La amnistía, Puigdemont y el fiscal general, en manos del Supremo

El PSOE y Sánchez han entrado en concurso de acreedores. Quiebra la mayoría de la investidura en el Congreso y su socio en el Gobierno se defiende de la agresión socialista a su subsistencia política y electoral. Ni unos ni otros manejan el cuadro de mandos. Se han lanzado a una alocada carrera de despropósitos que provoca auténtica perplejidad. Los independentistas vascos y catalanes observan con complacencia los erráticos comportamientos del presidente y de sus ministros y se aprestan a rentabilizar hasta la procacidad su capacidad parlamentaria.

Los independentistas siguen teniendo la sartén por el mango en Cataluña y en Madrid y con la amnistía han conseguido lo que querían

Han tumbado dos leyes, han negociado con recargo la convalidación de dos decretos leyes y hasta rechazaron la primera versión de la proposición de la ley de amnistía. Tienen en Cataluña y Madrid la sartén por el mango y el griterío internacional de Sánchez —Israel, Argentina— no es suficiente para emboscar su debilidad. Que aumentará exponencialmente el próximo jueves una vez se haya aprobado la proposición de ley de amnistía en su última versión, vetada por el Senado.

Si, como es previsible, se aprueba la proposición, de inmediato pasará a la sanción y promulgación por el Rey —que nadie espere sorpresas sobre el acto debido del jefe del Estado— y se publicará en el BOE. Ese mismo día entra en vigor. Toda esta secuencia se producirá en plena campaña electoral de las europeas. El plenario del Congreso puede ser explosivo y la publicación de la ley generará una reacción política anafiláctica. ¿Quién en la Moncloa ha manejado el calendario en este estratégico asunto?

En vigor la ley de amnistía el Supremo puede declararla inaplicable por razones técnicas. Sería algo similar a lo que sucedió con la ley del sí es sí

Pero mucho más explosivo será el acontecimiento cuando, ya en vigor la ley orgánica, la Sala Segunda del Tribunal Supremo adopte de inmediato las decisiones para su aplicación. O para su inaplicación. O para su suspensión. Porque el Supremo, así como los magistrados instructores Pablo Llarena y Susana Polo (los dos dirigen causas penales contra Puigdemont), tras escuchar las alegaciones de las partes, fiscalía y letrados de la defensa, pueden dictar un auto en el que se considere que, por razones técnicas, no es posible aplicar la ley a los delitos de malversación agravada y terrorismo.

De ser así, y crece en el ámbito judicial la impresión de que podría serlo, se produciría un episodio similar al que aconteció cuando los jueces y tribunales tuvieron que aplicar la ley del sí es sí, o como cuando, tras una reforma de la malversación en el Código Penal, pensada para librar a Oriol Junqueras y otros más de las penas por la comisión de ese ilícito, los magistrados de la Sala Penal del Supremo concluyeron que no era de aplicación por una configuración del tipo delictivo mal construida por el legislador.

Las deficiencias de técnica legislativa en las que ha incurrido este Gobierno y el anterior, ambos de coalición, remiten más a la ideologización de sus normas que a la ignorancia jurídica. En la proposición de ley de amnistía hay demasiada gente que ha metido las manos en su articulado, muchas de ellas "inexpertas" a la "vista del resultado". Y la segunda versión, según las fuentes togadas, es peor —"un bodrio"— que la primera.

TE PUEDE INTERESAR

Punto Ciego | Jordi Amat: "La amnistía no ha beneficiado en nada al PSC de Illa"

José Antonio Zarzalejos

De manera que el próximo jueves la amnistía sale del control del Ejecutivo y de sus socios en el Congreso y pasa a manos de los magistrados del Supremo que, alternativa o simultáneamente, pueden también plantear una cuestión prejudicial —sobre toda o sobre parte de la ley— ante el Tribunal de Justicia Europeo. En ese caso, la norma quedará suspendida hasta que se produzca la inadmisión o, caso de admitirse, hasta el correspondiente fallo que no se produciría en más de ocho meses.

El Tribunal Constitucional, con Cándido Conde Pumpido a la cabeza, entrará en juego de inmediato ante la previsible interposición de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que quedarán paralizados si media el recurso prejudicial ante la justicia europea. Por eso, fuentes judiciales, observan que "Puigdemont ha entendido que no podía regresar porque nada le puede resultar seguro con esta proposición de ley".

Los magistrados esperan una reacción furiosa de los independentistas e incluso del propio Gobierno cuando apliquen la ley de impunidad

La reacción política de la extrema izquierda y los independentismos está descontada en el Supremo. Sus magistrados han escuchado, ante la imperturbabilidad del presidente del Gobierno que ya se ha unido a las voces subversivas, toda clase de denuestos en sede parlamentaria. "Estamos acostumbrados. Es difícil que, tras las acusaciones de Unidas Podemos cuando se aplicó la ley del sí es sí, puedan aumentar el grosor de los insultos".

Otras fuentes son más cautas y no minusvaloran la "capacidad de venganza" de Pedro Sánchez que podría "perpetrar" en su "frustración" un golpe con la modificación de las mayorías cualificadas para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial reformando por tercera vez su ley reguladora”. Las advertencias de alarma democrática ante esta posibilidad lanzadas por el actual presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, parecen haber "caído en saco roto". El presidente sabe que nada agradaría más a sus precarios socios que una embestida en toda regla contra jueces y magistrados.

García Ortiz podría ser investigado por revelación de secretos y tendría que renunciar en plena polémica por la aplicación de la amnistía

En la aplicación de la amnistía hay que contar con una pieza clave en el proceso: el ministerio fiscal. Pero es que Álvaro García Ortiz se encuentra en una inédita y apurada situación procesal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estaría preparando ya una exposición razonada para que la querella de González Amador, el novio de Ayuso, contra dos fiscales de la Audiencia madrileña por revelación de secretos, pase a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La fiscalía general del Estado ha respondido al Tribunal Superior de Madrid que fue Álvaro García Ortiz el responsable último —no cabía otra posibilidad— de la publicación de datos procesales reservados en el procedimiento de investigación a González Amador. Como el fiscal general del Estado es aforado ante la Sala Segunda el TSJM tiene que abstenerse de conocer del caso. Si el Supremo estimase procedente la exposición de motivos y asumiese la causa contra García Ortiz, nombraría un instructor para la investigación del asunto que concluiría con el sobreseimiento o el juicio oral. A esta querella de González Amador, se añade la denuncia del Colegio de la Abogacía de Madrid también por revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos.

La anterior es la peor hipótesis para el actual fiscal general de Estado, pero en modo alguno es descartable. Y si se produjese la exposición razonada y la admite el Supremo, serían de aplicación los artículos del Estatuto Orgánico de la carrera que prevén la renuncia de su máxima jerarquía tanto por decisión propia como por incurrir en alguna de las prohibiciones legales. Es impensable que Álvaro García Ortiz, en el supuesto de ser investigado, se resista a dimitir.

Los fiscales han impugnado su nombramiento y García Ortiz ha recusado sin éxito a los magistrados que juzgan su idoneidad

Pero no acaban ahí las penalidades del fiscal general del Estado. La asociación Profesional e Independiente de fiscales ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo (febrero pasado) ante la Sala Tercera del Supremo impugnando su nombramiento. Los cuatro magistrados que deben examinar la demanda, las pruebas y las conclusiones del asunto para dictar sentencia, ya han emitido dos anteriores revocando los reales decretos del Consejo de Ministros que, a propuesta de García Ortiz, nombraban fiscal de Sala a su predecesora, Dolores Delgado. En uno de los casos, la razón de la revocación del nombramiento se produjo por desviación de poder atribuida al fiscal general, un vicio administrativo del que no deriva ninguna responsabilidad personal hacia el fiscal, ya que se agota en la anulación del nombramiento.

En un mal cálculo, Álvaro García Ortiz recusó a los magistrados que dictaron esas sentencias para que se abstuviesen en el recurso que cuestiona su idoneidad. Sin embargo, los jueces recusados se han negado el pasado día 23 a admitir su apartamiento por considerar que no hay tacha de parcialidad en el hecho de juzgar varias veces a una misma persona, pero por hechos distintos. Sobre este asunto se pronunciará la llamada 'Sala del 61' integrada por 16 magistrados. Aunque este recurso no tiene visos de prosperar, García Ortiz no fue avalado en su idoneidad por el Consejo General del Poder Judicial.

Tras las elecciones europeas, y a la vista del panorama judicial y fiscal, nada hace suponer que remitirán las tensiones ni que mejorará la posición gubernamental, sino todo lo contrario, de modo que la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones (puede hacerlo desde el próximo jueves, cumplido el año de la convocatoria de las anteriores) se ha multiplicado geométricamente. Solo una improbable victoria del PSOE el 9-J al modo del CIS de Tezanos, alteraría el cuadro tenebrista que atenaza al Gobierno de coalición, incapaz de presentar, recién constituido, los presupuestos generales del Estado y que ha sufrido ya revolcones parlamentarios a manos de sus socios en temas tan sustanciales como la proposición sobre el proxenetismo o sobre el proyecto de ley del suelo.