Un acto de bravuconería gubernamental

La treintena de medidas que ayer aprobó el Consejo de Ministros y que pretende conformar algo así como ‘un plan de regeneración democrática’ es un acto político bravucón, esto es, una bravata, una jactancia y, por apurar la definición, conforme al diccionario de la Real Academia Española, una fanfarronería.

¿Cómo va a ser posible cambiar el marco normativo orgánico que establece los límites del derecho esencial de libertad de expresión cuando el Gobierno no puede ni aprobar los Presupuestos Generales del Estado?

¿Cómo va a ser posible modificar el esquema legal orgánico que regula el ejercicio de la libertad de prensa cuando el Ejecutivo carece de cualquier posibilidad de sacar adelante su programa legislativo más básico?

¿Cómo van a aceptar sus socios nacionalistas e independentistas vascos y catalanes la injerencia estatal en las burbujas mediáticas más dopadas que ninguna otra que son las de Euskadi y Cataluña?

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¿Cómo es posible abordar esta materia sin una sola mención a la radio y la televisión públicas presididas en precario por una militante socialista y a la agencia oficial de noticias dirigida por un exsecretario de Estado de Comunicación?

¿Es consciente el Gobierno de que cualquier afectación abusiva de la libertad de expresión y prensa se sustancia en último término ante la Justicia europea, tanto de la Unión como en el TDH del Consejo de Europa?

Opinión

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Pero no es solo que esas medidas -por lo que afectan a los medios de comunicación y al desarrollo y límites de la libertad de expresión- constituyan un brindis al sol. Es que, además, el plan es una simulación para aparentar que se da cumplimiento a los propósitos de Pedro Sánchez a raíz de la investigación penal a su esposa expuestos por el presidente el 17 de julio pasado en el Congreso.

Prácticamente todos los asuntos que aborda ese plan jactancioso están ya resueltos en los 78 párrafos del prólogo del Reglamento de Libertad de los Medios de Comunicación de la Unión Europea de 11 de abril pasado y en sus detallados 29 artículos. Basta aplicar esta norma vinculante, apoyada por los editores españoles en la AMI, y aterrizarla en nuestro país para colmar cualquier insuficiencia en nuestro sistema normativo.

La ley reguladora del derecho de rectificación es orgánica y su modificación requiere de 176 votos en el Congreso; su desarrollo desde que se aprobó ha establecido en evolución unos precedentes judiciales que la han actualizado permanentemente.

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La ley que protege los derechos al honor, la intimidad y la imagen es también orgánica y su reforma exige 176 votos en el Congreso y, lejos de estar desactualizada, está puesta al día por la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional. Establece, además, un proceso preferente que permite la resolución de las demandas y de los sucesivos recursos en plazos más breves a cualquiera otros en procesos civiles.

El registro de los medios de comunicación en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia implica necesariamente la alteración de su ley que es ordinaria pero especialmente polémica. La entidad, además, está en trance de transformación porque perderá sus actuales competencias en materia energética.

La reforma de la ley de Publicidad Institucional no puede, por razones competenciales, afectar a las comunidades autónomas debido a su autonomía en el ejercicio de sus funciones. En Cataluña y en el País Vasco sus respectivos parlamentos han aprobado leyes sobre esta materia.

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La reforma de los delitos de opinión requiere una reforma del Código Penal que es también ley orgánica (176 votos en el Congreso). Lo mismo ocurre con la Ley de Seguridad Ciudadana, también llamada ‘ley mordaza’.

La constitución de una Comisión en el Congreso para debatir sobre los ‘bulos’ forma parte de los protocolos a los que se acude cuando en realidad no se quiere hacer otra cosa que aparentar que se hace algo y en realidad no se hace nada.

La medición de audiencia está contemplada en el Reglamento Europeo que prima a los modelos del propio sector y secundariamente a los que puedan implementarse a efectos de las Administraciones Públicas por las autoridades. Esa misma norma europea es nítida en cuanto a los criterios de reparto de publicidad institucional en función de criterios objetivos. En todo caso, la asignación de publicidad institucional, subvenciones públicas y patrocinios de la misma naturaleza no son actos discrecionales sino reglados y por lo tanto recurribles ante la jurisdicción contencioso- administrativa.

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Una de las negociadoras españolas de esta norma en Bruselas, Carmen González López, ha explicado en un excelente trabajo publicado en Letras Libres el qué y el porqué del Reglamento de la Unión y sostiene que Pedro Sánchez en su comparecencia en el Congreso “olvidó destacar el principio rector que vertebra el Reglamento Europeo sobre libertad de Medios de Comunicación: la libertad. Libertad que nos incumbe a todos defender frente a los abusos del poder económico y, sobre todo, del poder político, de tal manera que, en lugar de elegir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, logremos un buen gobierno, más periodismo de calidad y mayor libertad de medios”.

Algo, sin embargo, es muy posible que este plan gubernamental haya logrado: la intimidación de los medios más débiles y de los profesionales más condicionados. La creación, en fin, de un denso ambiente de escrutinio y amenaza que alguna célula del PSOE ya práctica con la villana vigilancia de las vidas públicas y privadas de jueces y periodistas.

Y si esto sigue así, la Moncloa habría de recordar lo que en Bruselas viene ocurriendo con la situación de la libertad de prensa en la Eslovaquia de Robert Fico (su partido expulsado del socialista europeo) y en la Hungría de Viktor Orbán (su partido expulsado del PP europeo). A ellos se uniría Sánchez si fuese posible -y nada con él es ya imposible en este país- gobernar sin el poder legislativo, tal y como ha asegurado se propone conseguir.