Como Lluís Companys en 1936 (de la tragedia a la farsa)

El 1 de marzo de 1936 más de medio millón de personas recibieron en Barcelona a Lluís Companys. Dos días antes había salido amnistiado de la cárcel del Puerto de Santa María en donde cumplía condena de 30 años de prisión por la comisión de un delito de rebelión perpetrado cuando, con otras autoridades de la Generalitat de Cataluña, proclamó el 6 de octubre de 1934 “el Estado catalán de la República Federal Española”, asumiendo el poder. Detenido por el general Batet fue recluido en el buque Uruguay fondeado en el puerto de Barcelona.

El Tribunal de Garantías Constitucionales de la República, en funciones de corte penal, le condenó por esos hechos el 6 de junio de 1935 pese a la ardorosa defensa del abogado y político Ángel Ossorio y Gallardo, un republicano moderado que en el exilio escribió la primera de las elegías fúnebres de su defendido: Vida y sacrificio de Companys a la que seguirían otras porque Companys fue fusilado en 1940, tras un nuevo juicio sin garantía alguna, por las autoridades franquistas, entregado por los nazis que le localizaron en el París ocupado por las tropas de Hitler.

En las elecciones de febrero de 1936 ganó el Frente Popular y de inmediato la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados dictó un decreto-ley de amnistía por los hechos de octubre del 34 en cumplimiento de su programa electoral, con el voto favorable de los representantes de la derecha (la CEDA) y ante la enorme presión de la izquierda catalana y de ERC en particular, partido al que pertenecía Companys y su predecesor Francesc Macià que en 1931 también protagonizó otra intentona secesionista que se resolvió en una negociación entre tres ministros del Gobierno de la República y el propio Macià. Se retiró el pronunciamiento y el Ejecutivo se comprometió a restablecer la Generalitat en plenitud e iniciar los trámites para dotar a Cataluña de un Estatuto que se aprobó en 1932.

A propósito del proceso soberanista, el jurista y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Enric Fossas Espadaler, publicó en 2019 un magnífico ensayo titulado Companys ¿golpista o salvador de la II República? El proceso por los hechos de 1934). En esta obra, sin aludir directamente al proceso soberanista que culminó en 2017, puede sin esfuerzo alguno establecerse determinados paralelismos históricos. El académico relata con detalle el regreso de Companys a Barcelona y el recibimiento popular, así como su discurso desde el balcón del Palacio de la Generalitat: “Volveremos a sufrir, volveremos a luchar, volveremos a ganar.”

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Como escribió Karl Marx en Dieciocho de Brumario la ‘historia ocurre primero como tragedia y luego se repite como farsa’. Y eso es lo que está ocurriendo con el regreso de Carles Puigdemont, que huyó de la Justicia española en la madrugada del día 28 de octubre de 2017 tras declarar el día anterior, apenas por unos segundos, la ‘república catalana’. De no haberse inaplicado la ley de amnistía por el juez instructor Pablo Llarena y por la Sala Segunda del Supremo en la instrucción que contra él se sigue por la comisión de un delito agravado de malversación, Puigdemont habría vuelto a Barcelona como Companys en 1936. Solo el torpe José Luis Rodríguez Zapatero se permitió establecer comparación entre la tragedia y la farsa, es decir, entre la amnistía a Companys y la aún pendiente de Puigdemont.

No ha sido el caso. Porque retorna, tras varias promesas incumplidas de hacerlo, bajo orden detención y para intentar frustrar la investidura del primer secretario del PSC, Salvador Illa, apoyado por los imprescindibles veinte escaños de Esquerra Republicana de Catalunya, el partido de Macià y de Companys. Este episodio está siendo circense y responde al fraternal canibalismo del nacionalismo catalán que, de forma cíclica, se depreda el uno al otro desde su origen a finales del siglo XIX y, de continuo, durante el anterior e, incluso, hace solo unos años. La aversión entre ERC y el partido de Puigdemont, evocación lejana del pujolismo y de CiU, pero en una versión radical y, quizá, menos cínica, es incandescente y permanente. Lo que permite al Estado -ahora y antes- imponerse frente a los atentados a su integridad que ha recibido de forma recurrente.

Pero aquí, alguien más que Puigdemont, hace el peor de los ridículos -que según Josep Tarradellas - era lo único en lo que no se podía incurrir en política: el Gobierno de Sánchez. Porque ¿cómo se explica que se detenga en territorio nacional al fugado que confraternizó en Bruselas con la vicepresidenta segunda del Gobierno?, ¿cómo las negociaciones de Santos Cerdán, retratado de forma humillante con el huido bajo una enorme fotografía con las urnas triunfantes del 1-O de 2017?, ¿cómo la firma del pacto de investidura entre el número tres del PSOE y Jordi Turull, condenado e indultado por sedición, malversación y desobediencia?, ¿acaso no prometió Pedro Sánchez que traería al expresidente de la Generalitat para sentarlo en el banquillo y que fuera juzgado?

El silencio atronador del Gobierno de Sánchez es mucho más ominoso que la farsa en Barcelona que es tanto una pelea entre nacionalistas como un reproche a este Gobierno, que lo es con los votos del partido del prófugo, cuyo testaferro en Cataluña -lamentablemente Salvador Illa ha defraudado las más mínimas expectativas- gobernará antes o después para administrar un programa secesionista vigilado desde fuera de su posible Gabinete por los veinte escaños que han impuesto al Estado -esta vez inerme por la ambición de Sánchez- el reinicio del proceso soberanista con el reconocimiento (de momento, sin concreciones) de la soberanía fiscal catalana.

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Todos en silencio, mientras la doble farsa se consuma. Silencio de Sánchez, el autor material de este desaguisado; silencio de Díaz, la quintaesencia de la banalidad política; silencio de Montero, sin la caja catalana de la fiscalidad, después de negar que tal cosa sucediera, silencio de Illa, presunto presidente de la Generalitat. Un silencio agosteño que se rompe solo por los vítores al fugado en un intento patético, pero intento, al fin y al cabo, de certificar la ‘traición’ de ERC y de ridiculizar a Sánchez. Serán los jueces los que terminen por restablecer en su momento, con el permiso de Cándido Conde Pumpido, el principio de legalidad y el de sensatez. Y el propio Puigdemont el que, con sus siete escaños en el Congreso, decida la suerte de esta XV legislatura.