales de 2015 y 2016, se instaló en España el multipartidismo. Surgieron Podemos y Ciudadanos. En las autonómicas andaluzas de 2018, emergió Vox, que en las legislativas de noviembre de 2019 logró 52 escaños, tercera fuerza política. El partido que presidiera Albert Rivera ha colapsado y el de Iglesias está a punto de hacerlo, diluido en ese artefacto precario que es Sumar.

Ni naranjas ni morados supieron diagnosticar la razón de su respaldo electoral y, en consecuencia, tampoco jugar su auténtico papel en el tablero político. Creyeron sus dirigentes que habían nacido con vocación hegemónica y se confundieron porque la realidad en ambos casos era que la inteligencia colectiva del electorado los posicionó como complementarios a los dos grandes partidos —PSOE y PP— para balancearlos y obligarles a un ejercicio de regeneración interna y de reformulación ideológica, pero no para sustituirlos. Al desconocer su misión, los ciudadanos no les han seguido en los propósitos de sus líderes y les han castigado con la práctica desaparición.

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El error de Vox podría ser el mismo. Si, como parece, desconoce que el respaldo que obtiene en las urnas no implica un desafío para sustituir las políticas del Partido Popular, sus dirigentes se equivocarían gravemente. Ya lo están haciendo al propiciar en Extremadura una repetición electoral, después de haber entregado al PSOE la presidencia de la Cámara autonómica que María Guardiola, la líder del PP, ofreció a los de Abascal, además de otro puesto en la Mesa del Parlamento regional y la garantía de un senador de designación autonómica. Siendo la ecuación tan favorable para el PP (28 escaños) respecto de Vox (cinco escaños), la compensación para los minoritarios es más que aceptable.

Isabel Díaz Ayuso, como ahora la líder popular extremeña, aunque en otras coordenadas, también ofertó a Vox y a su dirigente Rocío Monasterio contrapartidas razonables para que apoyasen el último presupuesto autonómico. No las aceptaron y la consecuencia fue que en los comicios del pasado 28 de mayo el PP obtuvo mayoría absoluta (70 escaños) mientras que Vox, irrelevante ya, perdía dos asientos en la Asamblea de Vallecas (pasó de 13 a 11). Ayer, la madrileña pronunció su discurso de investidura para la que, por primera vez, no dependerá de nadie ajeno a su grupo parlamentario.

Si en los mandos de Vox se llega a creer que su electorado celebra que por toda respuesta a la oferta del PP se haya encaramado un socialista en la presidencia del Parlamento extremeño y que Guillermo Fernández Vara se postule para una nueva investidura, es que desconocen la realidad sociológica de sus votantes y, en general, de la derecha española. Los de Vox parecen tan ignorantes del pálpito de ese sector social como Rivera y Arrimadas, cuando el primero quiso sobrepasar al PP y la segunda censurar clandestinamente con el PSOE al presidente de la Región de Murcia, estratagema que terminó de hundir a Ciudadanos.

Vox y el PP, que lo ha envalentonado, han de distinguir entre pactar y ceder. Lo primero implica exigirse mutuamente determinadas políticas y aparcar aquellas otras en las que no haya acuerdo. Ceder es renunciar a las propias convicciones y entregar posiciones de ventaja al interlocutor. Y si para Vox hay aspectos indeclinables, también lo son para el PP. Con la diferencia de que la dimensión de los azules no tiene comparación con la de los verdes. Y por encima de ambos existe una normativa nacional e internacional que establece exigencias inderogables (leyes que no se van a alterar y acuerdos internacionales que vinculan al Estado).

El ejemplo de un mal sistema de acuerdos políticos es el de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. El PSOE no pactó, sino que cedió. Sánchez no pactó con Podemos, por ejemplo, la ley del solo sí es sí, sino que cedió en ese y otros proyectos y proposiciones. Ahora, el presidente del Gobierno recorre los medios desmarcándose de decisiones compartidas con Podemos que nunca debió asumir. También se distancia de Bildu, pese a que con la coalición aprobaron los presupuestos generales del Estado, las dos infaustas reformas del Código Penal, la innecesaria ley de memoria democrática y, entre otras, la ley de vivienda.

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El discurso de María Guardiola es el correcto. Porque el poder siempre tiene un precio, pero no cualquier precio, porque, cuando es oneroso hasta el exceso, las cañas se tornan lanzas, como le está ocurriendo al secretario general del PSOE. De ahí que repetir elecciones en Extremadura —una forma de perder para ganar— sería con altísima verosimilitud la peor hipótesis para Vox, mientras que para los populares consistiría en un riesgo, sin duda, pero con probabilidades también del mayor éxito. Por una razón: no dejaría Vox a los electores del amplio espectro de la derecha otra alternativa para desalojar a la coalición del PSOE y Unidas Podemos, y, por lo tanto, a Pedro Sánchez, que volcarse en el voto útil al Partido Popular. Para las derechas españolas, el modelo sueco (la radical no ha entrado en el Gobierno, pero lo apoya) sería una referencia necesaria, dada la correlación de fuerzas entre ellas (Notebook de 20 de octubre de 2022).