Los pactos en barbecho y las buenas e imposibles razones de Puigdemont y Oriol Junqueras

La financiación 'singular' que están reclamando los dos partidos independentistas de Cataluña es exactamente a lo que se comprometió Pedro Sánchez cuando ambas organizaciones firmaron en noviembre de 2023 con el PSOE los pactos para su investidura. En los dos textos la financiación de Cataluña fue una de las cuestiones centrales. El concepto de ‘singularidad’ aparece en el uno y en el otro. Su literalidad no ofrece ni una sola duda interpretativa.

Tanto en el pacto con ERC como con Junts la financiación de Cataluña se basa en la singularidad catalana

En el convenio suscrito en Bruselas por Santos Cerdán y Jordi Turull el 11 de noviembre de 2023 se dice que: "En el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya".

En el texto firmado por Félix Bolaños y Oriol Junqueras el 2 de noviembre de 2023, se dedica todo un anexo (el 2º) al acuerdo entre el PSOE y ERC para "una mejora significativa de los recursos públicos destinados a la ciudadanía de Catalunya". En ese orden de cosas se acordó la condonación de un 20% de la deuda de la Generalitat (15.000 millones de euros) que significaría un ahorro de 1.300 millones en intereses. También en ese acuerdo se establece la 'singularidad' financiera como elemento fundamental.

No hay mención a un concierto económico, pero sí a una absoluta bilateralidad entre el Estado y la Generalitat de Catalunya

En ninguno de los dos convenios se menciona que esa singularidad tenga que materializarse en un concierto económico, pero de ambos se infiere que las relaciones entre el Estado y Generalitat de Cataluña se regirían con un puro criterio de bilateralidad (en eso consiste la 'singularidad') y, por lo tanto, el trato entre el uno y la otra se desgaja de la multilateralidad del actual sistema de financiación autonómica. Ambos partidos secesionistas lo han explicado: quieren la 'llave' de la caja, quieren la gestión íntegra de los impuestos que se recaudan en Cataluña, y quieren un modelo de cupo. Desean, y ese es el espíritu de los pactos, una plena soberanía financiera. Pedro Sánchez no puede llamarse a andanas: firmó esos acuerdos y gracias a ellos es hoy presidente del Gobierno.

Ya se objetó en su momento que esos acuerdos establecían un circuito paralelo al institucional, que de forma privada y abusiva eludían a los organismos decisores del Estado y que se excedían de manera obvia porque patrimonializaban materias indisponibles por parte del presidente y de su Gobierno. Consistían, en fin, en el desguace del Estado autonómico, en la ruptura del principio de solidaridad y en una mutación (confederal) del sistema constitucional que quedaba igualmente alterado con el tercero de los pactos del PSOE con el PNV.

La amnistía y la financiación, en definitiva, eran compromisos nucleares con los secesionistas. Suponer, como ocurre en la Moncloa y en Ferraz, que Sánchez podrá desembarazarse de los convenios que firmó, responde a la infinita trapacería del presidente del Gobierno, a su irrefrenable tendencia al engaño y la simulación. Pero, seguramente, esta vez todas esas sus habilidades de ludópata político no le van a servir.

Sánchez ya sabía cuándo el PSOE firmó los acuerdos que carecía de poder para ejecutarlos. También ha engañado a los secesionistas

Que Puigdemont y Junqueras tengan razón contractual en lo que reclaman a Sánchez, no quiere decir en modo alguno que el presidente pueda satisfacerlos. Más aún: es seguro que no podrá hacerlo. Y él ya lo sabía en noviembre del año pasado. Por más que sus mañas sean autócratas, seguimos habitando una democracia constitucional que ampara los principios de igualdad y de solidaridad que empoderan a los representantes de las demás comunidades autónomas. ¿No sabían Puigdemont y Junqueras quién era Sánchez, cómo se conduce Sánchez, cómo cambia eufemísticamente de 'opinión' Sánchez? Y ¿por qué buena razón, si ha engañado a la sociedad española, no iba a engañarles a ellos?

Vayamos al concierto económico, fórmula excepcionalísima reservada por mandato constitucional a los territorios que se reconocen como 'forales' en la Disposición Adicional Primera de la Carta Magna. Cuando, tras la última Guerra Carlista, las provincias exentas (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa), porque no pagaban impuestos y su aportación consistía en donaciones y contribuciones a la Corona acordadas por sus respectivas Juntas Generales, quedaron ya sometidas a la fiscalidad del Estado (ley de 1876), Antonio Cánovas del Castillo negoció con sus Diputaciones Forales concertar que estos organismos recaudasen y después liquidasen un cupo al Estado. En 1878, arrancó el sistema paccionado de financiación de esos territorios. El de Navarra data de 1841. En el bien entendido de que la titularidad del derecho histórico era y es de cada una de las provincias, pero no de una Euskadi que no existió, precariamente, hasta 1937.

Por razones constitucionales, económicas, históricas y políticas un concierto económico similar al foral no es posible en Cataluña

Durante el franquismo, el concierto se mantuvo en Álava y el convenio en Navarra, pero no en Vizcaya y Guipúzcoa que fueron sancionadas en 1937 como ‘provincias traidoras’ por el Caudillo mediante un decreto verdaderamente ominoso. Con la Constitución, los dos territorios privados del concierto lo recuperaron. De tal forma que se ha convertido en una excepcional forma de financiación de la comunidad autónoma vasca que no es la titular del tal concierto, sino que lo son los territorios forales, cada uno de los cuales dispone de una hacienda propia. No solo: las Juntas Generales de los tres territorios tienen que trasponer las normas fiscales del Estado para que entren en vigor y su naturaleza jurídica es de ley material solo impugnable ante el Tribunal Constitucional.

Este trayecto histórico y jurídico explica el porqué del sistema paccionado de los territorios forales vascos y del navarro y su incorporación al ordenamiento vigente por la validación constitucional de la Disposición Adicional Primera de la Carta Magna. La vigente ley del Concierto Económico de 23 de mayo de 2002 establece claramente en su artículo primero que "las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario". En esa formulación reside la tenida por 'soberanía fiscal' vasca y navarra, que dispone también de su particular normativa reguladora del Convenio: la ley de 26 de diciembre de 1990, varias veces modificada en aspectos no sustanciales.

El 30% del PIB nacional no puede sustraerse al control fiscal del Estado porque su situación financiera sería delicadísima

El concierto económico vasco y el convenio navarro son económicamente sostenibles porque la riqueza de ambas comunidades no llega a representar el 10% del PIB nacional. De tal manera que si a este sistema —para cuya extensión no hay habilitación constitucional— se incorporase Cataluña, que representa más del 19% del PIB español, el Estado podría entrar en una situación financiera delicadísima con grave perjuicio para las demás comunidades autónomas, ya que perdería el control de la fiscalidad sobre el 30% de la riqueza del país. Cuestión diferente es que el concierto sea también sostenible políticamente. No lo será si, como bien se malicia en el País Vasco, provoca un efecto de emulación como el catalán.

Pedro Sánchez se ha metido en un jardín laberíntico desde el punto de vista constitucional, político, económico, histórico e institucional. Firmó en barbecho; lo hizo a sabiendas de que esos pactos eran incumplibles y que, lo mismo que le dieron la presidencia del Gobierno, terminarán por arrebatársela. Porque Puigdemont y Junqueras claman por el aforismo jurídico según el cual pacta sunt servanda. Aunque los de noviembre pasado sean pactos imposibles.