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Hartos de Yolanda Díaz y un manifiesto para contarlo
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José Antonio Zarzalejos

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Hartos de Yolanda Díaz y un manifiesto para contarlo

Solo los pequeños y medianos empresarios, en un manifiesto por la libertad de empresa, han plantado cara a la "injerencia", a la "hostilidad" y a las "tesis comunistas" del Gobierno y de Díaz

Foto: La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. (EFE/Fernando Alvarado)
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. (EFE/Fernando Alvarado)
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Yolanda Díaz se ha convertido para el Gobierno en un lastre. Y para el país, en un auténtico peligro. En su comportamiento errático, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo trata de contrarrestar sus fracasos electorales -todos ellos sin solución de continuidad- y su incapacidad orgánica en ese constructo denominado Sumar, impulsando iniciativas tan inconsistentes como la generalización para 2025 de la reducción de la jornada laboral semanal, que quedaría fijada en 37,5 horas semanales, dos y media menos que la vigente, salvo los muchos convenios que establecen ya una merma en función de su mejor y mayor productividad.

Al disparate de una propuesta de este calado, tan inoportuna y dañina para la economía nacional, añade Díaz la audacia temeraria de pretender aprobar la medida prescindiendo de las patronales empresariales, en particular de la CEOE y, sobre todo, de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME). Ante la resistencia de las patronales, la ministra ha llamado a consultas a las grandes compañías que, por su productividad y competitividad, no tienen mayor problema en asumir esa jornada laboral que ya está vigente en muchas de ellas. No ha sido precisamente gratificante que hayan acudido al llamado ministerial, la verdad. El ministro de Economía, como ya tuviera que hacer su predecesora, Nadia Calviño, ha parado, de momento, el ímpetu de Díaz que comienza a recoger velas. Veremos.

El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, un exitoso empresario granadino, lanzó el pasado día 3 un indignado discurso en la Asamblea de la patronal que preside en el que no se mordió la lengua. Acusó al Gobierno de “hostigamiento”, de “injerencias” y de militar en tesis “comunistas”, apelando al empresariado a defenderse. En esa misma reunión, se aprobó un duro manifiesto “por la libertad de empresa”, cuyos primeros párrafos no pueden ser más reveladores: “las pequeñas y medianas empresas españolas, que somos más del 99,8% del tejido productivo con cerca de 11 millones de empleos, decimos ‘basta ya’ a la injerencia del Gobierno en la empresa”.

Y añadía el texto: “Ante la aprobación en los últimos años de medidas intervencionistas que menoscaban la flexibilidad y el buen funcionamiento de las compañías, pedimos salvaguardar la libertad de empresa en España. La sobrerregulación y el excesivo control que se está imponiendo sobre la empresa, la política continuada de aumento de costes y cargas burocráticas, fiscales y sociales se combina con un discurso estigmatizador y un cambio de cultura que se está procurando sobre la figura del empresario basada en la persecución de los beneficios, la rentabilidad y el éxito en los negocios”.

Foto: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (Europa Press/Marta Fernández Jara)

Las pequeñas y medianas empresas, además de ser esenciales en la urdimbre social, laboral y económica de España, son también de pequeño tamaño: la mayoría con menos de 10 empleados (4,5 de media) y apenas dos millones de facturación. Para estas entidades, una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales supone un coste inasumible en tanto en cuanto el nivel de competitividad y productividad se mantenga en los actuales, lejos de la media europea.

Como ha recordado el economista Manfred Nolte, profesor en Deusto Business School, la competitividad “es el factor de eficiencia endógena, tecnológica o de otra naturaleza que, a igual cantidad de fuerza laboral y de equipo capital en un sector, región, país o empresa, es capaz de incrementar la producción en el tiempo”. Solo en el País Vasco la productividad se encuentra a nivel europeo y de ahí que sea allí donde la jornada ya está reducida a 37,5 horas semanales (en el sector público, a 35) y donde se perciben los sueldos más altos.

Foto: El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la Asamblea. (Europa Press/Fernando Sánchez)

Las pymes no pueden, en general, asumir este coste adicional que se le ha ocurrido a la ministra de Trabajo y que no podrá imponer sin una enorme erosión del tejido empresarial español que en los últimos años no está pudiendo absorber la injerencia gubernamental en la libertad de empresa (artículo 38 de la CE) que es uno de los pilares básicos de funcionamiento socio-laboral y económico en la Unión Europea. La crónica de Javier Jorrín, ayer en este periódico, retrata fielmente la escabechina que la reducción de jornada que pretenden Díaz y los sindicatos procuraría a las pequeñas y medianas empresas españolas.

En el empresariado español, aquel que depende del mercado doméstico a diferencia de las grandes compañías del Ibex que operan con beneficios en varios, ha emprendido con el manifiesto por la libertad de empresa de CEPYME una batalla justa contra una política fiscal y laboral del Gobierno de Sánchez en la que su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se permite derivas populistas que tratan de disimular su fracaso gestor porque, aun con apariencias positivas en el empleo, crece el fenómeno de los asalariados pobres, no cede el minifundismo empresarial (la empresa española es de media la más pequeña de Europa) y aumentan las ya grandes tasas de desigualdad, como relató aquí hace menos de un año nuestro compañero Carlos Sánchez.

Pedro Sánchez ha cometido el tremendo error, entre otros no menores, de conceder a Yolanda Díaz un margen excesivo de autonomía que ella utiliza con reiterada torpeza, al igual que los demás ministros de Sumar, sea Ernest Urtasun con sus obsesiones de ‘descolonización museística’ pasando por la inédita Sira Rego, el evanescente Pablo Bustinduy o la ‘imaginativa’ Mónica García al frente de carteras en las que la inacción y la incompetencia de sus titulares se perciben en ámbitos demasiado importantes (y en otros en los que se entrometen, como en los asuntos exteriores): Trabajo, Cultura, Derechos Sociales, Infancia y Sanidad. De momento, en un arranque que desmiente la docilidad del empresariado español, las pequeñas y medianas empresas han mostrado ya el hartazgo ante las intrusivas simulaciones políticas de la líder de la extrema izquierda en el Gobierno para salvarse del naufragio que le amenaza en todos los órdenes. Una hartura de la que participan, y se les nota, aunque no lo expresen, muchos de sus compañeros en el Consejo de Ministros.

Yolanda Díaz se ha convertido para el Gobierno en un lastre. Y para el país, en un auténtico peligro. En su comportamiento errático, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo trata de contrarrestar sus fracasos electorales -todos ellos sin solución de continuidad- y su incapacidad orgánica en ese constructo denominado Sumar, impulsando iniciativas tan inconsistentes como la generalización para 2025 de la reducción de la jornada laboral semanal, que quedaría fijada en 37,5 horas semanales, dos y media menos que la vigente, salvo los muchos convenios que establecen ya una merma en función de su mejor y mayor productividad.

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