Una vuelta de tuerca a 'La dignidad de Catalunya' (de 2009 a 2024)

El 26 de noviembre de 2009, unos meses antes de que el Tribunal Constitucional dictase sentencia sobre el Estatuto de Cataluña de 2006, 12 periódicos catalanes, entre ellos La Vanguardia y El Periódico de Catalunya publicaron un editorial conjunto bajo el título La dignidad de Catalunya. El texto arrancaba en la primera página de los diarios y tuvo una enorme repercusión. La espina dorsal del texto no era exactamente lo que parecía, una advertencia solo al Constitucional para que no suprimiese determinados aspectos sensibles del nuevo Estatuto, sino, sobre todo, lanzaba una afirmación que fue calificada con propiedad de "victimista" y que resultó el primer peldaño sentimental del proceso soberanista que se desató a partir de 2012.

Quien conozca desde puestos directivos el funcionamiento de los diarios de información general sabrá que un editorial conjunto de varios periódicos de diversas tendencias —aunque en ese caso fueran todos catalanistas en grados variables, desde los autonomistas hasta los independentistas— requiere de un consenso de muy difícil logro tanto en su publicación simultánea como en su redacción. La dignidad de Catalunya fue una pieza elaborada por al menos ocho manos. Uno de los autores, que no tuvo reparo en desvelar su participación, es todavía hoy una personalidad de altura intelectual y de singular representatividad social que no duda en considerar aquella iniciativa como un "error de cálculo". Ahora rebate con una argumentación consistente y constante, en todo o en parte, las consecuencias de aquel llamamiento mediático que todo el espectro político, social y económico de Cataluña —con la excepción del PP y de sectores adversos al nacionalismo— aplaudió con entusiasmo y que el entonces presidente socialista de la Generalitat, José Montilla, "agradeció" vivamente.

"El obsesivo escrutinio a Catalunya"

Dos fueron los párrafos cruciales de aquel editorial. Ambos duros, admonitorios, desafiantes. Así decía el primero de ellos:

"Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa".

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El segundo párrafo, igualmente apodíctico, declaraba:

"Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable".

Un editorial con todas las consignas del 'procés'

En las líneas precedentes se localizan todas las consignas que se han generalizado en las clases dirigentes de Cataluña, desde las independentistas hasta las catalanistas, desde la alta burguesía a la mesocracia: la financiación insuficiente (con mención al privilegio foral), el abuso de la capitalidad por Madrid (con el apoyo entusiasta de Pedro Sánchez, obsesionado por su incapacidad para doblar el pulso al PP tanto en la alcaldía de la urbe como en la presidencia de la comunidad), la falta de infraestructuras, la promoción de la lengua catalana… Todas estas claves fueron los combustibles dialécticos del proceso que puso en marcha Artur Mas y que culminó en septiembre y octubre de 2017. Fue el convergente el que exigió a Rajoy en septiembre de 2012 un 'pacto fiscal' para Cataluña que es al que, en ciernes aún, y en forma de concierto, se han comprometido el PSC y el Gobierno con ERC. El expresidente de la Generalitat tiene declarado que si se hubiera concedido lo que reclamaba el proceso soberanista se hubiera podido evitar. Una afirmación contrafactual que delata la desarticulación táctica y estratégica del independentismo.

La ausencia de autocrítica de las élites catalanas

Aquel editorial no formulaba ni una sola crítica a la gestión, primero de CiU y luego de los dos tripartitos encabezados por Pasqual Maragall y José Montilla. Tampoco aludía a la corrupción que señoreó la política catalana en los últimos años de los gobiernos de Jordi Pujol y ni siquiera rozaba la evidencia del desgobierno que era tan agudo y extendido que culminó en 2011 con el asedio del Parlamento de Cataluña. Fue aquel episodio un aldabonazo sobre la conciencia de los dirigentes públicos, el que, con los mismos argumentos sobre la dignidad colectiva, tan arbitrariamente interpretada, propulsó el proceso soberanista con las consecuencias ya conocidas.

Uno de los graves problemas de la clase dirigente catalana es su ausencia de autocrítica y la pretensión de que el Estado supla con políticas excepcionales la pérdida histórica de dinamismo y vanguardia de la comunidad frente a otras emergentes. Como la de Madrid, pero no solo. Aragón con Zaragoza resurge; Andalucía con Málaga se ha convertido en un referente de transformación; el País Vasco con Bilbao ha encontrado un modelo alternativo al de aquella ciudad gris e industrial de los años ochenta del siglo pasado y en Valencia el anclaje de empresas punteras es una constante.

Madrid y el PP, culpables

El pacto para la investidura de Salvador Illa, firmado por el PSC y ERC, acuerda una "financiación singular" en forma de concierto económico. Y desde Cataluña, también desde algunas troneras madrileñas y una parte del PSOE, están planeando regresar a la invocación de 'La dignidad de Catalunya' para exigir lo que el sistema constitucional y la legalidad orgánica que lo desarrolla no puede conceder a la comunidad como ya ocurriera con el Estatuto de 2006.

En este sentido, el editorial de La Vanguardia del pasado día 2 de septiembre titulado La financiación singular ofrece evocaciones del publicado por el mismo periódico y otros 11 más en noviembre de 2009. Se dice en ese texto que "como ya es tradicional, lamentablemente, en el patio político español, cualquier medida que pueda favorecer a Catalunya provoca importantes rechazos en otras comunidades autónomas, ya sea por el temor a sufrir una merma en los recursos que reciben con cargo a los impuestos que aportan los catalanes a los presupuestos públicos o por puro tacticismo político". Y añade: "La ceremonia de la confusión, en este sentido, ha sido alentada por el Partido Popular, así como por la extrema derecha, tal vez con la esperanza de obtener rédito electoral de las críticas a Catalunya" (sic). De nuevo el triple mensaje: Cataluña como "víctima" de la emulación de otros territorios, las derechas como vehículos de la fobia anticatalana y Madrid como absorbente de todos los privilegios por su capitalidad y jacobinismo, feudo de la derecha desde hace décadas.

Si no es un concierto, ¿qué es?

Otros textos publicados en la prensa catalana, y algunos en la madrileña, redundan en el agravio con especial interés en negar que lo acordado sea un concierto económico, al menos, que lo sea con similitud al vasco, sino "solidario", endosando al de los territorios forales no serlo, sin respuesta del PNV. En este sentido, ha llamado la atención la apelación del catedrático emérito de Hacienda y figura indiscutible del 'alma' nacionalista del PSC, Antoni Castells, al 'honor del president' (Illa) para que cumpla lo acordado. Este político de larga trayectoria desarrolló la tesis de que el acuerdo con ERC no implica un concierto. En declaraciones a la Cadena SER, el respetado economista Andreu Mas-Colell abundó en el planteamiento de Castells: "llamarlo concierto puede ser absolutamente contraproducente" dijo. Y añadió: "no conviene utilizar la palabra concierto porque está muy identificada con el tema vasco".

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También la patronal Foment del Treball Nacional —que apoya el desarrollo del pacto suscrito por ERC y el PSC— en un amplio comunicado titulado El modelo de financiación autonómica. Sin miedo al cambio evita calificarlo, pero redunda en el argumento de la insuficiencia financiera de la comunidad en lo que se ha convertido en un discurso absoluta y totalmente general. Cataluña regresa así al "unanimismo" que glosó y denunció el filósofo Manuel Cruz, ahora senador por el PSC.

Ramón Jáuregui se suma a las tesis de Borrell y Sevilla

Solo Josep Borrell en el PSOE ha sostenido con insistencia que lo pactado es un concierto. También el exministro Jordi Sevilla, en una valiente y documentada pieza publicada en Agenda Pública, coincide con Borrell y argumenta que con ese pacto el Estado se adentra en un modelo "confederal asimétrico", otra consecuencia que niegan los favorables a la entente entre ERC y PSC. Apoyando la tesis de la huida del PSOE hacia ese modelo confederal, Ramón Jáuregui, exministro de Presidencia con Zapatero, exsecretario general del PSE y exvicelendakari del Gobierno vasco, hombre especialmente ecuánime, publicó el pasado viernes un artículo en El Correo titulado El Congreso del PSOE en el que constataba que "en determinadas esferas de la izquierda política española se defiende esta estrategia [la desarrollada por Sánchez] como la clave del futuro político del país. 'Hemos sacado al PSOE del pacto constitucional, hemos superado la España de la Transición y es la hora de construir la República confederal en España' se dice abiertamente en esos círculos. A su vez, los nacionalistas insisten en "aprovechar" este tiempo para avanzar en sus respectivos proyectos (Otegi dixit)".

Bastaría leer el concluyente artículo de los catedráticos de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo y del País Vasco, Carlos Monasterio e Ignacio Zubiri, respectivamente, publicado en El País el pasado día 2 para desbaratar los sofismas que niegan la naturaleza concertada, similar al modelo foral, de la "financiación singular". Dicen, taxativos, que "un gobierno no pueda recaudar impuestos en una región de su territorio no ocurre en ningún país (salvo en España en las comunidades forales)" por lo que afirman sin duda que "el pacto es un concierto económico con Cataluña… que por la indefinición de algunos elementos el Gobierno puede intentar transformarlo en una compartición de impuestos". La crónica de Javier Jorrín del pasado jueves en este periódico pone negro sobre blanco la insostenibilidad de las versiones tácticamente contrapuestas entre los socialistas y los republicanos.

El debate técnico, sí, pero sobre todo el político

El debate técnico, sin embargo, es engañoso porque oculta el aspecto puramente político del acuerdo de investidura del primer secretario del PSC que se configura por ERC como un paso necesario, imprescindible, hacia la soberanía fiscal ("la llave de la caja"), presupuesto indispensable para una eventual independencia. O, más propiamente, para una reforma del sistema constitucional —o mediante su mutación— que abra un portillo permanente para el ejercicio del derecho a decidir según el modelo de la ley canadiense de Claridad, pensada para una eventual nueva consulta en Quebec, mencionada expresamente en el texto del convenio entre los dos partidos. De tal manera que cuando —como se demostró en la estéril comparecencia en el Senado de la ministra de Hacienda el pasado miércoles— vayan decayendo los jeribeques técnicos sobre la denominación de la "financiación singular" irán emergiendo, como en el proceso soberanista, los argumentos emocionales, los intangibles, la recurrente manifestación de agravio y el manoseado victimismo en línea con aquel texto fundacional del procés: el editorial La dignidad de Catalunya.

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Como analizó en este periódico con perspicacia el periodista catalán Ramón González Férriz, "Illa y Pedro Sánchez no han dado por bueno el independentismo, pero sí el diagnóstico que puso en marcha el procés: que hay que blindar a las élites catalanas, que hay que reducir el auge de Madrid de alguna forma —a fin de cuentas, piensan, los socialistas no la gobernarán en la próxima década, por lo menos—, y que hay que quitar poder a las viejas élites madrileñas porque estas son centralistas, carcas y ventajistas. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Volvemos a la casilla de salida del 19 de septiembre de 2012: un pacto fiscal". Así es.

Lo que viene ocurriendo en Cataluña desde hace ya muchas décadas responde en buena medida a un impulso alternativo de las clases dirigentes catalanas que no han estado a la altura de las circunstancias y que se apropian de la 'dignidad' común de toda su sociedad como un señuelo sentimental con fines extractivos. Esa y el afán de poder de Sánchez triangulando el Estado (los vascos y navarros, los catalanes y el resto) son los meollos de este asunto.

No va de dignidad; va de dinero; va de poder; va de minorías decadentes, cuyo discurso ha comprado no tanto el socialismo español como eso que se denomina ‘sanchismo’ que no encaja en ningún modelo ni ideológico ni de gestión gubernamental. Como constata Ramón Jáuregui en su artículo del pasado viernes en El Correo, en referencia al actual PSOE, "nuestro proyecto de país parece encaminado a ser construido sin contar con la otra mitad de nuestros conciudadanos. Puede decirse, en consecuencia, que hemos perdido nuestra vocación de mayoría". Cierto.