Pedro Sánchez, en concurso de acreedores

El ejercicio de memoria reprobadora mediante la utilización de la hemeroteca no afecta a la determinación de contradecirse tan proverbial en el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones. Es inmune a la coherencia porque el entendimiento que alberga de la política es banal y relativo. Probablemente, el socialista es hijo de este tiempo líquido que describió Bauman. La naturaleza volátil de la palabra en la política se alía, además, con la despreocupación de demasiados ciudadanos que, de forma progresiva, se desvinculan emocionalmente de los compromisos de sus dirigentes públicos. No es que les perdonen; es que pasan de ellos. Ocurre en nuestro país y también en otros, aunque en España se han alcanzado niveles de imprevisibilidad que afectan ya a su infraestructura social, económica y jurídica.

Una de las peores de las intervenciones de Pedro Sánchez fue la del pasado sábado ante el comité federal del PSOE. No tanto porque se desdijera de las reiteradas ocasiones en las que aseveró que la amnistía no era posible jurídica y políticamente, sino porque el secretario general del PSOE suele argumentar con más tramposa solidez sus denominados cambios de opinión. En esta ocasión, compuso una intervención con demasiadas debilidades porque afirmó una cosa y su contraria. No es posible que la amnistía le convenga a España y, al mismo tiempo, sea una decisión que ha venido impuesta por una necesidad coyuntural de la que hay que hacer virtud. O la amnistía es el resultado de una reflexión sobre los intereses generales de España —dejemos al margen su constitucionalidad, negada tantas veces por Sánchez y sus ministros— o se trata de una transacción para obtener la investidura que es, a fin de cuentas, lo que reconoció el interesado. Mejor sería, por eso, que se dejase de épicas patrióticas y arrostrase la motivación de la medida amnésica, que es puramente pragmática.

Desalienta, mucho más que la incoherencia y la contradicción, el intento argumental de presentar una decisión arbitraria como sensata, razonable y previsible. Porque hacer ese juego dialéctico toma por imbéciles a los ciudadanos, supone que carecen de discernimiento y, a la postre, que su comprensión de las palabras es tan deficiente como la solidez cívica de quienes las pronuncian. Más vale que digan esta vez la verdad, porque si Sánchez y el PSOE optan por travestir la transacción, el control de la situación se les va a ir de las manos. Cierto es que la amnistía —se denomine así o de otra manera— es solo el principio de algo ignoto, como asumió el líder socialista porque, como aseveró Aragonès en el Senado, se trata para los separatistas de un “punto de partida”, no de “llegada”.

De otra parte, ¿cree Pedro Sánchez que la eventual aplicación de una ley de punto final en un sistema democrático y sin previa rectificación de los beneficiados respecto de su comportamiento va a ser coser y cantar? Debe estar prevenido, porque además de ofrecer una diana muy amplia para que la oposición le acribille en el debate de investidura (incluso, que lo hagan también sus tornadizos socios, que venden caro su voto aunque se sacien aparentemente sus pretensiones), la amnistía ha de pasar el filtro del Tribunal Constitucional —no adelantemos con tanta facilidad los términos de su resolución—, por la decisión procesal de jueces y tribunales y por el juicio de valor de demasiadas instancias, nacionales e internacionales. Porque no ha de olvidarse que lo que se van a amnistiar no son delitos solo de orden público o de insurrección ante la legalidad, sino que es un ilícito de corrupción: la malversación agravada.

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Lo que se trata de olvidar es la utilización del dinero público —o sea, del común de los ciudadanos— que se empleó en el proceso soberanista al servicio de propósitos incompatibles con cualquier norma y con la ética cívica. La naturaleza del tipo penal principal que se amnistiará (además de los perpetrados por los vándalos de Tsunami y los CDR) es la más sucia de las que puede cometer un dirigente político. No se trata de la sedición (primero indultada y luego despenalizada), sino de una apropiación fraudulenta de fondos públicos.

Pedro Sánchez debe saber a estas alturas que la cuestión de la amnistía es una trampa para elefantes, incluso para un avezado zapador de la política como él. Las pulsiones de poder obligan a veces a pagar precios excesivos y a constituir hipotecas con altos intereses. O a recibir préstamos usurarios. Y a humillarse y humillar. El concurso de acreedores sindicados que se ha echado encima el secretario general del PSOE no le va a permitir ni una quita ni una espera en las exigencias secesionistas.

Sánchez debe saber que la cuestión de la amnistía es una trampa para elefantes

La pésima foto de los tres socialistas, un holograma colectivo del propio Sánchez, en el despacho bruselense de Puigdemont, bajo una imagen entusiasta del 1-O de 2017 en Barcelona, ha sido —otro más— un gravoso y extraordinario peaje que quiebra el resto de confianza democrática que pudieran mantener el presidente en funciones y el irreconocible PSOE que lidera.

A partir de estos hechos y otros anteriores, acordada ya la amnistía con ERC y de inmediato con Puigdemont, cualquier eventualidad —cualquiera— es posible ya en la política española. Como que la Mesa del Congreso, en una decisión con perfume prevaricador, califique y admita a trámite la proposición de ley, al contrario de lo que hizo en mayo de 2021, siguiendo el criterio del dictamen de los letrados de la Cámara, que la consideraron inconstitucional. Francina Armengol ya ha nombrado a un letrado mayor —Fernando Galindo— que hasta el momento ha venido desempeñando la subsecretaría del Ministerio de Política Territorial. O sea, un jurista por completo independiente.