La "claridad" vasco-canadiense para salvar la legislatura

Va a suceder exactamente lo mismo que con la amnistía. Hasta el 23 de julio, Pedro Sánchez, sus ministros y cualquier otro portavoz del PSOE descartaban que fuera constitucional, razón última por la que en ningún caso podrían barajarla. En mayo 2021, los votos socialistas en la Mesa del Congreso rechazaron una proposición de ley de amnistía presentada por los secesionistas. Los letrados del Congreso informaron negativamente la iniciativa. Y el Ministerio de Justicia, al frente del que estaba el hoy magistrado del TC Juan Carlos Campo cuando el Consejo de Ministros concedió en junio de 2021 los indultos parciales a los dirigentes del proceso soberanista, advirtió expresamente de que la amnistía era inconstitucional.

La volubilidad de criterio de los dirigentes del actual PSOE, y de Pedro Sánchez en particular, permite suponer que, si la amnistía ha sido posible con graves dificultades y que su aplicación será traumática, también lo sería un referéndum o una consulta (conceptos emparentados, pero no exactamente iguales) para testar el deseo colectivo de los catalanes de negociar con el Estado la segregación de Cataluña. La cuestión, explícita, se recoge en los textos de los acuerdos firmados por Félix Bolaños y Oriol Junqueras (noviembre de 2023) y por Santos Cerdán y Jordi (Pacto de Bruselas de noviembre de 2023).

El partido de Puigdemont fue muy concreto en el convenio con el PSOE: “Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Los republicanos firmaron un texto más difuso: “La necesidad de que los acuerdos alcanzados como resultado político del diálogo sean refrendados por la ciudadanía, lo que permitirá cerrar una cuestión pendiente, contribuir a cumplir una demanda amplia, sólida y transversal mantenida a lo largo del tiempo y favorecer un consenso sobre el futuro de Catalunya”. Unos y otros advirtieron de que la amnistía no era un punto de llegada sino de salida. O, en otras palabras, que el “reencuentro” es retórica socialista pero que a ellos no les concierne.

Los acuerdos de Sánchez con Puigdemont y Junqueras contemplan el referéndum de autodeterminación en Cataluña

Es obvio que el artículo 92 de la Constitución es un precepto inidóneo para el propósito que se contempla en el acuerdo entre el PSOE con Junts, lo cual, dicho sea de paso, tampoco sería un obstáculo invencible para Pedro Sánchez porque el presidente no entiende otra realidad que la que se crea en función de la necesidad de retener el poder. Los republicanos, sin embargo, buscan un procedimiento diferente para consumar su intención segregacionista: trasponer en España la llamada Ley de Claridad del año 2000 aprobada por la Cámara de los Comunes y el Senado de Canadá, en respuesta a los dos referéndums sobre la independencia de Quebec (1980 y 1995) y los criterios de la Corte Suprema de la federación canadiense que rechazó cualquier secesión unilateral pero admitió que el Gobierno entrase en negociaciones con las autoridades provinciales (allí se denomina así a los territorios federados) para una nueva consulta. Exigía tres condiciones: que esas negociaciones fueran transparentes, que la pregunta sometida a los quebequeses fuera clara y que la consulta arrojara una mayoría cualificada (no bastaría con una simple mayoría de síes). La ley de Claridad fue posible en Canadá por dos razones: porque su Constitución no contiene cláusula de indivisibilidad del Estado y porque allí las provincias pueden convocar referéndums sobre cualquier materia.

Puigdemont se inclina por una consulta sin concreciones y Junqueras por un acuerdo de claridad a la canadiense

Canadá es un caso único en las democracias occidentales en cuyas constituciones sí existen cláusulas de invisibilidad -algunas intangibles, no reformables- y no hay habilitación a los territorios para la convocatoria de cualquier consulta. Sobre este asunto, en las próximas semanas, se publicará un libro llamado a ser muy importante: Condiciones de la secesión en democracia. Reflexiones a partir de la experiencia canadiense que edita Tirant Lo Blanch y que recoge tres ensayos. El primero, precisamente, del impulsor de la Ley de Claridad, Stephan Dion. El segundo, de Francisco Javier Romero Caro, un especialista en el derecho público canadiense. El tercero, del catedrático de Derecho Constitucional, Alberto López Basaguren, el más reconocido experto en materia de secesión, federalismo y plurilingüismo en sociedades democráticas y un referente académico en la cuestión territorial en la Constitución de 1978. Ese texto está llamado a establecer las bases del debate en España de la fórmula canadiense construida para manejar el independentismo de la provincia de Quebec, mayoritariamente francófona. Merecerá una muy atenta lectura.

En esta línea de manejar la federación canadiense se apoyan los dirigentes de ERC para la reclamación de un sistema de práctica soberanía fiscal, desmarcándose de la emulación con el concierto económico de los territorios forales, aunque el intento sea inútil. Pronto se desatará el malestar del PNV ante una propuesta republicana que trata de absorber un paradigma de la singularidad de la autonomía vasca que, si se generaliza, lo relega como factor diferencial y hasta identitario del autogobierno del País Vasco.

El PNV desatará su malestar ante la propuesta de financiación de ERC que ataca la singularidad del concierto foral

En septiembre de 2022, Pere Aragonés, en el debate de política general en el Parlamento de Cataluña ya apostó por un “acuerdo de claridad”. Por esa razón el Gobierno catalán constituyó el 18 de abril del pasado año un Consejo Académico integrado por nueve especialistas al que pidió la contestación a cinco preguntas en torno al posible “acuerdo de claridad”. El Consejo emitió su informe en octubre pasado sin que haya tenido la repercusión que su importancia reclamaba. Tras las elecciones de Cataluña, todo este argumentario se pondrá encima de la mesa y entrará como un obús en el debate político.

En la última reunión de la mesa acordada por Junts y el PSOE, celebrada en Suiza de nuevo, se acordó seguir manteniendo el acuerdo entre ambas fuerzas políticas tras valorar el logro de la amnistía. En consecuencia, y aunque los resultados de las elecciones de Cataluña sean negativos para uno o los dos partidos independentistas y parezca que no subsisten alicientes para que mantengan a Pedro Sánchez en el poder, en realidad sigue existiendo un estímulo para que la legislatura continúe: arrancar a este Gobierno un referéndum de autodeterminación para luego negociar -en caso de que fuere positivo para la independencia de Cataluña- las correspondientes negociaciones a las que se sometería la secesión. Y, aunque la eventual consulta no fuere positiva a los propósitos de los independentistas, se habría incorporado en el ordenamiento jurídico una vía permanente para volverlo a intentar. Quebec no lo ha hecho desde 1995, pero la Ley de Claridad del año 2000 le permitiría volver a intentarlo. Es lo que aquí se pretendería.

Pase lo que pase el 12 de mayo, la consulta sigue siendo un estímulo para que los independentistas sostengan la legislatura

Naturalmente, las objeciones de constitucionalidad serían mucho más claras y contundentes que respecto de la amnistía, pero es que la Constitución de 1978 ha padecido un tratamiento político tal que está perdiendo su efectiva vigencia. Basta comprobar cómo el Gobierno renuncia a presentar los Presupuestos Generales del Estado a los pocos meses de la investidura de su presidente, desoyendo el mandato del artículo 134 de la Carta Magna y, como sostiene el catedrático Eloy García, sin ni siquiera solicitar del Congreso la confianza ante la constatación de que no los presenta porque carece de respaldo parlamentario para aprobarlos, aunque concurran otras causas como aplazar compromisos (la condonación de parte de la deuda a Cataluña) y destruir las posibilidades que las cuentas públicas ofrecerían a Sumar para sacar cabeza en este su momento crítico. El principio de arbitrariedad -bien expuesto por Tomás de la Cuadra Salcedo, catedrático, exministro y expresidente del Consejo de Estado- hegemoniza la política en España.