Sobre la confianza en Cándido Conde-Pumpido

Si, como es el caso, te educas entre togas y te formas en el derecho, es especialmente difícil admitir de plano que un magistrado —sea en el orden jurisdiccional o en el de garantías constitucionales— anteponga sus pulsiones ideológicas a una recta interpretación de las normas que ha de aplicar en sus resoluciones. Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado (2004-2011) y exmagistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ahora presidente del Tribunal Constitucional, merece la presunción de rectitud, aunque su trayectoria última sea rutinaria y predecible. Él sabe que está cuestionado y, también, que biográficamente está enfrentado a un dilema deontológico de envergadura.

No es inevitable que haya una ley de amnistía, aunque sea probable que Pedro Sánchez pague su investidura —cuyo debate se baraja en los próximos días 7 y 8 de noviembre— con ese insólito y oneroso precio. De la misma manera, no es inevitable, aunque sí probable, que, de aprobarse una ley de amnistía, el Tribunal Constitucional respalde la norma que sería impugnada y sobre la que se elevarían cuestiones de inconstitucionalidad por jueces y tribunales. Sin embargo, se dan por hechas la ley y la sentencia favorable a ella del Constitucional, y esas premoniciones rotundas y apodícticas resultan inquietantes.

Ambas suponen, de una parte, que el secretario general del PSOE está dispuesto a enajenar un patrimonio inmaterial de 45 años de democracia constitucional a cambio de un tiempo más en la Moncloa y, de otra, que los siete magistrados progresistas —con cursiva— del TC, con Conde-Pumpido a la cabeza, se comportarán como juristas dóciles a las sugerencias del poder ejecutivo (del que el legislativo es instrumental), de igual manera que los cuatro conservadores —también con cursivas— estarán sistemáticamente alineados en tesis contrarias a las de la mayoría del tribunal. Esa ecuación (7-4) es insoportable en un sistema democrático porque, siendo el derecho moldeable y estando alejado de hermenéuticas rígidas, las normas, sin embargo, disponen de una lógica interpretativa en la que los juristas suelen convenir mucho más que discrepar.

No hace falta remitirse, por conocidas, a opiniones mediáticas de solventes y acreditados académicos de signo ideológico diferente pero coincidentes en la inadmisibilidad de la amnistía, bien por su inadecuación a la Constitución, bien por su obvia motivación partidaria, bien por sus efectos revisionistas y deslegitimadores. Ni estamos ante una transición constituyente, ni existe un conflicto colonial ni insurreccional armado que justifiquen la conveniencia de una amnistía, más aún después de la tanda de indultos y la despenalización de la sedición. Estamos, por el contrario, ante el empeño de cobrar a un coste exorbitante e impagable la investidura de Pedro Sánchez.

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Es seguro que Cándido Conde-Pumpido ni está asesorando al Gobierno sobre este delicado tema, como se ha publicado sin rectificación del tribunal, rápido en desmentir otras versiones periodísticas sobre la interpretación de una de sus últimas sentencias, y es también seguro que ni él y ni los demás magistrados aceptarán un trágala. Porque si una cosa y la otra sucedieran, aquí estaríamos en la apoteosis de la farsa que están montando el PSOE y Sumar, y ambas formaciones con los independentistas catalanes. Y en ese caso, habría que llegar a la conclusión de que, como suponía Gil de Biedma, la historia de España —y la de su constitucionalismo— es triste porque siempre acaba mal.

Es higiénico, democráticamente considerado, que se restablezca la confianza en que Cándido Conde-Pumpido actuará como lo hace un gran jurista. Aquellos que se distinguieron por su grandeza no adquirieron esa consideración solo por sus saberes técnicos, ni solo por su habilidad para componer con coherencia aparente argumentaciones alternativas o creacionistas, sino por añadir a su competencia virtudes tales como la independencia de criterio en la interpretación de las normas y el entendimiento cabal de su misión crítica y garantista en una sociedad democrática.

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Por lo demás, la confianza en que el presidente del TC quebrará la detestable ecuación banderiza del 7-4 se debe basar en el hecho, inadmisible, de que una amnistía revisaría también la trayectoria doctrinal del propio órgano de garantías constitucionales, que en sentencias inequívocas anuló unos tras otros los actos parlamentarios sedicentes y las leyes de desconexión del Parlamento de Cataluña en aquel otoño de 2017. Y que a la postre se pronunció taxativamente respecto de determinados contenidos inconstitucionales del Estatuto catalán de 2006 y sobre la correcta procedencia de la aplicación por el Estado (Gobierno y Senado, PP y PSOE) del artículo 155 de la Constitución en octubre de hará mañana seis años.

Cuesta así creer que Cándido Conde-Pumpido —un gran jurista— se entregue a una labor destructiva del propio tribunal y, por consecuencia, de la arquitectura constitucional. Una sentencia con interpretaciones conformes como la que dictó en 2010 sobre el Estatuto catalán se considera ya como una alternativa posible para salvar los muebles de la constitucionalidad de una amnistía arbitraria. Quedemos a la espera.