Amnistiar a Rajoy y, tal vez, a Marchena

Por alguna razón anticipatoria e intuitiva, George Orwell escribió el siguiente párrafo en el capítulo tercero de su relato distópico titulado 1984:

“Saber y no saber, tener plena conciencia de algo que sabes que es verdad y al mismo tiempo contar mentiras cuidadosamente elaboradas, mantener a la vez dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer en ambas, utilizar la lógica en contra de la lógica, repudiar la moralidad en nombre de la moralidad misma, creer que la democracia era imposible y que el Partido era el garante de la democracia, olvidar lo que hacía falta olvidar y luego recordarlo cuando hacía falta, para luego olvidarlo otra vez. Y, por encima de todo, aplicar ese mismo proceso al propio proceso. Esa era la mayor sutileza: inducir conscientemente a la inconsciencia, y luego, una vez más, volverse inconsciente”.

El texto anterior explica exactamente la técnica que utilizan el presidente del Gobierno y sus portavoces. Todos ellos han absorbido un patrón dialéctico que les permite saber lo que es verdad, pero contar una mentira, manejar dos opiniones sabiendo que son contradictorias y repudiar la moralidad desde la moralidad misma. Esta impostura argumental crea una virtualidad permanente que al Gobierno le permite ir sobreviviendo penosamente al ahogamiento de sus contradicciones para arañar al calendario una jornada más en el poder.

Por eso, si ya la amnistía, otrora inconstitucional, se convirtió en "impecable" y en "instrumento fundamental" de la política gubernamental, ahora resulta que, tras sostener ardorosamente que jamás se amnistiarían los delitos de terrorismo, resulta que sí, que también entran en el lote de la impunidad, con un requiebro que atenta no solo al más elemental principio de interpretación jurídica, sino también a la inteligencia de los ciudadanos porque se afirma enfáticamente que existe un terrorismo que no atenta contra los derechos humanos, todo un hallazgo. Fórmula normativa que, lejos de asegurar el pago que reclaman secesionistas, introduce conceptos jurídicos indeterminados que a los jueces y tribunales les abren campos más extensos de interpretación en la aplicación de la futura ley. Así, además de mendaces —“hemos mantenido nuestra línea roja”— son, en la misma medida, incompetentes, noticia, no obstante, que no sorprende porque la torpeza en la técnica legislativa —propiciada tanto por la ignorancia como por el sectarismo— es marca de la coalición anterior y de la vigente.

Siendo el desatino de la amnistía un asunto trascendental para la subsistencia de la democracia constitucional en España, es todavía más inmoral la pretensión paralela de justificarla mediante otra estratagema orwelliana consistente en compensar las culpas de los amnistiados con las supuestas de sus adversarios. Me refiero, claro es, a la denominada operación Cataluña, una presunta trama propia de las cloacas del Estado que habría hostigado a los ingenuos, buenistas y salvíficos secesionistas de septiembre y octubre de 2017, hasta convertirlos en víctimas del Estado que ahora, en el restablecimiento de la más elemental justicia, les amnistía. Es el paso último: convertir en reos a los políticos y a los jueces que defendieron la legalidad infringida por la legión de futuros amnistiados.

No solo: los políticos y sus formaciones y los medios que defienden a brazo partido la amnistía reclaman fogosamente la punición a los supuestos implicados en esa presunta operación. Son los mismos portavoces y medios que editorializan a favor del encuentro, la concordia, la convivencia como argumentos favorables al olvido de los delitos del secesionismo, pero que publican titulares y reconvenciones como estos:

Opinión

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1) "Cataluña: explicaciones pendientes" (“Los independentistas se han escudado en su grotesca amenaza de repetir la operación secesionista para no dar explicaciones ni siquiera a sus partidarios. Y a Rajoy y a los populistas les han bastado el silencio y el olvido de sus desgraciadas ocurrencias políticas. Están a la vista los puntos de coincidencia entre ambos, el independentismo procesista y el Partido Popular que lo combatió con tanta indolencia como torpeza (...) lo peor del caso es que sigan ahora coincidiendo en su dificultad para someter a escrutinio sus decisiones, asumir sus responsabilidades y ofrecer las debidas explicaciones públicas e incluso las disculpas que siguen debiendo a todos los ciudadanos”);

2) "El TSJC investiga la operación Cataluña" (“Pero no es hora de afearle el retraso [a la Justicia] sino de aplaudirla porque al fin se ha decidido a intervenir, y de animarla a que amplíe su investigación, de tal modo que ninguno de los delitos englobados en la operación Cataluña quede sin su correspondiente sanción”).*

El propósito conjunto de esta colusión tácita o expresa entre el Gobierno y determinados medios de comunicación reside en el objetivo de transformar la naturaleza de los comportamientos, de manera que unos ilícitos merezcan el olvido y el perdón porque, supuesta o probadamente, hubo otros inolvidables e imperdonables. Se sigue de todo esto que Mariano Rajoy es tan o más culpable que los independentistas del golpe constitucional de 2017 y que el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, y los demás miembros del tribunal son responsables de la detestable práctica del lawfare y, en consecuencia, han de sentarse en el banquillo o, como poco, someterse a un inquisitorial escrutinio de la señora Nogueras y del señor Rufián en una comisión ad hoc en el Congreso.

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Habría una salvedad: García-Castellón quedaría excluido del beneficio. Porque, como escribió Orwell, este Gobierno olvida “lo que hacía falta olvidar y luego lo recuerda cuando hacía falta, para luego olvidarlo otra vez”. Estamos instalados en una realidad política y jurídica distópica. Creímos que la distopía era un género de ficción y resulta que consiste en una crónica del presente.

*Editoriales de El País de 21 de enero y de La Vanguardia de 23 de enero.