El Gobierno y el poder (cuando Iglesias avisó a Sánchez)

Pablo Iglesias era vicepresidente segundo del Gobierno de coalición en enero de 2021. Entrevistado en Onda Cero, afirmó que se había dado cuenta de que "estar en el Gobierno no es estar en el poder". Lo explicaba con razones coherentes en una personalidad más propia de un activista que de un político, pero tuvo la lucidez de verbalizar la desconexión relativa de dos conceptos que en un Estado de derecho no se acoplan al cien por cien, ni deben hacerlo: el Gobierno y el poder. El poder es un concepto de perfiles amplios que hay que referirlo al Estado en su conjunto, y no siempre es visible, ni obvio, ni se expresa de manera netamente institucional. Por eso, quizás, Iglesias abandonó poco después el Ejecutivo y hoy se siente más auténtico en su labor de agitación mediática y en su perseverancia confrontativa.

Mucho antes de que Iglesias reconociese que el Gobierno se ejerce con unos límites incompatibles con la concepción antisistema de una ideología como la suya y la de su organización, en 2013, Jordi Pujol, se preguntó en una entrevista televisiva lo siguiente: "¿Pero qué coño es la UDEF?". El presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años aparentaba desconocer las funciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional que investiga los casos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal, habitualmente como Policía Judicial; es decir, bajo la dependencia funcional de los jueces de instrucción penal. Meses después, en julio de 2014, el expresidente de la Generalitat confesó públicamente disponer de cuentas opacas al fisco en Andorra. Fue sometido a un proceso de inhabilitación política y social y a una investigación judicial aún en curso. Algo tuvo que ver en su caso la UDEF.

Cabe enlazar los dos testimonios anteriores para subrayar que los estadistas son aquellos políticos que conocen el Estado y saben cómo hay que manejar los resortes propios del Gobierno, respetando la separación de poderes y manteniéndose en el espacio que les corresponde. Son muy diferentes a aquellos otros que, por razones varias, muchas de ellas debidas a una deficiente concepción democrática y a carencias de experiencia y formación, suponen que llegar legítimamente al poder les ofrece patente de corso para patrimonializar a su libérrimo criterio y de modo temerariamente expansivo las facultades que les son atribuidas por la Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico. Es lo que define la gestión de Pedro Sánchez: ha confundido hasta límites inaceptables el poder del Gobierno con el poder omnímodo.

La raíz de los males que aquejan al presidente, y también a su partido y al Gobierno de coalición, se localiza en su desvarío de disponer sobre lo que no es disponible en una democracia y en su pertinacia en no aceptar las reglas del juego, eludiéndolas materialmente al mismo tiempo que proclama que las respeta formalmente. Lo que está sucediendo con la proposición de la ley de amnistía es paradigmático. Saldrá o no la impunidad prevista para los socios de Sánchez, pero su aplicación será un episodio largo y penoso tanto en las instancias europeas como en las jurisdiccionales nacionales con cuya legítima intervención Pedro Sánchez no solo no ha contado, sino que ha despreciado. Por ahí van las mayores objeciones de la Comisión de Venecia a la amnistía que se debate.

Esta constante extralimitación en el ejercicio de los poderes gubernamentales estimula las defensas autoinmunes del sistema

El caso de presunta corrupción que afecta inicialmente a Koldo García y a José Luis Ábalos ha asaltado la supuesta fortaleza ética de este PSOE cuyo secretario general logró por primera vez en la historia democrática de España ganar una moción de censura contra su adversario —Mariano Rajoy— basándose en la escasa verosimilitud testifical del expresidente popular según una sentencia judicial que entonces se elogió (e instrumentalizó) hasta extremos exorbitantes.

Sin embargo, Sánchez ha demostrado que no ha sido capaz de controlar su organización (culpa in vigilando, desde luego) ni de gestionar a tiempo la crisis. Los vaivenes con el papel político de José Luis Ábalos (de ministro y secretario de organización del PSOE a la nada y de la nada a regresar al Congreso en las listas del 23-J) requerirían de unas cumplidas explicaciones, lo mismo que el comportamiento de la presidenta del Congreso, Armengol, en su gestión anterior como presidenta de Baleares, y del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Torres Pérez, en la suya de presidente de Canarias. Obviamente, en algún momento se tendrán que aclarar los términos exactos de reuniones y prestaciones que, en el mejor de los casos, antiestéticos, y en el peor, interesados, conciernen al entorno más próximo del líder socialista.

Un ministro es un cargo de servicio y no un cortafuegos para el presidente del Gobierno

Es incompatible con el buen funcionamiento del Gobierno, y delata una insensibilidad política gélida, que siga al frente de Interior Fernando Grande-Marlaska, cuyas decisiones —orgánicas y operativas— han sido revisadas y anuladas por el Supremo (el caso del coronel Pérez de los Cobos o la devolución en caliente de menores a Marruecos, entre otras) y duramente contestadas por el Congreso, que le ha reprobado hasta dos veces con la colaboración de socios gubernamentales.

Los asesinatos de dos guardias civiles en Barbate a manos de los narcotraficantes, en las circunstancias previas, simultáneas y posteriores en los que se produjeron, habrían provocado la dimisión o el cese inmediato del responsable de Interior en cualquier país. Un ministro es un cargo de servicio y no un cortafuegos para el presidente del Gobierno. Tampoco es aceptable la colonización de las instituciones (Fiscalía General del Estado, Tribunal Constitucional, embajadas, empresas públicas) mediante nombramientos en muchos casos nepotistas para urdir una red de poder subsidiario del propio que ostenta el Gobierno.

El establecimiento de un circuito político paralelo al institucional mediante pactos suscritos en el extranjero con el establecimiento de mesas de diálogo con órdenes del día opacas y que se reúnen fuera de España es un despropósito que manifiesta una prepotencia y un desdén por la dignidad del Estado sin precedentes y sin experiencias homologables en cualquiera de las democracias europeas. Más aún cuando se consuman con dirigentes políticos condenados por graves delitos y con fugados de la Justicia española.

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Esta constante extralimitación en el ejercicio de los poderes gubernamentales (incluyamos la exuberancia de los reales decretos leyes y no olvidemos el cuadro jurídico y administrativo que creó el Gobierno con la pandemia del coronavirus) estimula las defensas autoinmunes del sistema que se apresta a proteger los espacios que le son propios. Y llega la colisión en la que estamos, provocada por Pedro Sánchez en el ejercicio exorbitante de su magistratura.

La descomposición de la legislatura es la consecuencia del desbordamiento autocrático. Ya ha ocurrido antes en España. Y el síntoma de que esta situación no resulta sostenible consiste en la avalancha de informaciones, procedentes de distintas fuentes, que están arrojando lastre. Ocurre como con los océanos: la bajamar muestra la playa sembrada de desechos vertidos que la mar devuelve agredida por cuerpos extraños. Y es que, como avisó Iglesias, estar en el Gobierno no es estar en el poder, al menos, no en todo el poder del sistema. Sánchez no sabe convivir con los de otras instancias, y será así su propia desmesura la que le vaya marcando su declive.