Rubial, a González: "Que el país no se desmadre"

Recuerda Ramón Jáuregui en una lúcida reflexión en el último número de Letras libres (el 266 de este mes de noviembre), titulada "La República y nosotros", que “Ramón Rubial, veinte años en las cárceles de Franco y, salvando las distancias, nuestro Nelson Mandela, tenía dos obsesiones como enseñanza de su experiencia republicana: la primera era su enemistad con los comunistas; la segunda era la paz social”. Y continúa el exministro de la Presidencia con Zapatero: “En la primera comisión ejecutiva del PSOE, celebrada después de la victoria del 28 de octubre en 1982, tomó la palabra ceremoniosamente y entre sus recomendaciones dijo: ‘Felipe, controla el orden público, que el país no se desmadre”.

Ayer noche, el expresidente del Gobierno, de forma un tanto elíptica y en exceso digresiva, pronunció una declaración institucional en la que llamaba a la calma, apoyaba a las fuerzas del orden y reivindicaba posiciones tradicionales de su partido —bien distinto al que lidera ahora Sánchez— en relación con los principios constitucionales en nada compatibles con la amnistía prevista que González rechazó haciéndolo, como el conjunto de su intervención, en un tono y con una imagen no del todo coherente con la importancia que él y su entorno dieron a su nueva irrupción pública. Reverberó en sus palabras, no obstante, la evocación de la sensatez de Rubial y la moderación socialdemócrata.

La preservación del orden público depende de tres factores que hacen sinergia entre sí: una ciudadanía respetuosa con el correcto ejercicio de la libertad de expresión y manifestación debidamente convocada por personas y entidades reconocibles; una actuación policial siempre proporcional bajo el control de sus mandos profesionales, y unas políticas públicas que eviten la exasperación de los ánimos sociales y, así, no ofrecer coartadas a los radicalismos. Barajando estas tres variables, es obvio que en los últimos días se ha producido un deterioro del orden público porque, a tenor del curso de los acontecimientos, no todas las instancias concernidas han cumplido con su deber cívico, legal y político.

Convocar concentraciones ante la sede del PSOE es una iniciativa riesgosa, inestable y propicia para que actúen los que desean el descontrol en el ejercicio del derecho de manifestación. No es responsable en modo alguno emplazar ante sedes de partidos este tipo de legítimas protestas, porque se crean las condiciones para que se desaten incidentes provocados por los devotos del cuanto peor, mejor. No es aceptable reivindicar un derecho constitucional para ejercerlo de manera torticera. Como tampoco lo es que los responsables de las fuerzas del orden público no apuesten por la disuasión antes que por la represión y dejen margen para opiniones según las cuales la propia policía habría contribuido a agravar los disturbios con un comportamiento precipitado.

Por fin, el Gobierno y el PSOE, en este caso, han de ser conscientes de que están sometiendo a la sociedad española en su conjunto a unas dosis insoportables de humillación. Las negociaciones en Bruselas con un prófugo de la Justicia, responsable último del golpe constitucional de 2017 en Cataluña, para capturar el voto de sus siete diputados y sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, son una indignidad que no se consentiría en ningún país democrático.

TE PUEDE INTERESAR

Ansiedad en el PSOE por el malestar social con la amnistía: "No podemos salir a la calle"

Marisol Hernández

Que la ley de amnistía, además, pudiera acoger las exigencias —todas ellas exorbitantes— de los líderes secesionistas cortocircuita la argumentación gubernamental que trata de condenar con una mano los disturbios de estos días mientras que con la otra prepara la impunidad de los que en 2019 incendiaron Barcelona en protesta por la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenó a los principales responsables del proceso soberanista. Quizás el presidente en funciones y su partido no están reparando en que la amnistía, de aprobarse, se convertiría de inmediato en un mecanismo que neutralizaría el poder democrático. Porque no hay Gobierno que pueda estar, al mismo tiempo, exigiendo el cumplimiento de la ley y derogando la vigencia de aquella que establece los límites entre lo aceptable y lo inaceptable que es el Código Penal.

El planteamiento negociador de su investidura ha propiciado que Sánchez haya perdido el control de la situación, que la sensación de que está rebasado por las exigencias de Puigdemont haya arraigado incluso en su propio entorno y, en fin, de que el Estado está perdiendo la compostura en un trance en el que lo que de verdad se juega es la permanencia en el poder del secretario general del PSOE sin, al parecer, importar otros valores que están sufriendo una corrosiva erosión. Esas circunstancias crean un caldo de cultivo en el que chapotean impunes los peores ultras y se solazan destructivamente aquellos que desde la política apuestan —y se ve que lo hacen sin titubeos— por la quiebra de la convivencia entre los españoles.

El primer imperativo democrático es claro: suspender esas concentraciones ante las sedes del PSOE. Sin excusas, sin paliativos, de modo inmediato. La policía dispone de servicios de información para detectar y detener a los cabecillas que alientan comportamientos inasumibles (la Ley de Seguridad Ciudadana está vigente y es terminante) y ponerlos a disposición de los jueces de guardia.

El segundo imperativo democrático es igualmente claro: el Gobierno y el PSOE tienen que dejarse ya de maniqueísmos, arrojar luz sobre el alcance de las cesiones que están dispuestos a ofrecer a Puigdemont y marcar límites infranqueables. Porque el país no debe desmadrarse y la negociación de la investidura contribuye a que lo haga. España no puede estar al albur de las ocurrencias de un presunto delincuente huido de la Justicia.

Todas las libertades son conciliables. No lo es la quiebra del orden público justificada en una causa que pierde nobleza y autenticidad —la legítima protesta— cuando se convierte en una coartada para poner en peligro la convivencia entre los ciudadanos. La advertencia de Ramón Rubial formulada enfáticamente en 1982 sigue vigente en la España de 2023. Y apela a todos.