Felipe VI, Leonor de Borbón y la remontada de la monarquía

Este que termina está siendo el octubre más monárquico desde el año 2014, aquel de encrucijada para la Corona, en el que Juan Carlos I abdicó para enjugar sus responsabilidades derivadas de conductas que amenazaban la institución y en el que, como consecuencia, fue proclamado ante las Cortes Generales Felipe VI. Aquellos acontecimientos se produjeron bajo el mandato de un Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría del PP en las dos Cámaras y los que se desarrollan este mes lo hacen bajo el de otro bien distinto, con incrustaciones republicanas confesas, patentes y militantes en el mismo Consejo de ministros. Entre 2014 y 2023 existe una línea de continuidad que es la gestión del Rey en la recuperación de la reputación de la jefatura del Estado y de la funcionalidad de la monarquía parlamentaria, todo ello con una extraordinaria escalada en el aprecio que suscita en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

Las encuestas, no publicadas ni públicas, pero sí conocidas, apuntan a una consolidación de la mejor percepción de Felipe VI por encima de porcentajes del 75% de los consultados, seguido de cerca por la Princesa de Asturias, su hija Leonor, y por la reina, doña Letizia. No es extraño en absoluto. El Rey transmite, antes que otras positivas vibraciones, integridad personal y rigor institucional. Y no en escenarios fáciles. Porque el sistema de representación parlamentaria alumbró desde las elecciones de 2015 nuevas fuerzas políticas que impugnan la monarquía constitucional; porque el independentismo catalán ha puesto en riesgo de implosión el sistema constitucional y centrado sus hostilidades en la persona del monarca; porque los comportamientos de su padre, aun después de su expatriación en agosto de 2020 en los Emiratos Árabes, siguen procurando combustible para embestir contra la Corona y porque el modelo electoral español ha derivado en una repetición de comicios legislativos que han exigido al Rey, hasta el momento, la convocatoria de diez rondas de consultas de conformidad con el artículo 99 de la Constitución, en las que él y su Casa han tenido que manejarse con una exquisita neutralidad y con los criterios de interpretación constitucional más depurados. Es curioso: el fracaso electoral de Podemos y de Izquierda Unida —en general, de Sumar— lo es también de su republicanismo que, paradójicamente, provoca más adhesiones a la Corona de las que pretende aventar.

El Rey y la certeza constitucional

Ante el deteriorado panorama institucional, el Rey se ha convertido en un referente de certeza y solidez. Nadie duda sensatamente de que cumple y cumplirá con las obligaciones que le encomienda la Constitución, que se ha comportado y lo seguirá haciendo como corresponde a un monarca parlamentario y que sobrepondrá las obligaciones de su magistratura a cualquier canto de sirena. En ese contexto se han celebrado actos simbólicos, pero efectivos, que han absorbido gran seguimiento y aceptación populares: la jura de bandera de la heredera en la Academia Militar de Zaragoza, su presencia, ya como cadete militar, en el desfile y posterior recepción el día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, el acto de la entrega anual de los premios Princesa de Asturias en Oviedo y, el próximo martes, el juramento de Leonor de Borbón y Ortiz de la Constitución de 1978, con lealtad a su padre el Rey. Va a ser éste un acto que apuntala la monarquía parlamentaria española porque establece un horizonte de plena certidumbre: el eje de la Corona se cierra con la dupla de Felipe VI y su hija Leonor, mayor de edad y con el cumplimiento necesario de la jura constitucional como habilitante para la adquisición plena de su condición de sucesora. En la dimensión histórica será la tercera reina titular de España tras Juana I (1504-1555) e Isabel II (1833-1868). El presente y el futuro quedan enlazados, solidificando la monarquía instaurada y legitimada por la Constitución de 1978.

La significación del acto del próximo martes ante las Cortes Generales, reunidas en el Congreso de los Diputados en sesión extraordinaria, la ha explicado con brillantez el jurista Luis María Cazorla Prieto en su discurso de apertura del curso 2021-2022 en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Dijo en su disertación, y escrito y publicado está, que "el juramento del Príncipe o la Princesa heredera tiene una indudable dimensión jurídica, al entrañar el cumplimiento de una obligación exigida por un precepto de la Constitución [artículo 61.2] de profundo sentido normativo. La dimensión política es también indudable: refuerza la legitimidad emanada de la Constitución de 1978, que se suma a la histórica y la simbólica".

La monarquía y la crisis institucional

Importa el momento histórico en el que este acto parlamentario se inscribe —como los anteriores— que es de crisis del modelo constitucional. Por eso, deben interpretarse todas las intervenciones del Rey en sus comparecencias a lo largo de este mes siempre en clave de integración y defensa de los valores constitucionales, y atender a la fuerte corriente de adhesión a la Corona en momentos de tanta incertidumbre. El historiador Juan Francisco Fuentes, en un perspicaz análisis titulado 1923-2023. Dos crisis. Analogías y diferencias, pone de manifiesto que —en contradicción con Alfonso XIII que hace un siglo cedió a la tentación de respaldar al dictador Miguel Primo de Rivera— "los reinados constitucionales de Juan Carlos I y de su hijo Felipe VI se han caracterizado por su escrupulosa neutralidad institucional en cumplimiento de los trámites y funciones que la Constitución asigna a la Corona", apostillando que ambos han sostenido que "cualquier solución a los problemas que arrastra la sociedad española debe buscarse dentro de la Constitución". Por lo demás, el papel de las Fuerzas Armadas y factores estructurales (nuestra pertenencia a la Unión Europea, entre otros) alejan cualquier atisbo de heterodoxia constitucional en el ejercicio de las obligaciones de la Corona. El profesor Fuentes, sin embargo, sí constata que Cataluña —en el aliento de los sectores independentistas y de movimientos sociales radicales— fue hace cien años una variable determinante de la crisis y podría serlo —quizá ya lo sea— en la actualidad.

Tanto Pedro Sánchez como el PSOE son conscientes de que la Corona es la última frontera del perímetro constitucional y han establecido un respetuoso —aunque no cálido— modelo de relación con el Rey. Lo que se ha materializado en la relevancia que se ha dado —justa, por otra parte— a los actos de este octubre y al que lo culminará el martes, tanto en el Congreso como en Palacio Real, en donde Felipe VI impondrá a su hija la condecoración de concesión gubernamental —el collar de la Orden Civil de Carlos III— con una escenografía similar a la del 30 de enero de 1986 cuando él, como Príncipe de Asturias, protagonizó ese mismo acto bajo la atenta mirada —y las palabras— de Felipe González. El presidente en funciones —en su línea— no ha conseguido, si es que lo ha intentado, que las ministras de Podemos y el inefable Alberto Garzón no den la nota de folclorismo antimonárquico con una ausencia en el acto de jura de la heredera que forma parte del catálogo de señuelo de la izquierda más extrema y sectaria.

Le queda a la Moncloa, no obstante, la improbable tarea de evitar que sus socios, al margen de los que no acudan al acto de jura de la Princesa, boicoteen el rito institucional y, de asistir a la sesión extraordinaria, lo hagan con el respeto debido. Ese respeto que su iconoclastia por los símbolos comunes desprecia de manera tan rutinaria como ofensiva. Mención aparte —análisis monográfico— merece la ausencia en el acto parlamentario de ese viejo partido camaleón que es el PNV.