Por la reputación de España (seis meses de tregua)

Desde hoy y hasta el 31 de diciembre, España asume la presidencia de turno del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Recibe el relevo de Suecia y lo entregará a Bélgica en cuyo mandato se celebrarán las elecciones al Parlamento europeo (mayo de 2024). Este semestre es, pues, el último que se desarrollará íntegro antes de la renovación de la Cámara legislativa de Bruselas y Estrasburgo. Felipe González en dos ocasiones, Aznar en una y José Luis Rodríguez Zapatero en otra, fueron jefes del Gobierno cuando nuestro país ejerció la presidencia de turno. Pero solo el expresidente socialista y Pedro Sánchez —y, eventualmente, Feijóo si gana las elecciones del 23-J y es investido— lo harán bajo las normas del Tratado de Lisboa que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009 y en el que quedó rebajada la importancia de esta presidencia rotatoria como ha explicado la catedrática de Derecho Internacional Público, Araceli Mangas, que considera incorrecta —y lo es— la expresión "presidencia de turno de la UE" después del tratado firmado en la capital de Portugal. España asume la presidencia semestral del Consejo de Ministros.

No obstante, la posición temporal, pero preeminente de España en este semestre, reclama algunas reflexiones. La primera de todas ellas consiste en disuadir a los competidores en las elecciones generales de intentar sacar réditos electorales, sencillamente porque el papel internacional de nuestros dirigentes no mueve la aguja en la intención de voto. Como se expuso en la crónica Sánchez ante la maldición europea el pasado 28 de mayo, tras la gestión de la presidencia de turno, ni González, ni Aznar, ni Zapatero rentabilizaron su visibilidad internacional en los siguientes comicios, disminuyendo sus efectivos parlamentarios o perdiendo el poder. Empeñarse en una pelea electoralista en este terreno, además de estéril e improductivo, lesionaría el legítimo interés de España en su proyección externa en la medida en que ese pulso interno trascendiese a las instituciones de la Unión.

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La reputación de España reclama que se establezca en esta misión de Estado una tregua de buena fe y de colaboración entre, al menos, el PSOE y el PP, entre el Gobierno y la oposición. Más aún, cuando es posible que Sánchez y Feijóo tengan que repartirse el trimestre si el 23-J vuelca la correlación de fuerzas en el Congreso y hay cambio en la Moncloa. A mayor abundamiento, este semestre obliga al Gobierno español a impulsar algunos asuntos difíciles, pero ya en la agenda de la Unión: la renovación del pacto de estabilidad, el logro de un necesario pacto migratorio y la culminación de los términos en los que debe producirse la transición energética y digital.

El gran objetivo, sin embargo, de este mandato español consiste en establecer las bases más sólidas posibles con América Latina. España es la gran pista de aterrizaje para los países de habla hispana y Brasil en el territorio europeo. El subcontinente necesita de la Unión para diversificar sus relaciones comerciales —ahora demasiado atrapadas en mercados tantas veces abusivos— y Europa precisa urgentemente implementar un plan de inversiones en los Estados del cono sur americano para zafarse de la compresión comercial y política que le atenaza frente a Estados Unidos y China.

Para esos propósitos, ya están previstas dos cumbres que habrá que cuidar sobremanera: la de jefes de Estado y de Gobierno europeos con los representantes al más alto nivel de los 33 Estados que forman la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, creada en 2010) y la reunión —prevista para septiembre en Santiago de Compostela— de los ministros de Economía de los miembros de la UE con sus homólogos de América Latina, coincidiendo, además, con la reunión del ECOFIN (Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea). Ambas cumbres son hitos esenciales en la agenda española y de la Unión, que exigen para su éxito la colaboración de todas las instituciones nacionales y territoriales y de los estamentos dirigentes de la sociedad civil, desde patronales a sindicatos.

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Por fin, España accede a la presidencia de turno del Consejo de Ministros de la UE en un momento crítico de la invasión rusa de Ucrania. Es una iniciativa simbólica, pero significativa, que el presidente del Gobierno esté hoy en Kiev con Volodímir Zelenski, pocos días después de la crisis del régimen de Putin amenazado por los mercenarios de Wagner, un episodio aún por desentrañar, pero que ha desestabilizado el poder del autócrata ruso. La presencia de Sánchez en la capital ucraniana tiene el valor de un testimonio: también para nuestro país —para la mayoría de sus ciudadanos— es de capital importancia situarse en el lado correcto de la historia, o sea, en el de los agredidos.

Todos estos asuntos en los que el Gobierno no debe sobreactuar piden que tampoco la oposición lo haga y que se establezcan unas reglas de compromiso para una formulación de las discrepancias que no erosione la credibilidad de nuestra identidad europeísta (frente a los populismos de izquierda y de derecha que descreen del carácter imprescindible de la integración europea para la democracia constitucional española) y para que los objetivos del semestre sean compartidos.

En este contexto no puede olvidarse, sino todo lo contrario, hay que tenerlo muy presente, que el que representa al Estado en las relaciones internacionales por mandato de la Constitución, es el rey, Felipe VI, que en su persona se reconocen unos y otros, de tal manera que su protagonismo representativo como jefe del Estado ha de alcanzar una visibilidad que no puede quedar mediatizada por intereses de partido. Y si todo eso se produce en términos de colaboración y de protagonismo institucional, a pesar de la campaña electoral, el semestre español en la presidencia de turno del Consejo de Ministros de la UE será un éxito. De lo contrario, sufrirá nuestra reputación, un intangible de gran valor.