El pacto de Bruselas tumba la Transición

El acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya consiste, básicamente, en la derogación de la Constitución mediante su omisión a todos los efectos, en el texto y en la materialidad de lo pactado, en la concesión de una ley de amnistía que alcanza, incluso, a los supuestos conocidos como lawfare (concepto jurídico indeterminado), el definitivo planteamiento de un referéndum consultivo de autodeterminación al amparo del artículo 92 de la Constitución (única vez que se cita el texto legal), la cesión de la gestión de todos los impuestos —lo que supone la soberanía fiscal, más allá del Concierto Económico vasco y del Convenio navarro— y la presencia de Catalunya (sic en la versión incluso del PSOE) en las instituciones europeas y entidades internacionales. Por fin, habrá una instancia internacional que acompañará, verificará y realizará el seguimiento del cumplimiento del proceso negociador y de los acuerdos a los que se llegue.

Por otra parte, Junts, considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre de 2017 al que el PSOE dice negar toda validez, lo que no es obstáculo para que prospere el pacto. El partido secesionista se compromete a votar la investidura de Pedro Sánchez y a la estabilidad de la legislatura, pero de forma condicionada: se sujeta a los “avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones” en los ámbitos de la autodeterminación, fiscalidad y amnistía.

Los tres acuerdos esenciales (autodeterminación, amnistía y soberanía fiscal) vienen precedidos de un preámbulo motivador que se remonta a los Decretos de Nueva Planta de 1714, sin mención alguna a la Constitución de 1978, ni a circunstancias previas a ella como la amnistía de 1977, el reconocimiento de la legitimidad de la Generalitat de Cataluña ese mismo año con el regreso de Josep Tarradellas y la legalización de todos los partidos políticos.

Si el sistema institucional —las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional— asumen el acuerdo en los socialistas y los junteros, se producirá, de hecho, una derogación de la Constitución que seguirá vigente de manera formal pero no material. Una consulta sobre la independencia de Cataluña al amparo del artículo 92 de la Constitución eludirá el procedimiento agravado de su reforma (artículo 168 de la CE) y la amnistía destruirá los principios de igualdad, de seguridad jurídica y de separación de poderes. Y si, por circunstancias sobrevenidas, el acuerdo entre el PSOE y Junts no se ejecutase en los términos que se ha formulado por los secesionistas, la legislatura quedaría abortada porque ni el partido de Puigdemont ni el de Junqueras mantendrían el apoyo parlamentario al Gobierno. En fin: en ningún momento aparece en el documento ni renuncia a la unilateralidad ni rectificación crítica de las decisiones adoptadas durante el proceso soberanista, en particular, las declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional cuyas resoluciones se obvian.

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Estamos, en consecuencia, ante un Pacto de Bruselas como réplica del Pacto de San Sebastián de 1930. El que se firmó por las fuerzas republicanas hace 93 años —de izquierda, pero no solo— sentenció el régimen de la Restauración basado en la Constitución de 1876. El que se ha firmado hoy en la capital de Bélgica, igualmente entre el principal partido de la izquierda española y el independentismo (antes con Esquerra Republicana de Catalunya, del mismo tenor y complementario), sentencia la Constitución de 1978, pergeña un nuevo Estado de carácter confederal e implica la culminación de todos los objetivos políticos y económicos que pretendió el proceso soberanista que, iniciado en 2012, se impone exitosamente 13 años después. La Constitución de 1978 ha sido materialmente derogada.

Obviamente, el texto, aunque pedestre en algunos aspectos, es sutil en otros. Y, en particular, en presentar el acuerdo (sic) como una formulación de desacuerdos que se negociarán, estratagema para seguir con la gradualidad con la que se ha producido la subversión del sistema constitucional desde que la amnistía se convirtió en la clave de bóveda de esta operación. La realidad es que, con protestas de discrepancia, el PSOE y Sánchez aceptan todas y cada una de las reclamaciones del secesionismo. Concesiones en dos pasos: primero, con el acuerdo entre Bolaños y Junqueras, presidente de ERC, y ahora entre Cerdán y Turull, secretario general de Junts. El pacto de la Transición ha caducado.