La amnistía, el fraude constitucional más grave de la democracia

La amnistía que hoy aprueba por llamamiento de sus miembros el Congreso de los Diputados se funda en una falsedad objetiva e indiscutible. La proposición de ley no pretende, como proclama su denominación, “la normalización institucional, política y social de Cataluña” sino que es el pago político que abonan Pedro Sánchez, el PSOE y sus socios de coalición por la investidura del socialista como presidente del Gobierno en la XIV legislatura de la democracia con los votos de los beneficiarios de la norma en cuya redacción han participado activamente. Tanto lo han hecho que la proposición que se vota no es la primera presentada por el grupo socialista, sino la segunda, en la que los secesionistas impusieron sus enmiendas al grupo parlamentario proponente. Por supuesto, los que serán amnistiados se han reafirmado en sus conductas delictivas que ahora se transforman en irreprochables penalmente.

La proposición se presentó en el registro del Congreso el 13 de noviembre del pasado año, tres días antes de la investidura de Pedro Sánchez, como prueba de que el PSOE cumplía su compromiso con los secesionistas catalanes suscrito en Bruselas. Al utilizar Sánchez a su grupo parlamentario y no esperar a tramitar la disposición como proyecto de ley y hacerlo por proposición por vía de urgencia, no solo se restringió el debate parlamentario, sino que también se eludieron los informes de los órganos consultivos, esto es, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. El Senado vetó la proposición de ley el pasado 14 de mayo y, por lo tanto, la rechazó en su totalidad sin formular enmiendas.

El trueque -que era imposible antes del 23 de julio y lo fue una vez se conocieron los resultados electorales de esa jornada- se trató de legitimar sobre el fundamento según el cual “hay que hacer de la necesidad, virtud”. Nadie reflexionó en el socialismo orgánico que lo procedente era exactamente lo contrario, es decir, “hacer virtud de la necesidad” y asumir el principio enunciado por el politólogo Adam Przeworski: “La democracia es un sistema en el que los partidos pierden las elecciones”, cita recogida (página 25) por los autores del ensayo La dictadura de la minoría, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Se trataba de la necesidad de investir a Sánchez cualquiera que fuera el precio de hacerlo.

El testimonio de cargo de este fraude es la literalidad del pacto suscrito en Bruselas el pasado 9 de noviembre entre Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE y Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, en el que inmediatamente después de un relato falsario del proceso soberanista, Puigdemont se comprometía a que sus siete diputados en el Congreso votasen la candidatura de Sánchez. El objetivo era, y así se ejecutó el 16 de noviembre de 2023, mantener en la Moncloa al socialista a cambio de una impunidad absoluta.

La exposición de motivos es una trasposición del pacto entre Puigdemont y Sánchez, una narración falsaria del proceso soberanista

En ese acuerdo se basa la proposición de ley de amnistía y por esa razón la exposición de motivos de la norma es una sucesión de afirmaciones de carácter materialmente falso porque resultan un trasvase obvio de la narrativa redactada en el pacto entre Sánchez y Puigdemont, enhebrada de manera torticera, dolosamente confusa y con citas incompletas y manipuladas del informe sobre la amnistía emitido por la Comisión de Venecia. El dictamen del órgano consultivo del Consejo de Europa, sin entrar en la constitucionalidad de la proposición, aspecto que no es de su competencia, reclamó que no se tramitase por la vía de urgencia, que se acotasen con rigor los delitos amnistiables y que la ley fuese respaldada por una mayoría cualificada. De todos esos requerimientos no hay rastro en la exposición de motivos. Oídos sordos.

El engaño insulta a la inteligencia de cualquier jurista mínimamente avezado al apoyarse la exposición, además, en la amnistía preconstitucional de 1977 estableciendo con ella una simetría de tal manera que la proposición de ley logra el efecto querido por los secesionistas que consiste en transformarla en una disposición legislativa transicional para deslegitimar el sistema constitucional de 1978 y migrar a otro, viscoso e implícito, de carácter confederal basado en la bilateralidad más absoluta entre el Estado y Cataluña, senda recorrida ya, en parte, por el País Vasco y que culminará con una financiación singular para Cataluña, acordada en el pacto de investidura entre el PSOE y ERC suscrito el 2 de noviembre del pasado año por Félix Bolaños y Oriol Junqueras.

Como corresponde a una ley de liquidación de un sistema, en este caso el democrático español, la amnistía revoca todas las sentencias condenatorias dictadas por los hechos ilícitos del proceso soberanista, sobresee definitivamente todos los procedimientos abiertos y en fase de instrucción o pendientes de juicio oral conexos con aquellos, levanta ipso facto todas las medidas cautelares de orden penal, redime cualquier responsabilidad contable y hace lo mismo con todas otras contraídas en el periodo temporal que media entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. Impunidad a voleo.

La amnistía revoca todas las sentencias, cierra los procedimientos y exime de cualquier responsabilidad a los líderes de ERC y de Junts

El debate sobre la constitucionalidad en abstracto de una amnistía es académicamente entendible. Existen dos corrientes doctrinales. La primera es la que considera que no es constitucional porque la Carta Magna prohíbe los indultos generales de lo que cabe inferir que si aquellos no son posibles menos lo sería una amnistía. Además, se excluyó como causa de extinción de la responsabilidad criminal en el Código Penal. La segunda, es la que interpreta que el silencio de la Constitución sobre la amnistía no es obstativo y que, en consecuencia, se podría ajustar formalmente a la norma suprema.

Coinciden, sin embargo, ambas corrientes doctrinales en que esta amnistía en concreto responde a motivos espurios y partidistas, que por su motivación real y amplitud abusiva vulnera el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos y el de seguridad jurídica y, en distinta medida, que lesiona la separación de poderes. Se ha llegado a escribir -lo ha hecho el expresidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón- que las actuales Cortes Generales no están legitimadas para aprobar esta norma porque la amnistía debió someterse al dictamen de las urnas el 23 de julio del pasado año y, sin embargo, se ofreció al electorado del PSOE la seguridad de que era inconstitucional y de que no se aprobaría en ningún caso.

Por fin, se ha afirmado, también falsamente, que la amnistía ha servido para que los partidos separatistas perdieran el pasado 12 de mayo la mayoría en el Parlamento de Cataluña que retenían desde 1984. Sin embargo, bajo la garantía de que no habría amnistía y de que los indultos eran suficientes para recomponer la situación, el PSC, con Salvador Illa a la cabeza, obtuvo en las generales de julio pasado un excepcional resultado. Lograron los socialistas catalanes nada menos que 19 escaños de los 48 que se ventilaban en esos comicios en la comunidad catalana y 1.213.000 votos. Sumar fue la segunda fuerza con siete y el PP la tercera en voto popular (por delante de ERC) con 6 escaños. La suma de los junteros y de los republicanos se quedó en 14 escuálidos, pero decisivos diputados en el Congreso y hasta Vox mantuvo sus dos asientos en la Cámara baja. Es decir: de 48 escaños, los independentistas obtuvieron 14 frente a los 34 de las organizaciones que no lo son.

El 23-J, con la promesa de que no habría amnistía, el PSC y los partidos no secesionistas ya desbordaron a junteros y republicanos

Más aún, según el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat publicado el 7 de noviembre del pasado año, ya firmados los pactos entre el PSOE y los secesionistas, solo el 49% de los votantes del PSC apoyaba la amnistía. Como han expresado observadores catalanes no adscritos precisamente a la derecha política “la amnistía no ha beneficiado en nada al PSC” (pódcast Punto Ciego publicado el pasado día 20 de mayo). Cierto: el vuelco en Cataluña se había producido ya en las legislativas del mes de julio de 2023, sin amnistía de por medio.

¿Qué ha ocurrido para que Sánchez haya llegado a este grado de malversación ética y democrática? Está estudiado. Lo han escrito en su último ensayo los ya citados Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su La dictadura de la minoría:

“Los políticos convencionales pueden matar la democracia cuando dan alas al extremismo antidemocrático, aunque también la pueden socavar de otras maneras. Una de ellas es a través de las tácticas constitucionales duras; conducta que, a grandes rasgos y según la teoría, es conforme a lo que dicta la ley, pero que al mismo y de forma deliberada mina su espíritu […] Cualquier Constitución por muy bien concebida que esté, puede ser utilizada para fracturar la democracia en modos que son técnicamente legales. De hecho, eso es justo lo que convierte las tácticas duras en algo tan peligroso: los políticos no violan abiertamente la ley, es decir, seguirán teniendo las manos limpias”. (Página 61).

Exactamente eso es lo que sucede en la España de 2024 bajo la presidencia de Pedro Sánchez y por eso la ley de amnistía es el mayor fraude constitucional en nuestra democracia desde 1978. El daño es ya irreversible.