Feijóo se ha ganado el puesto (entre el giro europeo y el fracaso catalán)

Un líder en la oposición se consagra cuando es capaz de cerrar pactos de Estado con el Gobierno, desafiando la mirada en corto de corrientes extremas tanto dentro como fuera de su partido. Alberto Núñez Feijóo puede incorporar a su patrimonio político el acuerdo del pasado martes sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial que, por su trascendencia y si Sánchez no lo malogra, establecerá un nuevo marco normativo para el arraigo de los valores constitucionales en el Poder Judicial: la independencia y la profesionalidad de los componentes de su órgano de gobierno. Además, el ajuste imprescindible en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la designación del magistrado del TC que faltaba por designar en el Senado, componen un convenio de buena calidad democrática.

"El acuerdo ha sido posible por el nuevo panorama europeo y por el deterioro irreversible de la mayoría de la investidura de Sánchez"

Las razones últimas por las que el acuerdo se ha logrado remiten a la política europea y a la nacional. Después del 9-J, con la victoria del PP en España y de la CDU-CSU en Alemania y de la derecha radical en Italia y Francia, se produjo un escenario en el que el margen para el Gobierno de Sánchez se estrechó. El próximo informe del Estado de derecho de la UE (en julio) sobre el de nuestro país hubiera sido demoledor y el presidente necesitaba que su crédito no se arruinase en Bruselas. El PP ha sabido interpretar que este era el momento estratégico -y no habría ya otro- para dar el paso y acordar el Consejo. El pronunciamiento de la Sala de Gobierno del Supremo el pasado lunes fue un estímulo para el acercamiento porque los magistrados del Alto Tribunal leyeron el momento también con perspicacia.

Incide en este cuadro el desafío del independentismo catalán que ayer frustró una eventual investidura de Illa, anunciando la probabilidad de una repetición de las elecciones autonómicas en octubre. Se lesionan así las expectativas de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que son tan escasas como las de que Cataluña disponga de una ‘financiación singular’ que provocaría una sísmica incontrolable en el PSOE cuyo poder territorial quedó en mínimos tras las elecciones de mayo de 2023.

El ultimátum de Pedro Sánchez fue un farol: no hubiera podido en modo alguno desposeer de los nombramientos judiciales al Consejo, ni, mucho menos, y como pretendió anteriormente, rebajar las mayorías para la elección de sus miembros. El presidente sabía que no tenía alternativa, que debía ceder más allá de lo que pretendía y asumir los criterios del Partido Popular que venían siendo respaldados por la Unión. No se puede entender este acuerdo sin contextualizarlo en el giro que se ha producido en las instituciones europeas cuyo criterio en este asunto es similar en la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa.

"Han quedado fuera de la ecuación tanto los independentistas como el PNV y Vox. Es un acuerdo de Estado bipartidista"

Con las nuevas variables en la Unión, a las que Sánchez ha tenido que ser sensible, se añaden las prescripciones de política interior. El presidente sabía que no habría acuerdo si incorporaba a la negociación a los partidos independentistas catalanes y a Bildu y el PNV. Ni siquiera podía contar con su socio de coalición, Sumar. Obviamente, Vox quedaba fuera de la ecuación transaccional. Era una condición ineludible que se regresase a una convergencia bipartidista. O, en otras palabras: un acuerdo de Estado entre los que creen en el Estado, a pesar del desmayo constitucional del actual PSOE. Por eso, el pacto sobre el CGPJ ha erosionado la ya precaria cohesión de la mayoría de la investidura, que ha trazado un rumbo de colisión en Cataluña con la negativa a investir a Illa y con la irrelevancia de Sumar, sin liderazgo y con un futuro inmediato de desintegración.

El presidente del Gobierno ha hecho de la necesidad virtud, aunque esta vez de manera favorable para los intereses del Estado y no contra ellos, como acostumbra el socialista. Precisamente por eso, la mayor fragilidad del acuerdo consiste en el propósito de Sánchez de cumplirlo en sus propios términos. Si cae en la tentación de traicionar lo firmado con un sobrevenido ‘cambio de opinión’, tendrá una zapatiesta en Bruselas de alto calibre. No es probable -aunque tampoco imposible- que se atreva a desafiar la fe pública de la vicepresidenta liberal checa de la Comisión, Vera Jourová, que ofició de notaria de la convención entre Bolaños y González Pons.

"La reforma del Estatuto de la Fiscalía garantiza que no habrá más nombramiento como el de Dolores Delgado"

Los grandes logros del acuerdo que presentó con sobriedad el martes Núñez Feijóo (“una cosa es la oposición al Gobierno y otra la lealtad al Estado”) son relevantes:

1) Los 20 vocales se proponen conjuntamente al Congreso y al Senado. Proceden de la carrera judicial, del Ministerio Fiscal, de la abogacía y de la cátedra. Son perfiles mayoritariamente profesionales y con destinos en varias comunidades autónomas. No han registrado militancias partidistas ni han sido antes cargos públicos. Serán ellos los que elijan al presidente del Consejo y del Supremo (probablemente, presidenta) por mayoría cualificada de 3/5 (13 votos), lo que garantiza un consenso razonable.

2) Será el Consejo el que en el plazo de seis meses eleve una propuesta de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que contemple la “elección directa” (según los estándares de la Unión Europea y el Consejo de Europa) de los 12 vocales judiciales del órgano, de tal manera que el planteamiento defendido por el PP se ha plasmado en el acuerdo.

3) Se modifica el Estatuto del Ministerio Fiscal para evitar sucesos tan penosos como el nombramiento de Dolores Delgado, previamente ministra de Justicia y sin solución de continuidad fiscal general del Estado. En adelante, el cargo estará vedado para quien no disponga de cinco años de carencia desde la finalización del desempeño de uno de los cargos públicos que se determinan en el texto del acuerdo. Esta rectificación resulta un reproche retrospectivo a Pedro Sánchez.

4) Los magistrados del Tribunal Supremo serán designados por el Consejo entre aquellos que tengan una antigüedad de 20 años (ahora solo 15) para aquilatar su profesionalidad y competencia técnica. Además, la designación debe producirse por mayoría cualificada. El regreso a la carrera judicial o fiscal de aquellos que hayan desempeñado cargos políticos tendrá un período de carencia de dos años.

5) Se propone a José María Mario Macías como magistrado del Constitucional. Se trata de un abogado de experiencia y con convicciones muy acendradas, aunque no ha desempeñado cargos políticos como Cándido Conde Pumpido (ex fiscal general del Estado), presidente del Tribunal, y como los también magistrados Juan Carlos Campo (exministro de Justicia) y Laura Díez (exdirectora general de la Moncloa). Macías ha sido el hombre fuerte del sector conservador en el Consejo.

"Es un acuerdo que queda a expensas del cumplimiento de las reformas previstas en las que se ha implicado la Unión Europea"

Las bondades del acuerdo quedan a expensas de que la proposición de ley orgánica que incorporan estas previsiones se apruebe lo antes posible y de que en el plazo de seis meses desde la constitución del nuevo Consejo se remita al Congreso la propuesta del nuevo modelo de elección de los 12 vocales judiciales. Es, en consecuencia, un acuerdo políticamente disruptivo, bipartidista, que altera la dinámica de la mayoría de la investidura, consagra a Feijóo como líder del PP, aleja a la derecha democrática de la radical, conecta con los criterios de la Unión Europea tras el 9-J y establece un hito que sugiere que la legislatura no puede prosperar con los actuales socios del Gobierno.

Ha de objetarse, no obstante, la tardanza en conseguir la renovación -que es un mandato constitucional explícito-; la omisión de su deber por parte de las presidencias del Congreso y del Senado a las que se comunicó en agosto de 2018 por Carlos Lesmes, presidente a la sazón del Supremo y del Consejo, la necesidad de iniciar los trámites de la renovación; la contradicción del PP que le ha perseguido hasta este momento y que ahora resuelve; el manoseo de Sánchez al Consejo, privándole de sus facultades esenciales (dejándolo en funciones) pero solo a conveniencia (le levantó esa restricción para que propusiesen magistrados del Constitucional) y la externalización vergonzosa de nuestro sistema institucional que ha exigido el inédito arbitraje de la Unión Europea y, por fin, hay que objetar también la imprevisión de que no se haya acordado un mecanismo para que esta situación no vuelva a repetirse ni en el Consejo ni en el Tribunal Constitucional, cuyas renovaciones son habitualmente traumáticas.

"Feijóo se ha ganado el puesto de alternativa a Sánchez, que ha tenido que aparcar a sus socios en el Gobierno y el Congreso"

Feijóo se ha ganado el puesto (“buena frase esa de que el Poder Judicial “no lo controlará el PSOE y no lo controlará el PP”); Sánchez ha tenido que recurrir al bipartidismo y los extremos de derecha y de izquierda denuestan del acuerdo, que es el mejor elogio que el pacto puede recibir. El cambio de coreografía es completo y lo sería mucho más si el gobernador del Banco de España y de los demás cargos titulares del sector institucional de la Administración General del Estado fueran designados de manera acordada.

Si así fuese, entraríamos en una nueva etapa constitucionalmente reconocible que desde 2018 ha perdido su definición por gobiernos de coalición y por las mayorías de investidura de Sánchez que han resquebrajado la integridad del Estado. Ahora es esperable la pronta dimisión del fiscal general del Estado que debiera producirse antes de que la Sala Segunda del Supremo determine una instrucción para comprobar si incurrió o no en un delito de revelación de secretos. Más que nada para preservar la dignidad de la institución y la autoestima de Álvaro García Ortiz que, si se atrinchera, hará que la Fiscalía se hunda en una crisis histórica.