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Bolaños y el fortín de la Moncloa
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José Antonio Zarzalejos

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Bolaños y el fortín de la Moncloa

La mesa con Puigdemont, reunida ayer en Ginebra, verificación mediante, es un episodio que, entre lo grotesco y lo alegal, constituye un formidable error de juicio democrático y cívico de Sánchez, que acapara todo el poder

Foto: Bolaños, en un acto del 45 aniversario de la Constitución. (Europa Press/A. Ortega)
Bolaños, en un acto del 45 aniversario de la Constitución. (Europa Press/A. Ortega)
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Pedro Sánchez ha optado por un modelo de Gabinete sin antecedentes en el ya largo sistema democrático (ver real decreto 829/2023 de 20 de noviembre, BOE del día siguiente). Por una parte, ha dispersado el poder de sus ministros y, por otro, ha centralizado en la Moncloa las palancas de ejecución de sus propósitos para esta legislatura. La dispersión ha consistido en crear ministerios de escasa dimensión, con acervos competenciales más propios de secretarías de Estado, incluso de direcciones generales. Es el caso de los departamentos de Juventud e Infancia (Sira Rego) y del de Trasformación Digital (José Luis Escrivá), pero podría serlo también, de haber ajustado las proporciones burocráticas, de áreas ministeriales como Igualdad (Ana Redondo) y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (Pablo Bustinduy). Esta sobreabundancia de ministros se debe más a las exigencias de reparto de carteras en un Gobierno de coalición que a necesidades objetivas de gestión y responde también a un proyecto característico de un gobernante codiciosamente dominante.

Concentración de poder

Tan indicativa como esta estrategia de dispersión que conforma ministros sin peso competencial, es el mantenimiento de los llamados de Estado (Defensa, Asuntos Exteriores, Hacienda y Función Pública, Interior), incluso reforzados; también la significación vicepresidencial, tan amplia cuanto quiera el presidente que la ha utilizado para empoderar formalmente a cuatro de sus colaboradoras, (Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Ribera y María Jesús Montero) y, sobre todo, la fusión en un solo departamento ministerial de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que ha correspondido a Félix Bolaños, que en etapas anteriores fue secretario general de la Presidencia y, desde 2021 hasta su nuevo nombramiento, ministro que sustituyó a Carmen Calvo. El presidente ha creado un macro ministerio al que solo ha desprovisto de la memoria democrática que corresponderá gestionar al titular de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres.

Las estructuras gubernamentales disponen de un alto valor de interpretación política. Pedro Sánchez se ha llevado al recinto físico de la Moncloa, sede del ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, las competencias del ministerio de Justicia. La proximidad personal entre el presidente y Félix Bolaños es un dato importante porque la mayoría de los ministros despachan con el jefe del Gobierno de una forma irregular e, incluso, le ven semanal y únicamente en las sesiones del Consejo. Es una absorción de competencias prácticamente absoluta.

Foto: El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

Como ministro de Justicia, Félix Bolaños es notario mayor del Reino, ejecuta la política gubernamental de desarrollo de todo el ordenamiento jurídico, es responsable de la política de apoyo a la Administración de Justicia, de la cooperación jurídica internacional, de la asistencia jurídica del Estado (del ministro depende la Abogacía del Estado) y es competente de forma directa en las propuestas de concesión del derecho de gracia (hasta ahora, solo indultos motivados y personales, pero de inmediato también de la amnistía que aprueben las Cortes Generales). Además, preside la Comisión General de Codificación, el Centro de Estudios Jurídicos y la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia. Es estratégica la función del ministro de Justicia en su relación con el fiscal general del Estado al que, a su través, el Gobierno puede interesar la promoción de actuaciones "en orden a la defensa del interés público" (artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).

El exorbitante presidencialismo

A estas competencias, Félix Bolaños añade las propias del ministerio de la Presidencia, un departamento de coordinación general, con su titular en todos órganos colegiados (Comisiones delegadas, de subsecretarios, de secretarios de Estado) y que asume la secretaría del Consejo de ministros, además de tener adscritos la Agencia Estatal del Boletín del Estado, el Centro de Estudios Políticos y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De él depende también el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Y en tanto en cuanto es responsable de las Relaciones con las Cortes, vehicula toda la interlocución de la Moncloa con el Congreso y con el Senado.

Esta reformulación gubernamental perfila, ya definitivamente, un nuevo presidencialismo en el sistema institucional español, que es coherente con la concepción del poder acaparador en la que milita Pedro Sánchez. Puesto que la coalición le impide margen de maniobra con los ministros de la cuota de Sumar, adelgaza sus competencias y acumula a su lado y con un político de su confianza los instrumentos decisivos necesarios para la ejecución, además de otros, de los acuerdos de investidura (ERC, Bildu, PNV y JxCat), entre ellos la mesa con Puigdemont, reunida ayer en Ginebra (Suiza), verificación mediante, un episodio que, entre lo grotesco y lo alegal, constituye un formidable error de juicio democrático y cívico de gravísimas consecuencias.

Esta reformulación gubernamental perfila un nuevo presidencialismo que es coherente con la concepción del poder de Sánchez

Según el real decreto 890/2023 de estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno del pasado día 27 de noviembre (BOE del día siguiente), Pedro Sánchez en su condición institucional se sirve directamente del Gabinete, de la secretaría general de la presidencia, de la dirección adjunta al Gabinete, de la secretaría general de planificación política, de la secretaría general de políticas públicas, asuntos europeos y prospectiva estratégica, de la secretaría general de asuntos exteriores, de la oficina de asuntos económicos y G-20 (su titular tiene ya categoría también de secretario de Estado) y de la secretaría de Estado de comunicación que monitoriza a la portavoz gubernamental Pilar Alegría. El aparato presidencial pisa las competencias de prácticamente todos los ministerios.

Bolaños, ejecutor

El complejo de edificios que componen la Moncloa se ha convertido, más que con presidentes anteriores, en un referente del nuevo presidencialismo, en un fortín, un tanto desorbitado, que ofrece perfiles contradictorios con la supuesta diversificación del poder que implica una coalición gubernamental y con la estanqueidad ministerial —siempre relativa— con la que funcionaba el modelo ejecutivo español. Dejar de subrayar este aspecto de apariencia técnica, pero de calado político, sería una omisión en el análisis de los modos de sesgo autocrático en los que Pedro Sánchez ejerce el poder. Él lo controla con una urdimbre administrativa amplísima que compensa con holgura las servidumbres de su pacto con Yolanda Díaz y Sumar y le retrata personal y políticamente. En ese contexto, el papel instrumental de Félix Bolaños cobra todo su sentido.

Al ministro triplicado le es aconsejable que, aunque sirva fielmente a los propósitos del presidente, guarde prudencia declarativa y valorativa porque de lo contrario podría abrasarse en muy pocos meses a tenor del ritmo de contradicciones (hasta con la Unión Europea) y yerros en los que ya ha incurrido. Aunque en los planes de Sánchez se incluya su autoinmolación, tampoco tiene que precipitarse en su extinción política.

Pedro Sánchez ha optado por un modelo de Gabinete sin antecedentes en el ya largo sistema democrático (ver real decreto 829/2023 de 20 de noviembre, BOE del día siguiente). Por una parte, ha dispersado el poder de sus ministros y, por otro, ha centralizado en la Moncloa las palancas de ejecución de sus propósitos para esta legislatura. La dispersión ha consistido en crear ministerios de escasa dimensión, con acervos competenciales más propios de secretarías de Estado, incluso de direcciones generales. Es el caso de los departamentos de Juventud e Infancia (Sira Rego) y del de Trasformación Digital (José Luis Escrivá), pero podría serlo también, de haber ajustado las proporciones burocráticas, de áreas ministeriales como Igualdad (Ana Redondo) y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (Pablo Bustinduy). Esta sobreabundancia de ministros se debe más a las exigencias de reparto de carteras en un Gobierno de coalición que a necesidades objetivas de gestión y responde también a un proyecto característico de un gobernante codiciosamente dominante.

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