Las tres alertas: la Fiscalía Europea, García Ortiz y el ultimátum de Sánchez

Primera alerta, judicial. La Fiscalía Delegada Europea en España reclama para su jurisdicción la instrucción de los casos Koldo y Begoña. Así se lo ha pedido a los jueces Ismael Moreno que tramita la causa contra Koldo García Izaguirre en la Audiencia Nacional y otros -y en el que podría estar implicado el exministro José Luis Ábalos- y al juez Juan Carlos Peinado que dirige el procedimiento abierto en el que Begoña Gómez está siendo investigada.

Es previsión generalizada que ambos togados se negarán a apartarse de los aspectos nucleares en las respectivas instrucciones. Podrían, además, plantear un conflicto de competencia que resolvería una sección integrada por cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La Fiscalía Europea se creó por un Reglamento de la Unión en 2017 que se traspuso al ordenamiento jurídico español mediante la ley orgánica 9/2021 de 1 de julio. El objetivo de la Fiscalía Europea consistía en reforzar el espacio de Justicia de la Unión. Su competencia alcanza a la instrucción de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión y, en particular, contra la Hacienda Pública de la UE, contra los que defrauden subvenciones y ayudas europeas, el blanqueo de capitales, el cohecho, la malversación y el contrabando siempre que lesionen las finanzas de la UE. La ley orgánica añade a este listado, todos aquellos otros delitos que estén “indisociablemente” (sic) unidos a los anteriores.

Entregar la competencia a la Fiscalía Delegada Europea para investigar los posibles delitos en el caso Koldo y en el de Begoña Gómez implicaría un cambio de paradigma en el proceso penal español, en dos extremos esenciales: instruyen los fiscales delegados y no los jueces, que se convierten en una instancia de supervisión de garantías; y en esa instrucción no se admiten las acusaciones populares que sí están presentes en las causas que la Fiscalía Europea reclama.

Sin saber por el momento la naturaleza de los fondos que habrían sido afectados en ambas causas en trámite, es obvio que la Fiscalía Delegada Europea en España se precipita a reclamar la competencia sobre ellas desbaratando los próximos pasos de ambos jueces que tienen ya programadas actuaciones de gran importancia. En el caso de Juan Carlos Peinado, ha aceptado suspender las testificales de directivos y exdirectivos de Red.es, pero mantiene la declaración de la investigada Begoña Gómez el día 5 de julio.

No hay precedentes de que la Fiscalía Delegada Europea haya actuado así en otros asuntos. Y resulta inquietante la impresión de que su precipitación responda a razones de oportunidad política sin que esté en absoluto claro la competencia que esgrime. Algo ya ha conseguido: que se produzca un previsible choque competencial entre los jueces y la Fiscalía Delegada Europea que va a ralentizar los dos procedimientos.

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En expresiva opinión de varios magistrados, si los aspectos fundamentales de esos procedimientos pasan a la Fiscalía Europea “caminarán al limbo”. Quedarían sustraídos a la jurisdicción de ambos jueces e, incluso, de la Fiscalía General del Estado porque los fiscales europeos responden ante la fiscalía general con sede en Luxemburgo, integrada por 22 fiscales, uno por cada país de la Unión adherido al espacio de cooperación judicial y fiscal.

Segunda alerta, la fiscal. Hoy, jueves, es un día especialmente complicado para Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. La responsable de la Fiscalía de la Audiencia de Madrid, Almudena Lastra, declara ante el instructor del Tribunal Superior de Madrid en la querella interpuesta por González Amador, novio de Ayuso, por posible delito de revelación de secretos. Con el testimonio de Lastra podrían conocerse detalles poco edificantes de la intervención de García Ortiz en la decisión de publicar datos reservados de la investigación. Quizás hoy, el fiscal general del Estado esté más próximo a someterse a una investigación por el Tribunal Supremo. Si así fuera, debe dimitir.

Por otra parte, García Ortiz tomará una decisión crítica sobre el sentido del informe de los fiscales en relación con la aplicación de la ley de amnistía para los delitos de malversación. Se reactivará la colisión entre su mando jerárquico y el criterio de los fiscales que muy mayoritariamente creen que la impunidad penal solo es aplicable a los delitos de desobediencia y a algunos de desórdenes públicos. El fiscal general no puede ceder. El Gobierno no lo consentiría. Y García Ortiz es disciplinado, aunque serlo le haya costado su reputación, varapalos de la Sala Tercera del Supremo y, a la postre, su posible imputación por la Segunda del alto tribunal.

Tercera alerta, el Consejo del Poder Judicial. Sánchez lanzó ayer un ultimátum: si el PP no se aviene a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, modificará por tercera vez su ley reguladora y le privará de sus actuales facultades de nombramiento de magistrados en los más altos cargos jurisdiccionales. O sea, desmantelará el Consejo, que es un órgano constitucional. No puede hacerlo (como tantas otras cosas que sí ha hecho) porque el artículo 122.2 de la CE encomienda al Consejo, expresamente, la competencia en materia de “nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”.

El autócrata que Sánchez lleva dentro se muestra en toda su plenitud y sin tapujos. Se comporta como lo han hecho Netanyahu, Orbán y otros tantos iliberales que asientan sus reales sobre el vasallaje del poder legislativo y el férreo control sobre el judicial. Obviamente, ante semejante propuesta -acompañada del anuncio de la limitación de la libertad de prensa- habrá que poner pies democráticamente en pared.

El PP se equivocó gravemente al no renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Congreso y el Senado no cumplieron con su obligación de impulsarla como les ordena también la Constitución, el Tribunal Constitucional lo empeoró ratificando el bloqueo del Gobierno ideado para forzar la negociación. Pero todos esos errores juntos ni justifican, ni explican, ni hacen admisible el ultimátum de Sánchez. Porque si lo lleva a efecto, sería el principio del fin del sistema entendido conforme a las pautas de la democracia liberal. Es lo mismo que están haciendo los autócratas de toda laya. Y Sánchez lo es.