Alerta ante el relevo de los cinco árbitros decisivos del sistema

El nepotismo es una práctica política que se remite a la antigua Grecia, que cobró carta de naturaleza en el Imperio Romano y que explica metafóricamente en las democracias actuales la tendencia detestable a hacer nombramientos para cargos públicos, no en función de los méritos y de la capacidad de los designados, sino en razón a su docilidad a los criterios de quienes eligen. Otro fenómeno histórico es el del vasallaje feudal, que establecía una relación de dependencia entre el siervo de la gleba y el señor, mediante una servidumbre constante.

Ambas referencias sirven para explicar lo que pasa en España ahora —y no solo aquí— y también antes, pero con una diferencia: por parte del presidente del Gobierno se despliega esa facultad feudal sin "decoro" (sic) según calificativo adecuado del editorialista de un medio sin duda progresista, que se refiere en este asunto a la "deriva" y el "desinterés" del Gobierno por "la apariencia de imparcialidad" de las personas que designa para importantes responsabilidades.

Existe una tercera referencia en esta cuestión: que el Estado, ya en subasta por las decisiones de Pedro Sánchez con los independentistas, incorpore al arsenal de contrapartidas que está dispuesto a negociar las presidencias de las entidades reguladoras y de vigilancia y/o los puestos en los órganos colegiados de estos organismos. Si así fuese, el Estado aceleraría su proceso de dilución después del acelerón del pasado martes en el Congreso, en el que tanto Junts como ERC, a propósito de la amnistía, advirtieron que su doble objetivo es el referéndum de autodeterminación y el ajusticiamiento moral y político de los jueces, nominativamente expresado por la portavoz de Puigdemont en la Cámara baja, Míriam Nogueras. Todo eso ante la impasibilidad del grupo parlamentario del PSOE, que acaba de acordar con EH Bildu desalojar a la alcaldesa de Pamplona (UPN) para que la ocupe uno de los concejales abertzales. Todo está discurriendo como un sistemático y vertiginoso proceso de demolición constitucional.

Ciertamente, no hay precedente de que el máximo responsable de la Agencia EFE, haya desempeñado antes la secretaría de Estado de Comunicación en el mismo Gobierno que le nombra para una función que se supone profesional. Tampoco lo hay de que un embajador de España ante las Naciones Unidas no sea diplomático, sino exministro de Industria y sin títulos académicos que le acrediten para desarrollar una labor estratégica en las relaciones internacionales. Fue nuevo, en su momento, que la ministra de Justicia pasase a ostentar la condición de fiscal general del Estado y lo fue también que, prácticamente sin solución de continuidad, un exministro, también de Justicia, se convirtiese, al mismo tiempo que una directora general de la Moncloa, en magistrados de Tribunal Constitucional. Este ramalazo autocrático lo glosó con especial acierto Ángel Villarino el pasado día 8 en este periódico.

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Lo que hasta este momento de la recién nacida XV legislatura hemos contemplado en el apartado de nombramientos que requieren apariencia de imparcialidad podría ser lo de menos. Lo más importante —si todo lo anterior no lo fuera, que lo es— llega en los próximos meses y años: la renovación de las presidencias de los organismos reguladores con estatutos jurídicos singulares (duración tasada y cese solo en supuestos determinados). Se trata de cargos públicos que ostentan competencias decisivas, determinantes en el buen funcionamiento de los sectores económicos y la vigilancia sobre grandes magmas empresariales e, incluso, sobre determinada gama de decisiones del Gobierno.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, una abogada de prestigio internacional en su área de especialidad, fue nombrada en junio de 2020 por un mandato de seis años sin posibilidad de renovación, de modo que será este Gobierno el que nombre a su sucesor en 2026. La CNMC es el organismo regulador más importante porque abarca la vigilancia y transparencia de los sectores regulados (energía, telecomunicaciones, sector postal, transportes ferroviarios y aeroportuarios y medios audiovisuales) y Pedro Sánchez ya anunció en su investidura que quiere reponer la Comisión Nacional de la Energía, lo que es una amputación arbitraria de la CNMC cuyas sinrazones debieran explicitarse con urgencia. Además, en esta Comisión debe nombrarse hasta cinco consejeros. Nombramientos —el de la presidencia y vocalías— que van a entrar (no deberían) en el blindaje del Gobierno y en el reparto con sus socios.

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El gobernador del Banco de España —miembro también del Consejo de Gobierno y del Consejo General del Banco Central Europeo— fue nombrado por seis años —Pablo Hernández de Cos— en 2018, de modo que el año que viene debe ser renovado, a pesar de que solicitó ante el Congreso que su nombramiento fuese parlamentario y por ocho años. El Gobierno solo estimó el requerimiento del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores —Rodrigo Buenaventura—, que logró que se prolongase su mandato de cuatro a seis años. También él será suplido en 2026. En ese año, igualmente, será relevada la presienta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF), Cristina Herrero Sánchez, que fue nombrada en octubre de 2020 por seis años. Por fin, vencerá la presidencia de José Luis Rodríguez Álvarez en Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, cargo para el que fue nombrado por cinco años en octubre de 2020. La denominación de ese instituto ya proclama su importancia. Todos estos organismos están adscritos a ministerios (en especial, a Economía y a Hacienda).

El potencial de poder que acumulan estos cargos —menos notorios que otros como la fiscalía general del Estado o la Agencia EFE, sin olvidar otros como el CIS, el INE o RTVE— es realmente impresionante y el sistema encallará si persiste la indecorosa política de Sánchez y su Gobierno, sea para protegerse creando una red de vasallaje, sea para repartir los mecanismos al servicio del Estado entre sus socios parlamentarios. No debe olvidarse que, aunque en ningún caso la intervención del Congreso es decisiva en estos nombramientos, sí es importante. De ahí que la oposición, ante la aquiescencia permanente de los grupos gubernamentales y asociados, deba utilizar las comparecencias para obtener la idoneidad de los aspirantes con el rigor (no con sectarismo) necesario.

Si Feijóo se decide a entablar algún tipo de negociación para lograr pactos con Sánchez (altamente improbable tras la jugada del PSOE en el ayuntamiento de Pamplona), no olvide que, además de renovar el Consejo General del Poder Judicial, —lo que sería posible si PSOE y PP abandonan el nepotismo y optan por la competencia técnica y la independencia ideológica y política de sus candidatos— todos los reguladores son de vital importancia para el funcionamiento del Estado. Hay materia para un pacto de Estado más allá del que desearía Pedro Sánchez, que pretende reducirlo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces sobre el que gravita un criterio cuasi vinculante de la Unión Europea en sus informes sobre la situación de nuestro maltrecho Estado de Derecho. Aunque ya ni la UE le importa tras su reductio ad Hitlerum —absolutamente inédito— en el Parlamento Europeo.