Montero, Díaz y Ribera, vicepresidentas en precario

La figura de la vicepresidencia —una o varias— del Gobierno comporta unas funciones poco definidas porque, según la ley del Gobierno de 1997, tiene las que le “encomienda el presidente” (sin decir cuáles). Por lo general, aunque no por imperativo legal, el vice o las vicepresidentas son también ministros responsables de un Departamento y, si son varias, como ahora es el caso, la primera preside la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios. Además, las tres se benefician de una prelación respecto de los demás miembros del Gabinete.

En España, la vicepresidencia ha sido un estatuto de relevancia política más que de capacidad competencial. Pedro Sánchez ha encumbrado con tres vicepresidencias a otras tantas mujeres por razones diferentes, pero, al cabo, obvias. María Jesús Montero es la primera de las tres y titular del estratégico Ministerio de Hacienda, pero no es casualidad en absoluto que simultanee ese cargo con el de vicesecretaria general del PSOE. El dinero público y el poder orgánico en una mano vicaria y fiel.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, asume el de Trabajo y Economía Social y su estatuto vicepresidencial es mucho más simbólico que efectivo: subraya la importancia de las cuestiones sociales, pero, sobre todo, reconoce la coalición con la izquierda que ella intentó dirigir.

Ocurre algo similar con la tercera vicepresidenta, Teresa Ribera, a la que se inviste de esa prevalencia para gestionar la cartera de Transformación Ecológica y Reto Demográfico, dos materias especialmente cultivadas por la izquierda porque apelan a nichos de identidad ideológica, siendo el ‘verde’ el más sólido de todos.

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Sucede que las tres vicepresidentas, por distintas razones, se encuentran en precario porque, bien por su gestión, bien por circunstancias sobrevenidas, sus figuras están seriamente erosionadas, su credibilidad disminuida y su fortaleza política se ha debilitado. Representan para Sánchez mucho más un lastre que un activo y es muy posible que, de durar la legislatura, deba sustituirlas para insuflar viento de popa en las velas de un Gobierno que navega sin rumbo.

El caso más serio y delicado es el de María Jesús Montero. Como ministra de Hacienda le corresponde tanto la elaboración de los Presupuestos Generales como la financiación autonómica. El Gobierno renunció a presentar el proyecto de ley de Presupuestos en el primer año de la legislatura (2024) y ya es de dominio general que tampoco logrará aprobar los de 2025 en el caso de que presente el proyecto, como aseguró el martes la ministra portavoz. Un Gobierno democrático en los sistemas constitucionales liberales que no es capaz de presentar, o de que se apruebe, la ley más importante para la gestión gubernamental, y lo es en España como establece el artículo 134 de la Constitución está obligado a resignar su mandato y el presidente a convocar elecciones o a someterse a una cuestión de confianza.

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Montero tampoco ha logrado poner en marcha un nuevo sistema de financiación autonómica. El actual está prorrogado desde 2014. Y lo que es más grave, no podrá intentarlo, no solo porque el PSOE se desplomó en mayo del pasado año en las elecciones autonómicas y locales, sino también porque el acuerdo de investidura de Salvador Illa rompe todos los esquemas previos, muta la Constitución y establece una bilateralidad Madrid-Barcelona por completo confederal. La política andaluza, que como consejera de la Junta (2013-2018) de su región combatió lo que ahora dice avalar en Cataluña, se ha encastillado en su propia falsedad al negar que lo negociado por el PSC y ERC sea un Concierto Económico.

La ministra sabe que efectivamente es un Concierto porque: 1) Establece que la Agencia Tributaria de Cataluña recaudará todos los impuestos en la comunidad 2) Aumenta “sustancialmente” (sic) las facultades normativas fiscales de la Generalitat 3) Crea una Hacienda propia catalana, 4) Conviene un cupo que se materializa según el acuerdo (páginas de 5 a 9, pinchar aquí para leerlo) en un porcentaje de la recaudación al tiempo que un compromiso de solidaridad inespecífico con la limitación de la “ordinalidad” (sic), y 5) Está previsto que Cataluña se sustraiga a la aplicación de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Además, ¿cómo va a gestionar la ministra de Hacienda, sin Presupuestos, la fase transitoria prevista en el acuerdo ERC-PSC? Como ha declarado Joaquín Almunia, exsecretario general del PSOE, ni los propios signatarios del pacto lo saben. Efectivamente, no deben saberlo —o si lo saben, se avergüenzan— porque Sánchez y Montero eluden la más elemental rendición de cuentas ante el Congreso. Hay que reconocerles que sus rostros son de cemento armado.

No hay posibilidad alguna, sin embargo, de sortear el significado de la literalidad del pacto entre socialistas y republicanos, ni es factible, como se hace suponer, establecer una negociación bilateral con todas las autonomías tratando así de cuartear la unidad de acción de los presidentes autonómicos populares que el pasado lunes cerraron filas al respecto. En estas condiciones, sin Presupuestos, sin financiación autonómica y con el compromiso imposible (que ella siempre negó pudiera alcanzarse) con ERC, Montero es una pieza demasiado gastada en Ferraz y en la Moncloa. Quizás no sea válida ni como recambio de Juan Espadas en Andalucía. Por lo demás, durante los cinco días abril en los que el presidente del Gobierno estuvo de asueto reflexivo, su comportamiento público dejó que desear hasta para sus propios compañeros. Descontrol gestual e histrionismo verbal.

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Yolanda Díaz, a la que le está encomendada toda la política laboral del Gobierno y la llamada ‘economía social’, no puede esgrimir ni el liderazgo en Sumar, como se podrá comprobar en la convención que pretende calafatear el buque de esa izquierda zozobrante, ni logros especiales en su gestión ministerial. La reforma laboral se aprobó por chiripa en 2021, la creación de empleo es débil, el fenómeno de los trabajadores pobres es inclemente, el diálogo social está roto (véase lo que ha ocurrido con el intento de reducción de jornada y la CEOE niega las cifras oficiales de paro, sin que se aclaren cuántos fijos discontinuos cobran el desempleo). Por lo demás, sus injerencias en terrenos competenciales ajenos, desde la visita humillante a Puigdemont en Bruselas hace poco menos de un año, la primera de todas, hasta sus declaraciones antisemitas sobre el conflicto entre Israel y Gaza y su incapacidad para aportar solidez a la coalición, la convierten en una funambulista política ya sin valor futuro para Sánchez.

Teresa Ribera fue la cabeza de la lista del PSOE en las elecciones europeas. Perdió frente al PP por dos escaños, cuatro puntos porcentuales y 700.000 votos. Ha renunciado al acta de parlamentaria en Bruselas en la creencia de que será designada comisaria por Úrsula von der Leyen. Está descartado que asuma la cartera de Energía que ahora ostenta la centrista estonia Kadri Simson. No la desempeñará porque el 9-J ofreció resultados que aconsejarán al nuevo ejecutivo disminuir sus furores regulatorios, aflojar en su vocación ecologista a la vista de la reacción de ganaderos y agricultores y apearse de algunos fundamentalismos que a Ribera no le son ajenos en determinadas materias que conciernen especialmente a las políticas de la Comisión Europea. La vicepresidenta tercera, además, no es amigable con las grandes empresas energéticas —gravadas en España con una exacción no tributaria temporal con vocación de permanencia— que disponen de lobbies potentes en Bruselas, más aún cuando los candidatos a los departamentos de la Comisión deben pasar por una exhaustiva audiencia parlamentaria de idoneidad. Tampoco está aún claro que acceda a la comisaría de Acción Climática, ahora desempeñada por el democristiano neerlandés Wopke Hoekstra, responsable del ‘pacto verde europeo’. Así que su posición futura en la política española será muy frágil si no logra una comisaría relevante.

Sánchez sabe que su Ejecutivo no da más de sí. Es solo ya una trinchera. De tal manera que, si la legislatura continúa a trancas y barrancas, deberá inyectar al Gabinete una dosis de caballo de dinamismo, credibilidad y capacidad de gestión. Sus tres vicepresidentas están exhaustas. Y un repaso a otros titulares ministeriales remite a una sensación de agotamiento insorteable.