Sánchez y la intimidación a la prensa

El Grupo Crónica, integrado por 17 periodistas (*), ha declarado su propia extinción tras 45 años de actividad. A lo largo de estas décadas el Grupo ha celebrado más de 1.200 almuerzos informativos que, en realidad, fueron “reuniones de trabajo” con 800 personalidades. Ningún dirigente mínimamente relevante de los que hicieron la transición dejó de pasar por los manteles de estos profesionales de la información que, haciendo honor a la deontología del oficio, guardaron el off the record, establecieron relaciones cordiales con sus invitados y, al mismo tiempo, mantuvieron su independencia de criterio.

Ahora han publicado un libro colectivo que reúne 17 ensayos sobre su experiencia en la pertenencia a este colectivo, bajo el título Grupo Crónica. Testigos de la Transición (editorial Deusto). El subtítulo de la obra es sugestivo: Una mirada coral sobre una de las etapas más sobresalientes de la historia de España. Un descriptivo y personal prólogo del director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y un epílogo de extraordinaria agudeza de la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, abre y cierra el volumen que resulta un mosaico de percepciones interesantes para entender cómo la prensa, los periodistas y los políticos vivieron las décadas prodigiosas que han ido consolidando la democracia en España.

El Grupo Crónica demostró que la diferencia suma y no resta y la discusión aporta y no hiere

Este reconocimiento a los compañeros del Grupo Crónica resulta en estos momentos especialmente necesario. Ellos demostraron que la diferencia suma y no resta y que la discusión jamás hiere, sino que aporta. Reflexión pertinente porque se nos anuncia un ‘paquete democrático’ que dice pretender combatir los ‘bulos’, la ‘desinformación’ y el ‘fango’. O sea, que quiere restringir la libertad de prensa.

No es nuevo que el poder político aspire a controlar la información que, por la eclosión tecnológica, es tanto como poner barreras al campo. En la España democrática, tanto en la época de González como en la de Aznar, se registraron episodios muy críticos en la relación entre los medios de comunicación y el Gobierno. Lo nuevo es que la profesión periodística se haya roto internamente, que las relaciones entre periodistas y medios resulte hostil y hasta los haya que aplauden las medidas de intervención que anuncia Pedro Sánchez, incluso aunque pudieran lesionar a las compañías en las que trabajan y afectar al amplio margen de libertad que la democracia española brinda a todos en términos de libertad de expresión.

Lo nuevo es que la relaciones entre periodistas y entre los medios es hostil y los hay que aplauden la intrusión de Sánchez

El socialista ha logrado abanderizar a los medios y a los periodistas y ha conseguido crear un denso y perverso ambiente de intimidación para aquellos que son críticos con su gestión, desvelan noticias que le incomodan o prestan pruebas irrefutables de casos de corrupción ética y penal que le afectan. Su anuncio de medidas normativas, inespecífico, inocula en las instancias profesionales y empresariales con menos entereza cívica y menor experiencia profesional, una suerte de miedo vacuo que se fundamenta en el acreditado perfil de político sin límites del presidente.

Existe la convicción de que en ese ‘paquete democrático’ no se incluirá la necesaria regulación de los conflictos de interés que conciernen a los miembros del Gobierno y a otros titulares públicos, conforme a la Recomendación al respecto del Consejo de la OCDE de 1998 que se extiende, no solo a los conflictos de interés reales, sino también a los potenciales y a los aparentes. Imprescindible también es reformular la oficina de conflictos de interés y, así, crear una Comisión con personalidad jurídica propia e independiente orgánica y funcionalmente de cualquier ministerio que examine los casos reales, potenciales y aparentes.

El presidente del Gobierno confunde, por ignorancia o por mala intención, lo que son los bulos, el fango y la desinformación

Dicho esto, la primera providencia ante el brutalismo verbal de Sánchez (‘bulo’, ‘fango’, ‘desinformación’) es no asustarse. El presidente sigue el manual del tipo prepotente aleccionado en la agitación y propaganda populista. Ni siquiera maneja bien los conceptos y confunde los tres. El bulo es una noticia falsa lanzada con algún fin espurio; el fango hace alusión al vilipendio político que orla a los políticos confrontados en cruces dialécticos barriobajeros y la desinformación es un modo estructural de alterar la realidad, no con noticias falsas y puntuales, sino mediante un proceso continuado y orquestado de interpretaciones alternativas sobre un gran acontecimiento, sea acerca del asesinato de Kennedy o la autoría del atentado del 11-M.

Ya hay medios y periodistas, sin embargo, intimidados por el presidente del Gobierno secundado por otros que asumen y expanden su lenguaje bronco y su propósito atemorizador. Es muy claro que para impedir ese sedicente ‘paquete democrático’ relativo a los medios de comunicación, hay que desembarazarse de esos temores y conservar la serenidad. Porque si se pierden la calma y el sosiego, Sánchez obtiene su primera victoria. Y esa del amedrentamiento la está logrando con muy escaso esfuerzo por su parte.

Las leyes que limitan la libertad de prensa son modélicas en España y por eso el Gobierno no tiene margen

Sánchez y sus colaboradores tienen muy poco margen para establecer normativas intrusivas. Ha dicho el presidente que va a reformar el derecho de rectificación ya regulado por una ejemplar ley orgánica de 1984 y modificar también la que protege los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, otra norma de 1982 igualmente ejemplar que dispone de una larga y valiosa jurisprudencia de la Sala Primera del Supremo y suficiente doctrina del Constitucional. Si quiere hacerlo, que lo haga. Aunque el margen para hacerlo es infinitesimal. Son las dos muy buenas leyes tomadas como modelos en otras democracias.

Tampoco debería habitar inquietud alguna en la aplicación, bien directa, bien mediante trasposición, de la reciente European Media Freedrom Act (Ley de libertad de medios de información). Se trata de una normativa de la Unión Europea que los medios y los periodistas deberíamos aplaudir. Impone criterios de transparencia en la propiedad, combate así la desinformación (la de Rusia y otros países que es la que preocupa en Bruselas) y protege la libertad de expresión y prensa. La Asociación de Medios de Información (AMI) que agrupa a los principales editores españoles y a la que recientemente se ha incorporado El Confidencial, ha glosado el 19 de junio pasado (documento adjunto) el contenido de esa ley comunitaria y sus propósitos. Adelante, pues, con su aplicación, sin reservas. Luz y taquígrafos. Y si el Gobierno cae en la tentación de constituir consejos asamblearios de cuño bolchevique para otorgar certificados de ‘limpieza de sangre’ a medios y periodistas, se hundirá en el descrédito y jamás esa norma se aplicará.

El socialista puede, ya lo hace, intentar el estrangulamiento financiero con la publicidad institucional y con sugerencias boicoteadoras

Sánchez sí puede -y ya lo hace- intentar el estrangulamiento financiero. A través de la publicidad institucional, pero no solo ni principalmente. La presión -y a veces sin ella- sobre empresas públicas y otras que no lo son, pero porosas a sus sugerencias, para que no contraten publicidad con determinados medios, para que no patrocinen ninguno de sus actos y para que no les proporcionen información. Es a lo más a que puede llegar el presidente del Gobierno en esta cruzada tan estúpida para sus propios objetivos personales y políticos. Contra esa práctica habrá que ir a los tribunales para que se apliquen criterios objetivos. Hay precedentes de la judicialización de este tipo de asuntos y, desde luego, activas instancias internacionales que no lo permitirán. Será cuestión de afilar las denuncias. Pero los medios han de entender también que la diversificación de los clientes publicitarios y de las fuentes de ingresos son ahora necesarias y mucho más versátiles en el ámbito digital. Porque, además, digitales son todos, incluidos los periódicos que siguen editándose en papel que sin sus webs serían -y algunos, a pesar de todo lo son- empresas fallidas.

Estamos en España ante un intento más de cancelación sedicentemente progresista. Y en el fundamento de toda estrategia restrictiva de las libertades siempre se sitúa la previa intimidación. Como la que practica contra los medios y los periodistas el presidente del Gobierno.

(*) Los miembros del Grupo Crónica fueron Diego Armario, José Julián Barriga, Antonio Casado, Pilar Cernuda, Carlos Dávila, Daniel Gavela, Javier González Ferrari, Fernando Ónega, José Oneto, Fernando Pajares, Ramón Pi, Miguel Platón, Nativel Preciado, Manuel Antonio Rico, Justino Sinova y José Ramón Verano.