Abascal y Puigdemont, el chantajismo político

Sería inimaginable que mañana en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el Gobierno y las comunidades autónomas no llegasen a un acuerdo de mínimos en la cooperación territorial para la distribución de los inmigrantes menores de edad. Lo exigen principios constitucionales como los de solidaridad y cooperación (artículos 2 y 138 de la CE) que están en el alma de sistema. No atenderlos debidamente está llevando a España al desgarro interno del sistema constitucional. El acuerdo lo requieren también la más mínima sensibilidad humanitaria y el más elemental sentido cívico en una sociedad respetuosa con sus estándares éticos.

Sería igualmente inimaginable que el Gobierno pretendiese imponer la redistribución de estos menores de forma inequitativa, sin una financiación adicional para las autonomías y sin un reforzamiento de la seguridad pública en la medida en que los centros de tutelados pudiesen afectarla. No solo: habrá que realizar esta delicada operación teniendo en cuenta las disponibilidades de las distintas comunidades autónomas. Algunas están saturadas de manera dramática, como es el caso de Canarias, y otras disponen de un todavía amplio margen para el acogimiento, como las de Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria o Galicia.

La inmigración es una competencia exclusiva del Estado (artículo 149. 1. 2 ª) que el Gabinete de Pedro Sánchez gestiona de manera deficiente desde hace años. Los supuestos acuerdos con Marruecos, teóricamente sobre esta materia, entre otras, están inéditos. Y episodios como el asalto a la valla de Melilla en junio de 2022, con 23 inmigrantes fallecidos, representaron un bochorno humanitario, gestor y político por el que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha asumido ninguna responsabilidad.

No solo. El Gobierno se permitió la frivolidad de prometer la transferencia (“integral”) de la competencia sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña en enero de este año a cambio de la abstención del partido de Puigdemont en la convalidación de los reales decretos ley anticrisis. Salvó Sánchez esas normas de urgencia, pero tiene pendiente abonar el compromiso que contrajo. Por eso, la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería , acordada desde el mes de abril entre el Gobierno de Canarias y el central, y que compromete a las comunidades autónomas en la solidaridad en la tutela de los menores inmigrantes, no será apoyada por los siete diputados de Junts si no se excepciona a Cataluña de su ámbito territorial de vigencia.

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La inmigración (lo estamos viendo en Francia y en Italia) es uno de los asuntos más sensibles de las políticas domésticas y de la Unión Europea. El nuevo grupo en el Parlamento de Bruselas Patriotas de Europa, integrado ya por los húngaros de Orbán, los italianos de Salvini y los franceses de Le Pen, y a los que acaba de unirse Vox, abandonando a Hermanos de Italia de Meloni, explica qué prioridad representan los flujos migratorios para las fuerzas de derecha radical, en cuyo contexto se ha de incluir a la formación de Carles Puigdemont que ofrece unos síntomas de clara xenofobia que han prendido de forma más descarada en Cataluña con la extrema derecha de Sílvia Orriols (dos escaños en el Parlamento catalán en las elecciones del pasado mes de mayo).

La reacción de Santiago Abascal ante la posibilidad de que el PP acuerde el reparto autonómico de menores inmigrantes es simétrica en su chantajismo a la de Puigdemont. En los dos casos amenazan con dejar caer, bien los Gobiernos autonómicos de coalición suscritos con los populares en seis autonomías, bien el Gobierno central de Sánchez, a cuya investidura contribuyeron decisivamente los siete escaños de Junts.

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La inmigración y su tratamiento es un signo de identidad crucial para discernir entre la derecha democrática y aquella que presenta síntomas xenófobos y de radicalismo nacionalista. Y diferenciar, asimismo, a la izquierda responsable de la dinamitera. ¿Dónde está la frontera en esta cuestión? En la asunción de este fenómeno con un entendimiento humanitario, imponiendo unas razonables condiciones para su gestión: la titularidad y ejecución estatal de la competencia, el aseguramiento de que la solidaridad sea efectiva -también en el orden europeo-, la garantía de que la seguridad pública no se verá afectada, la acreditación presupuestaria de que el Estado financia a las comunidades su esfuerzo cooperativo en un área que es de su íntegra responsabilidad y la certidumbre de que el Ejecutivo implementa una política exterior que logre la colaboración de los países que exportan inmigrantes en unas condiciones inhumanas. Y, por supuesto, la constancia de que el combate policial y penal contra las mafias se mantiene con absoluta prioridad.

En otras palabras, que el acuerdo, mañana, y luego sobre la reforma de la Ley de Extranjería, convocan a la responsabilidad, pero también a un reconocimiento gubernamental de su ineptitud gestora en esta materia, de la intolerable transacción competencial con los independentistas catalanes que hay que revertir (Cataluña debe estar en el reparto conforme a los criterios que se establezcan para la distribución de los menores inmigrantes) y de que es exigible, igualmente, dos planes adicionales: de financiación y de seguridad.

En esas condiciones, que Abascal y Puigdemont se desgañiten, si ese es el caso; incluso que amaguen con la ruptura; más aún, que se identifiquen en la tosquedad cívica y humanitaria que les caracteriza y, por último, que muestren cuán cerca están en muchas políticas y cómo es de circular el radicalismo que, a la postre, hace que unos nacionalismos sean continuidad reactiva de otros. Las grandes cuestiones de Estado que afectan a la convivencia y al mantenimiento de los mejores valores éticos y cívicos nunca las podrán gestionar aquellos que no busquen un gran mínimo común denominador social. No es ocioso repetir que el secuestro de los Estados liberales (el caso francés es paradigmático) progresa por el desistimiento moral de los dirigentes con vocación de integración colectiva.