El peor ministro de Justicia de la democracia

La grosera utilización de la Abogacía del Estado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, siguiendo las instrucciones del presidente del Gobierno, (pinchar aquí para leer íntegro el texto de la querella), es el penúltimo episodio protagonizado por el que ya es el peor titular de esa cartera desde que Landelino Lavilla desempeñara el cargo entre 1977 y 1979.

Ninguno de sus dieciocho predecesores, ocho de ellos en gobiernos socialistas, había elaborado una proposición de ley de amnistía tan inconstitucional como la aprobada el pasado 10 de junio y que ha sido considerada así por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Ninguno había desactivado, como lo ha hecho Bolaños, la Fiscalía General del Estado, sumida en una crisis sin precedentes, con su titular a las puertas de un proceso penal por revelación de secretos y desautorizado hasta en cuatro ocasiones por la Sala Tercera del más alto tribunal.

Ningún ministro de Justicia anterior ha colaborado como él a la marginación de las Cortes Generales mediante reales decretos leyes y proposiciones de ley para eludir los informes técnicos de los órganos consultivos.

Opinión

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Y nadie antes al frente de un ministerio de Estado como el de Justicia se apresta a implementar, si prospera, el preacuerdo alcanzado por el PSC con ERC que requeriría de una reforma constitucional (que se eludirá), la modificación de al menos dos leyes orgánicas y la aprobación de una o varias ordinarias.

Ningún ministro de Justicia anterior ha cargado con críticas hirientes contra jueces y tribunales y no consta que cualquiera de sus predecesores haya presionado como lo está haciendo él a los recién elegidos consejeros del Poder Judicial para que designen como su presidente y del Supremo a su candidato o candidata.

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No hay hipérbole en las valoraciones anteriores. A Bolaños como ministro de Justicia le corresponde la interlocución ordinaria con el fiscal general del Estado, como establece el artículo 8.2 de su Estatuto Orgánico. El ministerio fiscal es un órgano de relevancia constitucional que se ‘integra con autonomía en el poder judicial’ y aunque su nombramiento corresponde al Rey a propuesta vinculante del Consejo de Ministros, la iniciativa corresponde al ministro de Justicia, al igual que la tramitación de los ascensos que requieren de formalización mediante real decreto del Consejo de Ministros.

Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, en la gestión más parcial de cuantas se recuerdan, ha alineado la Fiscalía con los intereses del Gobierno de forma tan notable que ha recibido desautorizaciones expresas del Supremo (a propósito de nombramientos de fiscales de Sala, singularmente de Dolores Delgado) y admoniciones sobre el incumplimiento de sus sentencias. García Ortiz ha quebrado la unidad de la carrera fiscal al imponer criterios a sus subordinados que no han prosperado ante los tribunales, todo ello en ejecución de los propósitos gubernamentales. Félix Bolaños ni siquiera se ha mostrado receptivo a los informes de la UE sobre la calidad de nuestro Estado de derecho que reclaman una modificación del Estatuto Orgánico de la Fiscalía para que su titular pueda ser más autónomo del Gobierno que le nombra. Es obvio que si es Bolaños el corredactor de la ley de amnistía, como lo es, no iba a permitir la autonomía de criterio del ministerio fiscal.

La Abogacía del Estado, integrada con rango de subsecretaría en el ministerio de Justicia, es la instancia que representa al Estado en procesos y pleitos, velando por sus intereses y ejerce una función asesora esencial. Jamás había sido utilizada de manera tan banal e inconsistente en la presentación de una querella por prevaricación, en supuesta defensa del presidente del Gobierno, contra el juez que instruye la causa penal contra su mujer, Begoña Gómez.

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Se ha vulnerado el artículo 17 del Real Decreto 649/2023 de 18 de julio que desarrolla ley 52/1997 de 27 de noviembre de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas. Un precepto que reza así:

“1. Los Abogados del Estado no ejercitarán acciones ante ningún órgano jurisdiccional si no es a solicitud del órgano o entidad interesados y previa autorización para ello, con carácter singular o general, de la Dirección General de lo Contencioso.

La solicitud inicial del órgano interesado permitirá la autorización de todas las acciones, trámites e incidencias necesarios para la defensa de los intereses representados, así como de otros procesos distintos pero vinculados a la defensa de esos intereses o los derivados de la unidad de actuación de la Administración o entidad interesada.

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2. Quedan excluidos del requisito de la previa autorización los supuestos de urgencia. En estos casos, la solicitud del órgano interesado podrá ser verbal, sin perjuicio de su posterior justificación documental. Luego de su ejercicio, el Abogado o Abogada del Estado jefe dará inmediata razón a la Dirección General de lo Contencioso para que ratifique la actuación realizada o acuerde el desistimiento en su caso”.

¿Cómo se ha tramitado en el Ministerio de Justicia la decisión de interponer la querella contra el juez de instrucción n º 41 de Madrid para velar, supuestamente, por la reputación de la presidencia del Gobierno que no es parte en las diligencias de investigación? ¿Quién hizo la solicitud? ¿Quién, cómo y cuándo se informó en derecho de la procedencia de querellarse?, ¿cómo es que la querella no está suscrita por el abogado general del Estado si tanta trascendencia tiene el asunto? A él le corresponde “autorizar los actos de disposición de la acción procesal” como establece el artículo 4 de su Reglamento. ¿Lo ha hecho con constancia documental? Estas son cuestiones que corresponde aclarar al ministro de Justicia. Están pendientes.

Félix Bolaños firmó con Oriol Junqueras el pasado mes de noviembre, antes de su nombramiento como ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el pacto del que trae causa el preacuerdo entre el PSC y ERC. De salir adelante por el aval de la militancia republicana, Bolaños, de nuevo, será el responsable de implementar su ejecución, otra misión imposible que él hará posible vulnerando la ley -ateniéndose a ella formalmente- y traicionando la reiterada salmodia gubernamental según la cual un concierto económico para Cataluña era, como la amnistía, una línea roja para el PSOE. El titular de Justicia se encarga de que todas puedan ser superadas. Él es el responsable de urdir la ejecución de una estrategia (quizás, solo de una táctica) de Pedro Sánchez. No es, propiamente, un cómplice. Es un cooperador necesario. Félix Bolaños y María Jesús Montero, son, con los servicios de la presidencia del Gobierno, instrumentos para la implantación de la autocracia fáctica en la que se desarrolla el (des) gobierno de España. En definitiva, el peor ministro de Justicia, tanto por razones técnicas como éticas.