La hematuria de Pedro Sánchez y el colapso de Yolanda Díaz

A mediados del pasado mes de agosto, el entorno de Carles Puigdemont filtró que el expresidente haría “mear sangre” a Pedro Sánchez (la hematuria es el término médico que diagnostica sangre en la orina). La expresión, sin duda muy plástica pero procaz, aludía a la dificultad de superar la desconfianza que los secesionistas catalanes más radicales experimentaban respecto del secretario general del PSOE y a su determinación de elevar al máximo sus umbrales de exigencia en las negociaciones entre JxCAT y el PSOE.

El acuerdo entre ambas formaciones se suscribió en Bruselas el pasado 9 de noviembre por Santos Cerdán, secretario de Organización de los socialistas, y Jordi Turull, secretario general del partido que lidera el expresidente de la Generalitat de Cataluña. En el texto del acuerdo, en el que Sánchez accedió de forma irresponsable a todas las contrapartidas que se le plantearon, el compromiso nuclear consistía en investirle presidente del Gobierno y mantener “la estabilidad de la legislatura”, pero si se producían “avances” y se “cumplían” los acuerdos que resultasen de las negociaciones permanentes entre las dos formaciones.

Para el PSOE, el pacto de Bruselas era de legislatura; para los junteros, solo de investidura y se alcanzó después de que Yolanda Díaz legitimase a Carles Puigdemont como interlocutor, visitándole en Bruselas con amplia cobertura mediática (9 de septiembre) y tras un encuentro, igualmente público y en dependencias del Parlamento Europeo, de Santos Cerdán, Iratxe García, presidenta del grupo de la Alianza de Socialistas y Demócratas en la Cámara legislativa de la UE, y Javier Moreno, jefe de la delegación parlamentaria del PSOE, con Puigdemont y Turull (30 de octubre). La reunión —de la que se distribuyeron imágenes, pero no audio— se celebró en una sala en cuya pared frontal colgaba una fotografía de gran tamaño con una escena del 1-O de 2017, retirada previamente de una exposición en la institución comunitaria por estimar sus responsables que infringía sus normas internas.

Puigdemont consiguió que el propio Sánchez se comprometiese con la amnistía (lo que hizo el 28 de octubre ante el comité federal del PSOE) y que antes de su investidura (votada el 15 y 16 de noviembre) se presentase por el grupo parlamentario socialista en el registro del Congreso de los Diputados la proposición de ley orgánica de “amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”, lo que se produjo, sin las firmas de ningún otro grupo parlamentario, el 13 de noviembre. De tal forma que Pedro Sánchez cumplía paso a paso todas y cada una de las exigencias de Puigdemont reflejadas en el pacto de Bruselas. Por fin, el 29 de noviembre, se reunió en Zúrich (Suiza), por primera vez, la mesa de negociación entre socialistas y junteros con presencia de un mediador internacional (el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez), según lo previsto en el punto tercero del pacto de Bruselas.

El presidente del Gobierno ha podido comprobar que, efectivamente, presenta un cuadro político de hematuria del que le previno Puigdemont

Estos episodios y las fechas en que se produjeron son de significación necesaria para valorar hasta qué punto Pedro Sánchez y su equipo gubernamental han jugado con fuego y se han terminado por abrasar. Si creían que todas esas sumisiones y contrapartidas y la propia proposición de ley de amnistía serían medidas que eximiesen del rigor cogobernante que alienta el pacto de Bruselas, ya han comprobado su equivocación. Aprobar tres reales decretos leyes el pasado mes de diciembre como si el Ejecutivo de coalición dispusiese de una mayoría parlamentaria similar a la de la anterior legislatura ha sido una auténtica temeridad. Por eso, la tarde de ayer fue dramática para la coalición gubernamental, que salvó dos de las tres normas con nuevas contrapartidas en pago a la abstención de los siete diputados junteros (traspaso a la Generalitat de las competencias de inmigración, asunto delicadísimo allí por la emergencia de la ultraderecha secesionista xenófoba de Alianza por Cataluña, supresión del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento, incentivos para el regreso de empresas a Cataluña y publicación de las balanzas fiscales).

No se ha reparado, ni en la Moncloa ni en Ferraz, en que fue el propio presidente del Gobierno el que incluyó arbitrariamente en la nueva mayoría al partido de Puigdemont en la misma noche del 23 de julio: “Somos más”, proclamó el líder socialista amarrando su suerte y la de su partido a la del más radical de los secesionismos catalanes. Un independentismo que, además, jamás ha circulado por el carril del progresismo, por más que desde Ferraz y desde la Moncloa se le haya endilgado semejante etiqueta, en la que Puigdemont nunca se ha reconocido. Su perfil ideológico, sus propósitos políticos y su estrategia nada tienen que ver ni con Sánchez, ni con Díaz, ni siquiera con lo que representan en este momento Junqueras y Rufián. Obviamente, España se constituye para él y los suyos solo como un mercado, como un ente territorial subordinado.

Escribió Friedrich Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos que “el poder idiotiza”. Y, seguramente, ha idiotizado al presidente del Gobierno haciéndole suponer, erróneamente, que su capacidad versátil y la imposibilidad absoluta de que todos y cada uno de sus socios puedan prescindir de su mando eran circunstancias que le transformaban en invulnerable. La singularidad acerada de un personaje como Carles Puigdemont y su férreo control sobre el cuadro de mandos de su partido rompieron ayer los esquemas hasta ahora vigentes tal y como los ha venido manejado Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha podido comprobar que, efectivamente, presenta un cuadro político de hematuria del que le previno Puigdemont. Nadie lo había conseguido hasta el momento. Y nunca desde 2018 hasta el día de ayer se había producido un fracaso político, táctico y parlamentario como el que aconteció en el Congreso reunido en la sede del Senado. Salvar dos de los tres reales decretos leyes en esas condiciones evoca a las manidas victorias pírricas que son las peores derrotas.

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La advertencia de Carles Puigdemont no ha podido ser más expresiva, ni más contundente y, en el fondo, más inteligente, porque ha llevado a Sánchez y a su Gobierno hasta el borde del precipicio y ha evitado el empujón que lo hubiese arrojado al vacío, a cambio, eso sí, de contrapartidas suculentas. El mensaje último es tan deslumbrante que hiere los ojos: el mando remoto de la gobernación del Estado está en posesión de Carles Puigdemont. Y esa evidencia obliga a Pedro Sánchez a revisar su manera altiva y prepotente de gobernar, sencillamente porque el suyo es un poder en precario, la suya ha sido una investidura puramente instrumental y la legislatura, una oportunidad histórica para el secesionismo catalán, no para España ni para los intereses solidarios del conjunto de la ciudadanía.

Y si Sánchez y el PSOE recibieron ayer una lección que difícilmente olvidarán, Yolanda Díaz colapsó. Los cinco diputados de Podemos, elegidos en las listas de Sumar, ya en el grupo mixto, tumbaron con su voto contrario el Real Decreto-ley 7/2023 de 19 de diciembre, inspirado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, por el que se modificaban, entre otras previsiones, el Estatuto de los Trabajadores, el Texto Refundido de la ley de la Seguridad Social (sobre cobertura del desempleo) y la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La lideresa de Sumar fracasó en las elecciones generales porque no alcanzó el registro de 2019 de Unidas Podemos, fracasó cuando pretendió cohesionar el reducido grupo parlamentario de 31 diputados del que desertaron los cinco de Podemos y fracasó ayer al no poder disuadir a los morados de evitarle el varapalo, a ella y al propio Sánchez. Venganza en frío. Como complemento gubernamental del PSOE, Sumar y la propia Yolanda Díaz han fallado. Si el 18 de febrero próximo la ministra de Trabajo no es profeta en su tierra gallega, su futuro político queda en el aire y ese constructo que se plasma en Sumar, descompuesto.

En otro momento, en fin, habrá que insistir en la técnica legislativa fraudulenta del Gobierno mediante reales decretos leyes abusivos, con contenidos heterogéneos que arrebatan a las Cortes sus facultades legislativas y deliberadamente laberínticos y abstrusos. Normas oportunistas e ilegítimamente expansivas de sus competencias constitucionales. En definitiva, ayer fue el Waterloo del Gobierno, al que escarmentó Puigdemont. El prófugo no lo dejará caer hasta que la amnistía se haya ejecutado de forma irreversible, pero lo pondrá tantas veces cuantas quiera en un brete existencial del que seguirá obteniendo réditos adicionales a los ya cobrados. La factura va a cargo de un Estado demediado y el espectáculo insoportable agravia la dignidad de los ciudadanos en una democracia que se degrada día a día.