Un juez íntegro, pero varón y no suficientemente progresista

Tras el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, los veinte nuevos vocales no se han puesto de acuerdo para designar a su presidente, que será también el del Tribunal Supremo. La fecha de la apertura del año judicial —el cinco de septiembre— está a la vuelta de la esquina y sería incomprensible que el evento repitiese, en peor versión aún por la situación procesal del Fiscal General del Estado, la coreografía de años anteriores con un presidente interino del alto tribunal, Francisco Marín Castán, y otro, igualmente provisional del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte.

Mientras diez de los vocales a los que se atribuye sensibilidad 'conservadora' han propuesto para el cargo al magistrado Pablo Lucas Morillo de la Cueva, un juez íntegro, independiente, sin adscripción a ninguna de las asociaciones judiciales e identificado con criterios más cercanos a algunos de los que le rechazan que a no pocos de los que le proponen, los otros diez tenidos por 'progresistas' han establecido una arbitraria condición de idoneidad: la doble presidencia debe ser para una mujer. Comoquiera que la mayoría requerida para la elección es de 3/5 (doce votos), el asunto ha embarrancado.

La condición masculina de Pablo Lucas es, en consecuencia, obstativa para acceder al cargo. No importa que disponga de un currículum impresionante (pinchar aquí para consultarlo), que pertenezca a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que desde 2009 hasta el presente haya sido el magistrado de la Sala III adscrito unánimemente por el Consejo para el control judicial del CNI (por el contrario, tal delicada misión resultaría un lastre según algunos), que no se le conozcan declaraciones o posicionamientos ajenos a los estrictamente profesionales en un ejercicio constante de discreción y compostura, que en su condición de catedrático de Derecho Constitucional haya publicado ensayos de referencia y que, además, como presidente en funciones de la Sala Tercera del Supremo (la de lo Contencioso-Administrativo) esté demostrando capacidad de gestión y de cohesión. Todo eso parece ser lo de menos teniendo en cuenta que es un hombre y es preferible —no se sabe por qué criterio— que el cargo lo ocupe una mujer. Todas las candidatas son muy respetables, pero todas también están muy lejos de la trayectoria de Pablo Lucas.

Otro obstáculo a la candidatura del salmantino, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, consistiría en que, aun siendo progresista, no es lo bastante porque, según los vocales de esa adscripción el magistrado "se ha salido de esa senda [progresista]" porque ha dictado resoluciones "críticas con las decisiones del Gobierno". Tal sectaria apreciación aparece literal en la crónica del diario El País titulada El nuevo bloqueo amenaza a la carrera judicial publicada en la edición del pasado 6 de agosto. De manera que anular el nombramiento de una no idónea presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, o dos veces el de Dolores Delgado como fiscal de Sala, una de ellas por la evidente desviación de poder de su superior, Álvaro García Ortiz, serían pruebas de cargo de que Pablo Lucas ha dejado de ser progresista. O no lo es suficientemente.

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Si los vocales que han propuesto al magistrado Lucas desisten de su candidatura y los otros diez no reflexionan sobre la aplicación de unos criterios tan arbitrarios como los que manejan para rechazarlo, el Consejo General del Poder Judicial nacerá medio muerto porque la primera de sus decisiones —elegir a su presidente— quedará impregnada de un insoportable sectarismo. No hay en el ámbito de la magistratura casi nadie, además, que reúna más consenso que Lucas, algo que conocen perfectamente los vocales del Consejo. Como conocen que el poder judicial precisa de un presidente que se haya comportado como él cuando fue citado por el Parlamento catalán para que compareciese ante una comisión de investigación sobre el caso Pegasus. El magistrado se negó dos veces a hacerlo explicando respetuosa e impecablemente su obligación legal de no someterse a un interrogatorio sobre su función jurisdiccional.

Las mujeres son ya el 53% del número total de jueces y magistrados en España. Hace diez años, ese porcentaje era el inverso. Poco a poco, en función de sus méritos, no de su condición femenina, ofician ya magistradas en las cinco salas jurisdiccionales del Tribunal Supremo, también en sus salas especiales y en su Sala de Gobierno. El número dos de la Fiscalía General del Estado es María de los Ángeles Sánchez-Conde y Consuelo Madrigal ostentó la máxima jerarquía del cuerpo por primera vez entre 2015 y 2016. En la actualidad son 15 las fiscales de Sala, máxima categoría de la carrera, de un total de 39.

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Ocurre igual en el Tribunal Constitucional, en el que cinco de sus doce magistrados son mujeres, una de ellas, Inmaculada Montalbán, su vicepresidenta. El órgano de garantías constitucionales ya estuvo presidido entre 2004 y 2010 por María Emilia Casas y al frente del Consejo de Estado ha sido nombrada Carmen Calvo. Hasta hace muy pocos meses, la Abogacía del Estado ha estado dirigida por una mujer. Pero más aún: ocho de los veinte vocales del actual Consejo General del Poder Judicial son mujeres.

Con el transcurso del tiempo un buen número de juezas y magistradas ahora en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia, en las Audiencias Provinciales y en los juzgados de instrucción, de primera instancia y mercantiles seguirán ascendiendo y, de forma natural, es decir, no por cubrir una cuota sino por méritos y capacidad, escalarán en la pirámide tanto jurisdiccional como en otros cargos del poder judicial.

El progreso femenino en el ámbito de la justicia ha sido extraordinario y tratar ahora de justificar el empecinamiento en elegir una mujer para la presidencia del Supremo y del Consejo es solo una coartada cuando resulta evidente, a derecha e izquierda, que Pablo Lucas es el magistrado que, en todas las variables de evaluación, es la mejor opción tanto desde el punto de vista profesional como institucional.

Aducir que es preferible una mujer, conforme al más rancio feminismo de cuota que sacrifica la excelencia a los ritos de lo políticamente correcto, y que no es suficientemente progresista, ambas como causas para descartarle, constituye un argumentario inaceptable. Mañana, en otra sesión, al parecer de trámite y digital, los veinte vocales deberían reconducir este asunto tan crucial.