Jaume Duch y la 'misión imposible' del hombre fuerte del Govern

Salvador Illa ha encomendado a Jaume Duch Guillot (Barcelona, 1962) la consejería de Unión Europea y Acción Exterior. El nombramiento ha sorprendido porque el hasta ahora director general de comunicación del Parlamento Europeo y su máximo portavoz ha desarrollado una trayectoria personal y profesional marcada por un profundo europeísmo, una gran capacidad de interlocución y una discreta pero permanente oposición al proceso soberanista en Cataluña.

Aunque sin carné del PSC y sin significarse de manera notable, tanto en círculos parlamentarios de Bruselas como en la comunidad periodística con la que ha sostenido un cordial y constante contacto, se le considera próximo a las tesis socialdemócratas. De perfil catalanista, pero sin especial simpatía hacia los independentistas, ha transmitido de continuo el criterio del Parlamento sin escorarse en sus tesis, muchas veces expuestas bajo el compromiso del off the record con los informadores y analistas europeos. Se ha distinguido, además, por sus frecuentes estancias en España en las que ha procurado 'cuidar' a los periodistas españoles.

Fuentes parlamentarias consultadas en Bruselas expresan "la mayor consideración por Jaume Duch" y explican que "quizás se ha enrolado en el Gobierno de Illa porque aquí lo tenía todo hecho". Así es. Duch, además de periodista, es abogado y docente de derecho internacional y accedió al cargo en la Cámara europea por oposición y méritos. "Nadie le ha regalado el puesto" insisten estas fuentes que, añaden, "quizá quedó defraudado al no lograr alcanzar la secretaría general del Parlamento, aunque la merecía". En cualquier caso, es casi unánime el reconocimiento de que su nombramiento como consejero de Unión Europea y Acción Exterior ha sido un acierto de Illa, pero "a saber si Duch ha valorado la responsabilidad que asume, teniendo en cuenta que el acuerdo con ERC le impone un programa de máximos que es difícilmente cumplible" subrayan estas fuentes.

Transcurrida ya una semana desde la investidura del primer secretario del PSC y constituido su Gobierno, ni los socialistas catalanes ni el PSOE han ofrecido su versión oficial del pacto con ERC que fue avalado (53% de los votos emitidos) por la militancia republicana. Ha sido el partido de Junqueras y de Rovira el que dio a conocer el preacuerdo suscrito (pinchar aquí). Conforme a la literalidad de ese texto, los independentistas consideran "la proyección europea e internacional de Catalunya" como una absoluta prioridad.

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Por esa razón, el acuerdo —a expensas de su oficialización pública por el PSC— impone a Illa —y, por lo tanto, a Duch— una serie de medidas que fuentes diplomáticas consideran "tan inviables como la financiación singular". Así, además de acordar que se mantenga la consejería de Unión Europea y Acción Exterior, obligan al nuevo Gobierno de la Generalitat a apoyar los 'consulados' ya establecidos por anteriores ejecutivos, culminar la creación de un cuerpo funcionarial de Acción Exterior (una especie de diplomacia profesional catalana) y también "la consolidación y ampliación" de la red de presencia internacional de la Generalitat con especial referencia a América Latina, Asia y "el continente africano".

No paran ahí las pretensiones de ERC, asumidas al parecer por el PSC, por Illa y por el PSOE. Los republicanos, además, instan al nuevo Gobierno a que gestione la presencia de Cataluña en la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la educación, la cultura y la Ciencia), la OMS (Organización Mundial de la Salud), Europol (Agencia de la Unión Europea para cooperación policial), la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y, entre otros organismos internacionales, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Con especial énfasis, ERC ha exigido la presencia catalana en la Unesco, en la que están integradas ya las regiones de Flandes (Bélgica) y Quebec (Canadá).

La Constitución reserva las "relaciones internacionales" como competencia exclusiva del Estado, aunque los Estatutos permiten la presencia de las Comunidades Autónomas en determinados ámbitos en el exterior bajo la coordinación con el Gobierno. El catalán prevé en el artículo 193 y siguientes esa posibilidad.

La ley de Acción y Servicio Exterior del Estado es terminante al establecer que los órganos constitucionales, las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y los organismos, entidades e instituciones de ellas dependientes mantendrán informado al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de las propuestas sobre viajes, visitas, intercambios y actuaciones con proyección exterior, para que este departamento pueda informar y, en su caso, emitir recomendaciones motivadas sobre la adecuación de la propuesta de actuación a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijados por el Gobierno y los instrumentos de planificación establecidos por esta ley. Y añade que "esta obligación de información en el ámbito de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas comprenderá los viajes, visitas, intercambios y actuaciones de sus presidentes y de los miembros de sus Consejos de Gobierno y no será de aplicación cuando se trate de actuaciones en el ámbito de la Unión Europea y de viajes o visitas a sus instituciones".

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La ley estatal anterior fue 'contestada' con otra del Parlamento catalán de 4 de diciembre de 2014 que afirma las competencias de la Generalitat en la Unión Europea, una norma insertada temporalmente en el proceso soberanista (2012-2017) que no fue recurrida y en la que se sostienen algunas de las pretensiones republicanas en el pacto de investidura de Illa. No obstante, la presencia internacional que se pretende ahora en el pacto ERC-PSC debe obtener la colaboración del Gobierno, al igual que la financiación singular, también acordada, y que sigue sin determinar concreciones, aunque no sin las alertas desde dentro del PSOE, siendo la más clara, concisa y razonada la del exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en un artículo titulado 'Demasiado coste para una investidura precaria'.

¿Cómo gestionará Duch este acuerdo que Illa se ha comprometido a cumplir al pie de la letra, asumiendo, además, la gestión de Pere Aragonès? Todavía no hay respuesta. Tampoco a otra misión que podría corresponder al nuevo consejero de Unión Europea y Acción Exterior: la 'venta' internacional de una posible consulta amparada en una ley de claridad, a la que alude el pacto. Se acordaría en la "convención nacional para la resolución del conflicto político" bajo la presidencia de ERC y que debe constituirse en el primer pleno parlamentario que se celebre. Aragonès ya lanzó a la conversación pública un "acuerdo de claridad" que sometió a un grupo de académicos. Uno de los participantes en el informe sostiene que "en ese dictamen está el germen de una ley de claridad".

El pasado mes de mayo, Stéphane Dion, el exministro canadiense para Asuntos Gubernamentales, inspirador de la ley de claridad para una futura nueva consulta en Quebec y ahora embajador de su país ante Francia y la Unión Europea, presentó en Madrid su ensayo 'La secesión en las democracias', un texto para 'españoles' que abrió el camino al debate, aunque con fuerte contestación académica de dos especialistas en derecho público que acompañan al ensayo de Dion, Alberto López Basaguren y Javier Romero Caro. Este delicado asunto, le correspondería gestionarlo en el ámbito internacional, si prospera, a Jaume Duch que se ha constituido en el 'hombre fuerte' del Gobierno de Illa, junto con Alicia Romero, consejera de Economía. Ambos manejan los acuerdos más improbables del pacto de investidura de Salvador Illa.