El colapso del sistema institucional (Cataluña, la Fiscalía, el Rey)

Obtengan o no mayoría absoluta los independentistas en las elecciones del domingo en Cataluña, el gobierno de la comunidad quedará al arbitrio de una fuerza política, sea la de Puigdemont, sea la de Junqueras, adversarias del sistema constitucional español. El pasado día 21 de abril, ocurrió lo mismo en Euskadi: 54 de los 75 escaños en el Parlamento Vasco correspondieron a dos partidos, el PNV y Bildu, que impugnan la Constitución de 1978. El mal trae causa del bipartidismo imperfecto que precisó de los nacionalistas vascos y catalanes para que el PSOE y el PP pudieran gobernar. Se entendió que era una fórmula exitosa para integrar en el sistema a fuerzas segregacionistas. Derivaron después en cerriles secesionistas y Pedro Sánchez se ha encargado de que, pese a su relativa escasa dimensión, dispongan de los mandos de la gobernación del Estado para seguir con su apoyo en la Moncloa.

La convergencia de la crisis territorial, coherente con un modelo autonómico fracasado y que no ha migrado a una plena federalización, con otras de instituciones cruciales, ha llevado al colapso institucional general. La Real Academia Española es muy precisa en su diccionario y define el término colapso, en su primera acepción, como “destrucción, ruina de una institución o sistema”. Es, por lo tanto, predicable de lo que ocurre en España: el colapso del sistema. Que en las últimas semanas se ha acelerado.

El fiscal general ha perdido los papeles con su irresponsable recusación a magistrados del TS

La Fiscalía General del Estado y su titular registran la peor crisis de crédito de su historia, como ya se adelantó en este blog el pasado 28 de abril. Cuesta encontrar precedente de un fiscal general tan contestado por sus subordinados y tan desautorizado por los tribunales. Y, más aún, localizar la apertura de una investigación judicial por revelación de secretos contra dos fiscales amparados ambos expresamente por Álvaro García Ortiz, ayer reprobado por el Senado. Nunca tampoco un fiscal general del Estado ha llegado a la irresponsabilidad sectaria de recusar a toda una sección de Sala Tercera del Tribunal Supremo con una motivación tan peregrina como la esgrimida. Es doctrina consolidada que un juez no pierde su imparcialidad por juzgar dos o más veces a una misma persona por distintos hechos. El personaje ha perdido los papeles. Y ya es verosímil que acabe ante la Sala Penal del TS.

Añádase a la crisis de la Fiscalía la del Consejo General del Poder Judicial, cuya responsabilidad recae tanto sobre el Gobierno como sobre la oposición, pero también sobre el Congreso y el Senado a los que la Constitución encomienda la renovación de sus vocales.

El Congreso y el Senado se han comportado dócilmente ante la partitocracia en la no renovación del CGPJ

Ambas cámaras legislativas se han comportado de manera incalificablemente indiferente a una obligación constitucional que les concernía, sustituyendo su cumplimiento por una dócil obediencia a la partitocracia. Si falla la Fiscalía General del Estado y quiebra el órgano de gobierno de los jueces, el poder judicial se une a la inanidad del legislativo y el país se queda en manos del Gobierno y de su presidente que han entregado las llaves del Estado a sus más feroces adversarios: la extrema izquierda y los partidos independentistas y nacionalistas vascos y catalanes. Con ellos han pactado los socialistas la investidura de Sánchez y solo unos meses después, qué paradoja, el presidente ha renunciado a presentar en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado ante el riesgo de que fueran rechazados por sus propios socios.

La corrupción revienta de nuevo las costuras de la sociedad española como en los peores tiempos pasados, sean estos los del PSOE o los del PP. La corrupción presenta gamas de colores, desde el negro -delitos puros y duros- hasta el gris, como el nepotismo y el reparto clientelar de puestos públicos en la Administración o en las empresas participadas por el Estado. Los nombramientos de exministros y personas de confianza del Gobierno, sin acreditación de capacidades para desempeñar sus funciones con solvencia, son constantes y en todos los ámbitos. Hasta el punto de que los tribunales han revocado algunos descaradamente inidóneos.

El gobernador del Banco de España advierte de que la desconfianza de los ciudadanos ante las instituciones está en máximos

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, compareció el martes por última vez en el Congreso con un mensaje certero: la desconfianza de los ciudadanos en el Gobierno y en los partidos políticos está en máximos. Y probablemente, más lo estará si su sustitución en junio, y luego de otros cargos al frente de organismos del sector institucional de la Administración General del Estado (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, presidencias de las Comisiones Nacionales de Valores y de los Mercados y la Competencia, entre otros) se adjudica con el mismo criterio que embajadas, puestos en consejos de administración de empresas participadas por la SEPI, organismos autónomos como el CIS, corporaciones como RTVE y tantos otros.

El Rey está siendo víctima de un proceso lento pero constante de dilución institucional

Y para que nada faltase en el diagnóstico del colapso del sistema, que alcanza también a la más errática política exterior desde el primer gobierno de la democracia, la manipulación del Rey por el presidente del Gobierno en la mañana del lunes 29 de abril para introducir un ingrediente adicional de ansiedad y suspense en su pantomima reflexiva fue realmente escandalosa.

Ese episodio merece un análisis aparte cuando se aproxima el décimo aniversario de la proclamación ante las Cortes Generales de Felipe VI (19 de junio) que está siendo víctima, se reconozca o no, de un lento pero constante proceso de dilución institucional cuya responsabilidad no es solo, aunque sí principalmente, de un Gobierno integrado en parte por una extrema izquierda que detesta la monarquía parlamentaria y apoyado por un secesionismo que entiende la figura constitucional del Rey como el último baluarte a conquistar para abrir un proceso constituyente, sea formal o de facto.

Funciona razonablemente en España la sociedad que se declara cada día con mayor énfasis autónoma del circo político y de la destrucción del sistema. Recuerda a la italiana que, al final, ha transformado su entramado de partidos de manera radical hundiendo en la nada al eurocomunismo, a la democracia cristiana y al socialismo. No es un modelo precisamente alentador, pero será inevitable si el país no recupera tono y la oposición no lanza una proposición audaz de reforma constitucional.

La derecha tiene que dejar de aferrarse a la Transición y hacer una nueva propuesta de reforma constitucional

Una Constitución que sirve como la actual tanto para amparar una democracia como una autocracia que la desafía, constituye un despropósito. Con razón el politólogo Ángel Rivero, en entrevista a El Mundo el pasado 27 de abril, sostenía que el PP “se ha aferrado a un mundo que se ha desvanecido y que era el de la Transición”. Ese es el salto histórico que la derecha democrática debe dar para llegar al poder: una nueva propuesta constitucional que no permita autocracias como la de Sánchez ni deslealtades como las de sus socios y que, además, afiance los valores de la unidad, la solidaridad, la transparencia, la efectividad de las libertades y derechos y un mejor sistema de representación de los ciudadanos en el que la dación de cuentas sea una exigencia permanente frente a la arbitrariedad del poder ejecutivo en la España de hoy.