El 'apartheid' de la derecha

La política frentista de Pedro Sánchez (el muro que levantó frente a media España en su discurso de investidura) es la consecuencia de una decisión de la izquierda y del separatismo que data del llamado pacto del Tinell (denominación de la sala de ceremonias del antiguo palacio real de Barcelona) suscrito en diciembre de 2003 por el PSC, ERC y ICV-EUIA y en cuyo anexo se establecía lo siguiente: "Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad (acuerdo de investidura y acuerdo parlamentario estable) con el PP en el Govern de la Generalitat. Igualmente, estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales". Una vez firmado el convenio se constituyó el primer gobierno tripartito en Cataluña.

Cuando se formalizó ese ominoso documento no existía Vox, ni ningún otro grupo de la extrema derecha que tuviera representación parlamentaria. La exclusión, el inicio del apartheid de la derecha española plenamente democrática, tuvo origen —como ahora— en Cataluña. Al frente del PSC (federado con el PSOE) estaba Pasqual Maragall y en la secretaría de los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero. En el pacto del Tinell se localiza el origen de políticas posteriores de la izquierda y de los secesionismos, cuyo propósito ha consistido en apartar a la derecha de cualquier poder aun a costa de cabalgar enormes contradicciones e incurrir en incoherencias ideológicas y en prejuicios excluyentes y antidemocráticos. Entre 2004 y 2008 cuajó la estigmatización del PP que se consiguió mediante la primera ley de memoria histórica (2007). Y las derechas nacionalistas —el PNV y CiU— se zafaron en el País Vasco y Cataluña de la competencia popular mediante el recurso dialéctico de su deslegitimación franquista. El deterioro del pacto de la transición empezaba a resultar evidente.

Los populares, debe reconocerse, colaboraron activamente a favorecer los planes de sus adversarios. Incurrieron en todos los errores posibles y, así, de no haberse producido el hundimiento del PSOE en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero (2008-2011), el PP no hubiese obtenido con Mariano Rajoy a la cabeza la histórica mayoría absoluta de diciembre de 2011: 186 diputados y casi once millones de votos, el 44,63% de los válidamente emitidos. Es cierto que su Gobierno hubo de enfrentarse a las consecuencias de la recesión de 2008, pero también lo es que no rectificó ninguna de las políticas de fondo —las ideológicas— de Rodríguez Zapatero y exhibió un estilo puramente gestor y burocrático, circunstancias que permitieron el desarrollo de corrientes políticas que le estallaron a la derecha (y al PSOE) en los comicios de 2015.

En las elecciones de aquel año —repetidas en junio de 2016— surgió el multipartidismo con la emergencia de Podemos y Ciudadanos y se musculó el proceso soberanista que debió ser cercenado el 9 de noviembre 2014 —celebración de la consulta convocada por Artur Mas— mediante la aplicación de medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución. El bloqueo político, en su primera fase del llamado procés, hubiese impedido las conductas penales posteriores y el crescendo del desafío que culminó en los meses de septiembre (leyes de desconexión) y octubre (referéndum ilegal) de 2017. Rajoy nunca supuso que la deslealtad de CiU llegase hasta donde llegó.

Opinión

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Y en ese trance insurreccional nació Vox como un fenómeno reactivo (logró entrar en las instituciones autonómicas de Andalucía en 2018) y también representativo de un revivido integrismo español que se remite, más que a la nostalgia del franquismo, a una España oscura propia del siglo XIX y que adopta algunas de las características de sus homólogos occidentales: nacionalismo de afirmación y de respuesta; brotes de xenofobia; integrismo moralizante; negacionismos varios y esa vitola conspirativa tan del gusto de los radicalismos de ambas orillas. Tanto en la anterior legislatura (52 escaños) como en la actual (33 escaños), Vox se ha convertido en la tercera fuerza política en el Congreso y ha generalizado su presencia autonómica, provincial y municipal.

Vox ha sido la coartada —y sigue siéndolo— para que el discurso de Pedro Sánchez se permita argumentaciones que galvanizan al progresismo. Los de Abascal le han ofrecido en bandeja esa posibilidad, acentuando los peores perfiles de su radicalidad que alcanzaron su máxima expresión a lo largo del mes de julio pasado con la torpísima operación de urdir coaliciones electorales autonómicas a destiempo y con pirotécnica ultra cogiendo a contrapié a los populares. Causa estupor la irresponsabilidad de los dirigentes de Vox en el manejo de sus relaciones con el PP. Y lo causa tanto la inoperancia de los conservadores en el teatro de operaciones del pasado verano, en el que despilfarraron poco a poco todas las muchas bazas de que disponían para gobernar tras el 23 de julio. Sánchez —sin que la mayoría de sus votantes pudieran adivinar los delirantes y sectarios pactos para conseguir su investidura— supo sacar réditos de tanta equivocación y falta de mesura.

La suma de los efectos diferidos del Pacto del Tinell, los errores y omisiones del Gobierno del PP entre 2011 y 2018, de las políticas memoriales con propósito estigmatizador y de la significación de Vox, dieron el resultado que a la vista está. El apartheid de la derecha por la izquierda y el secesionismo (el muro) se explica torticeramente, y se reitera ahora, sobre la falsilla de la extrema derecha, que ofrece un día sí y otro también muy buenas razones para la aversión. De modo que las cosas están bastante claras en función del país que tenemos y de la sociedad que la habita: mientras Vox exista y siga por el camino que ha emprendido y el PP no establezca una estrategia para absorber el espectro electoral a su derecha, Sánchez seguirá donde está y se irá consumando su propósito destituyente.

De hecho, el seguro de vida del socialista son Abascal y su organización, a los que el secretario general del PSOE tratará de perpetuar, aunque su connivencia con golpistas y filoetarras y con los radicalismos que él asume y protagoniza le retiren toda autoridad política y moral para reprochar nada a nadie bajo ninguna circunstancia. Porque si de alguien no se puede admitir lección, ni política, ni mucho menos moral, es de Pedro Sánchez. Esta desautorización ética al presidente del Gobierno es la que, como ayer en Madrid, seguirá movilizando tan insospechadamente a amplios sectores de la sociedad española.