España, capital Bruselas o una variante más del ridículo nacional

No por cita tópica ha perdido vigencia y valor. Josep Tarradellas dijo que en "política se puede hacer de todo menos el ridículo". Y es ridículo aquello que resulta risible por extravagante, o por raro o por excéntrico y sin sentido. Son ridículas, además de lesivas, las políticas del PSOE y de Sumar de negociar la investidura del presidente del Gobierno de España en Bruselas y es ridículo pactarla con un fugado de la justicia, Carles Puigdemont. Sigue siéndolo que el partido que gobierna la nación se reúna clandestinamente fuera de España con el expresidente de la Generalitat para transaccionar sobre asuntos que se ocultan a las instituciones democráticas y a la opinión pública. Y pasa de lo ridículo a lo patético que el Ejecutivo de coalición esté amarrado al duro yugo de los secesionismos catalán y vasco.

El error del PP

Todo lo anterior está dicho y repetido. Pero no se ha subrayado con énfasis el grave error que ha perpetrado el Partido Popular al reclamar la mediación de la Unión Europea para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Al hacerlo se ha unido a la dinámica de desinstitucionalización que apadrina Pedro Sánchez y, aunque los términos sean diferentes a la negociación de la investidura presidencial, Núñez Feijóo y su partido han mostrado tácitamente que el sistema democrático español no es capaz por sí mismo de cumplir con las obligaciones constitucionales y requiere, por eso, de arbitrajes de terceros. A esta tendencia atolondrada de subcontratar los servicios de instancias ajenas para resolver cuestiones internas se ha abonado —nada extraño en su caso— la vicepresidenta Yolanda Díaz, que para vender la bondad de su propuesta sobre la reducción de la jornada laboral ha esgrimido públicamente y a modo de aval la autorizada opinión al respecto del Papa Francisco, al que visitó de nuevo en el Vaticano el pasado viernes. La lideresa de Sumar, a este paso, podría prologar, como hizo en septiembre de 2021 con El Manifiesto comunista, una nueva edición de la encíclica Rerum Novarum (1891) de León XIII que inició la doctrina social de la Iglesia.

La desinstitucionalización

La Constitución en su artículo 122 y la ley orgánica del Poder Judicial establecen los mecanismos de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Ocurre que ninguna instancia institucional ha cumplido con los mandatos legales. No lo ha hecho, en primer lugar, el propio Partido Popular y tampoco desde agosto de 2018 —cuando fueron avisados por el dimitido presidente del Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, del vencimiento de los mandatos de los miembros del CGPJ— los presidentes del Congreso y del Senado. Por su parte, el PSOE ha acrecentado la crisis con modificaciones oportunistas de la ley orgánica reguladora de este órgano constitucional hasta llegar a bloquear sus funciones más perentorias, causando grave daño a la administración de la justicia.

Acudir al arbitraje de Bruselas, concretamente al del comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, es una muestra de impotencia política e institucional, una manera de devaluar el sistema constitucional y una forma de proclamar a grito pelado que España está dotada de una arquitectura de integración de las decisiones políticas próxima a la ruina. Por lo demás, los sucesivos informes sobre el Estado de Derecho que emite anualmente la Unión Europea, en el caso del Consejo General del Poder Judicial, son meridianos: primero debe renovarse con la actual ley orgánica y luego negociar otra que homologue la designación de los doce vocales de procedencia judicial a los estándares de los demás países de la Unión que cuentan con este tipo de órganos de gobierno de los jueces.

Sucede que la primera parte —aplicar la ley vigente— no le gusta al PP (que pudo haberla cambiado con Mariano Rajoy cuando entre 2011 y 2015 dispuso de mayoría absoluta en las Cortes Generales para hacerlo) y la segunda disgusta al PSOE porque alberga la creencia de que la magistratura es mayoritariamente conservadora y que, si se convierte en cuerpo electoral de los vocales judiciales, el Consejo tendrá un indudable sesgo derechista. Ese desencuentro debió haberse resuelto en su momento en el ámbito que le es propio, el del pacto, como se infiere del mandato constitucional.

Opinión

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Entre las mesas de negociación paralelas a las instituciones que el PSOE ha establecido con el PNV, ERC y Junts y la salida de pata de banco del PP a propósito de la mediación europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial, la estructura institucional está desvencijada por los tirones destructivos de unos y de otros. El PP, con esta iniciativa, aunque resulte finalmente exitosa, ha dado cobertura a los circuitos extranjeros por los que deambulan el Gobierno y el PSOE y, así, reconocido que el sistema político español no funciona.

Entre el mediador salvadoreño Francisco Galindo y el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, hay una gran diferencia, pero también algunos reflejos de similitud. Ninguno de los dos forma parte del engranaje institucional nacional, son ajenos e irresponsables ante la sociedad española y carecen de legitimación democrática para asumir facultades arbitrales. Su presencia en los escenarios de la política española es intrusiva y propiciada por los aventados políticos que nos malgobiernan y de los que mal se oponen a ellos.

La Unión Europea es una referencia para asuntos de otra naturaleza como, sin ir más lejos, el asalto en Francia a los camiones españoles con productos perecederos, la competencia desleal a nuestra industria agropecuaria de países como Marruecos y el chovinismo recalcitrante de políticos galos —de izquierda y derecha— que amenazan gravemente a los agricultores y ganaderos españoles. La UE no está para resolver disensos domésticos de orden constitucional. Luego, unos y otros, reivindicarán la soberanía nacional mientras la socavan.

Habrá que añadir al artículo cinco de la Constitución que "la capital del Estado es la villa de Madrid", sin perjuicio de la excepción de que, en determinados casos, sea también Bruselas. Y habrá que recordar también la advertencia del Rey en su mensaje de Navidad del pasado 24 de diciembre: "debemos velar siempre por el buen nombre, la dignidad y el respeto a nuestro país".