El fracaso del segundo golpe

La proposición de ley que tumbó Carles Puigdemont el 30-E en el Congreso no era, como se decía por quienes la apadrinaban, “robusta”, “constitucional” e “impecable”. Muy por el contrario, se trataba de un texto transaccional, jurídicamente impresentable y políticamente pernicioso. De haber prosperado, lo hubiera hecho también el segundo golpe constitucional después del igualmente fallido de septiembre y octubre de 2017. La proposición de ley pretendía no solo la impunidad de los que perpetraron el primero, sino establecer también las condiciones idóneas para volver a descargarlo, debidamente adaptado a las circunstancias.

Si el proceso soberanista fue “un golpe de diseño”, en acertada definición de Daniel Gascón ( El golpe posmoderno, Editorial Debate, 2018), la impunidad de su perpetración mediante la amnistía también lo sería, porque consistía en obtener la deslegitimación de las instituciones democráticas y, como consecuencia, la legitimación de una operación destructiva del sistema vigente. Los secesionistas son conscientes de que no es mecánicamente repetible el otoño de 2017. Las consignas de “lo volveremos a hacer” o de “no vamos a parar” no albergan nostalgia de aquellos hechos, sino la promesa de que se intentará el mismo objetivo por otros medios y con distinta coreografía.

Estaban consiguiéndolo. El azar de que los escaños independentistas fuesen decisivos en la gobernación de España, en combinación con el entreguismo del secretario general del PSOE que en la noche del 23 de julio del pasado año unió sus diputados a los de Puigdemont, Junqueras y Otegi (“Somos más”), creó un escenario increíblemente idóneo para sus propósitos en el que impondrían un guion de subordinación completa a sus objetivos de los poderes ejecutivo y legislativo de la democracia española. El proceso de dominación secesionista de la voluntad de Sánchez y de su PSOE ha sido progresivamente procaz desde julio de 2023, hasta llegar a la apoteosis del 30-E.

Los pactos suscritos por Félix Bolaños y Oriol Junqueras y por Santos Cerdán y Jordi Turull, junto con la exposición de motivos de la proposición de ley de la amnistía, reformularon el relato histórico, social y político de lo que sucedió en Cataluña hasta extremos caricaturescos. La exigencia, cumplida por Pedro Sánchez, de arrastrar al PSOE a una mesa clandestina e itinerante fuera de España, mediador incluido, y con órdenes del día opacos, estableciendo un circuito de decisiones paralelo al institucional, dio como resultado la inflamación de la línea discursiva —prepotente, tosca, injuriosa— de la portavoz parlamentaria de Carles Puigdemont y de sus gregarios de ERC. El 10 de enero pasado, los fanáticos que tan condescendientemente los medios próximos al Gobierno describen como “derecha conservadora independentista” ya advirtieron a Pedro Sánchez de que el perro ladrador en este caso era también mordedor.

De no haber sido porque el poder judicial sintió el aleteo de su propia agonía ante la certeza de que se estaba consumando el segundo golpe secesionista, la proposición de ley de amnistía estaría hoy aprobada por el Congreso. La incursión para desactivar al Estado encalló en el último asalto —a los jueces y tribunales— a pesar de las facilidades que Pedro Sánchez y el PSOE le sirvieron a Puigdemont al incorporar en el preámbulo de su pacto la certeza de que en nuestro país se había producido una persecución judicial de intención política contra el secesionismo (el lawfare).

Francina Armengol, por esa razón, no tuvo el menor reparo en escuchar plácidamente a los portavoces de ERC y de Junts proferir toda clase de exabruptos contra los jueces (“prevaricadores”, “indecentes”, “patrioteros”, “franquistas”), acreditando que, efectivamente, han sido las togas y no el Gobierno el que ha parado el segundo golpe constitucional. Lo han frenado con tanta eficacia que hasta el propio Sánchez se ha detenido justo al borde del precipicio: ni siquiera él —que quiere resguardar su reputación ante la Unión Europea y en otros círculos internacionales en los que podría localizarse su propio futuro— ha estado en condiciones de parecer luminosamente un autócrata, aunque lo sea. Porque el rasgo autocrático de nuestros tiempos es el del dirigente electo que esgrime su legitimidad consensual y electoral contra la que ostentan otros poderes públicos y, singularmente, el judicial. La clave de bóveda de la ofensiva de Junts, apoyada por el propio PSOE, aunque desde la retaguardia, consistía en encerrar en tablas a los jueces y tribunales.

Opinión

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Marta García Aller

Puigdemont es un político terrible. Pero Sánchez también lo es. No van a desistir, el uno de lograr la impunidad y deslegitimar al Estado, y el otro de seguir en el Gobierno por alto que sea el precio y hasta que transite a otro destino de poder. Ocurre, sin embargo, que se ha desatado ya una dinámica de defensa constitucional que el poder judicial tampoco puede perder, porque si ambos dirigentes se imponen a los jueces —cuya legitimidad de ejercicio reside en atenerse al principio de legalidad—, el segundo golpe se perpetraría: la amnistía revocaría las decisiones de los tribunales, del Gobierno, del Tribunal Constitucional, contradiría el discurso del Rey de 3 de octubre, desvencijaría la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante la ley y abriría la siguiente fase de deconstrucción constitucional: un referéndum consultivo al amparo (fraudulento) del artículo 92, de ámbito nacional, pero en el que se territorializarían los resultados en Cataluña y el País Vasco.

Y a partir de lo anterior, la bilateralidad confederativa —que ya está en marcha— alcanzaría carta de naturaleza. Advirtió en el Senado el presidente de la Generalitat (19 de octubre de 2023), Pere Aragonès, que “la amnistía es el punto de partida y el destino es votar la independencia”. Se ha esquivado, de momento, solo de momento, el segundo golpe de diseño. Pero el propósito de infligírselo a la Constitución sigue ansiosamente ahí.