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El irreversible fracaso de Pedro Sánchez (mentir, amparar y amenazar)
Se debe aplicar Sánchez la doctrina que administró a Rajoy: la responsabilidad por su 'culpa invigilando' y por las amenazas a medios y jueces con el método del 'efecto desaliento' para callarlos e inhibirlos
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Si "el que la hace la paga" y si aquí no va a haber "impunidad", ya está tardando el presidente del Gobierno en presentar su dimisión y convocar elecciones. Porque el caso Ábalos y el de su mujer, con un alcance quizás todavía insospechado, pero intuido, cuestionan su idoneidad como jefe del Ejecutivo y su coherencia moral. Toda la responsabilidad política de los episodios que hasta el propio Sánchez no discute (la corrupción de José Luis Ábalos y de otros muchos) y las conductas, al menos impropias, de Begoña Gómez, le interpelan porque él debió evitarlos.
Ábalos fue apartado del Ministerio y del partido en 2021 pero rehabilitado en las listas electorales de julio de 2023 y obtuvo acta en el Congreso
José Luis Ábalos fue apartado del Gobierno y del cargo de secretario de organización del PSOE en 2021, pero en uno y en otro cargo se desenvolvió bajo la dirección y vigilancia del presidente y secretario general del partido, del que fue su más fiel escudero desde 2017. Pudo el exministro perpetrar sus algo más que presuntas fechorías porque, en el mejor de los casos para Sánchez, el presidente no las evitó. No se entiende (¿o sí?) que, en la lista al Congreso por la provincia de Valencia en las últimas elecciones generales, el 23 de julio del pasado año, se incluyese la candidatura de Ábalos que obtuvo el acta. ¿Acaso no conocía entonces el presidente que su colaborador se había conducido como ahora se sabe? ¿Por qué se cesa a un ministro y se le retira la confianza como dirigente del PSOE y se le repone dos años después en una lista electoral para ocupar escaño en el Congreso?
Todos los argumentos que Sánchez esgrimió en la moción de censura a Rajoy le son de aplicación a él mismo, corregidos y aumentados
Cuando Pedro Sánchez presentó la exitosa moción de censura contra Mariano Rajoy en mayo y junio de 2018, el hoy presidente argumentó con una contundencia que viene al caso la responsabilidad política del entonces presidente del Gobierno y del PP. Es, exactamente, la que ahora le corresponde asumir. En el ámbito del derecho constitucional no existe expresamente ese instituto jurídico de la responsabilidad política. Pero sí cabe una trasposición de su contenido recurriendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Según su Sala Primera, concurre tal 'culpa invigilando' en "la persona que tiene o se reserva la dirección, control, intervención o vigilancia en la actividad desplegada por otro" y también que esta culpa se produce cuando existe "un nexo entre dos personas caracterizado por la existencia en una de ellas de facultades de impartir órdenes e instrucciones a la otra".
Basta remitirse a la Constitución y a la Ley de Gobierno para comprobar que el presidente ostenta, y debe ejercer, esas facultades de impartir órdenes e instrucciones y, además, controlar a las personas a las que se dirigen. Porque a Mariano Rajoy no se le condenó por delito alguno, pero se le imputó la responsabilidad política por su 'culpa invigilando'. Es el caso, corregido y aumentado, de Pedro Sánchez.
No solo el secretario general del PSOE ha amparado, al menos culposamente, a Ábalos (¿qué decir de los comportamientos impropios de su mujer?) sino que, además, ha mentido. Sabido es que lo ha hecho en la gestión política porque prometió no hacer todo lo que luego ha hecho (empezando por la amnistía, siguiendo por el concierto económico catalán y terminando con el 'olvido' de las promesas a las víctimas del terrorismo sobre el cumplimiento íntegro de las penas a los delincuentes, sin olvidar su negativa a negociar con Bildu o con los independentistas catalanes).
La mentira es obvia en las versiones del viaje de Delcy Rodríguez a España cuando Ábalos "evitó una crisis diplomática", según el presidente
Pero es que Sánchez ha mentido también respecto de sucesos tan graves como el "viaje privado", la "parada técnica" (Pilar Alegría en estado puro) o lo que fuera que fuese la llegada a Madrid de la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020. Sánchez proclamó a quien quisiera oírlo que Ábalos consumó una gran actuación política evitando "un conflicto diplomático" por el que fue aplaudido por el grupo socialista en el Congreso con los diputados del PSOE puestos en pie. En ese viaje, en esa secuencia, están encerradas algunas claves de la corrupción en el seno del PSOE y del Gobierno.
El mismísimo Sánchez (en una versión posmoderna y reducida del 'Luis, sé fuerte' de Rajoy) dio su visto bueno a la llegada de la tal señora, aduciendo, sin embargo, otra excusa impresentable: su Gobierno 'no se percató' de que Rodríguez tenía prohibida la entrada en los Estados de la Unión Europea, salvo autorización excepcional expresa. Y tampoco la hubo. La ignorancia de las leyes (en este caso de los acuerdos de la UE) no excusa de su cumplimiento, apotegma jurídico (artículo 6.1 del Código Civil) y político básico.
Previendo este alud de acontecimientos y con la finalidad de acallarlos, tras la estratagema de sus cinco días vacantes en el mes de abril con esa ridícula 'carta a la ciudadanía', Sánchez ideó una "regeneración democrática" ante la "desinformación, el bulo y la máquina del fango". Como aquí se ha escrito en más de una ocasión, Sánchez, inspirado seguramente por sus muchos asesores, tan listos, tan ligeros de pluma en la redacción de argumentarios, puso en práctica lo que se conoce como 'efecto desaliento', un método de coerción bien conocido tanto en la ciencia política como en los mismísimos tribunales internacionales y hasta en el Supremo español.
El plan de regeneración democrática de Sánchez consiste en la ejecución del conocido 'efecto desaliento' para limitar la libertad de expresión
El también denominado chilling effect, que es de cuño anglosajón, concretamente norteamericano, consiste en la evitación del ejercicio de los derechos —en particular el de libertad de expresión— ante amenazas no delictivas del poder político, o de otras instancias con capacidad coercitiva, de interposición de demandas, aplicación de leyes inexistentes o interpretadas de manera coactiva y sectaria. Para quien esté interesado en conocer el contenido conceptual del 'efecto desaliento' puede acceder al estudio del profesor Joaquín Urías, autor de uno de los mejores ensayos jurídicos al respecto. Pues bien, el tal plan de regeneración —ya queda claro— no perseguía otro propósito que el de crear un denso ambiente de intimidación a los medios críticos, sabedor el presidente de que a través de ellos terminarían conociéndose los hechos de los que informa al juez instructor del caso Koldo-Ábalos la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El mismo desaliento se busca con la ofensiva contra el juez Peinado y, en general, contra los demás jueces y magistrados mediante la torticera introducción en nuestro país del ignominioso concepto del lawfare.
Sánchez ha mentido; Sánchez, culposa o dolosamente, ha amparado conductas intolerables y Sánchez ha amenazado. Su fracaso político y personal es irreversible, más aún cuando con el mayor de los desprecios a su propia legitimidad, que es solo parlamentaria, se ha jactado, entre aplausos de sus compañeros del Comité Federal del PSOE, de gobernar "con o sin el Poder Legislativo". Las muchas complicidades en la mentira, en el amparo a determinados personajes y en la amenaza a medios y jueces va a terminar provocando un fin de época que tardará más o menos en producirse, pero que se producirá. Quizá Sánchez debió dimitir cuando amagó con hacerlo en abril. Su propósito nunca fue renunciar, sino representar otra simulación. Mintió y se confundió. Ya no tiene remedio.
Si "el que la hace la paga" y si aquí no va a haber "impunidad", ya está tardando el presidente del Gobierno en presentar su dimisión y convocar elecciones. Porque el caso Ábalos y el de su mujer, con un alcance quizás todavía insospechado, pero intuido, cuestionan su idoneidad como jefe del Ejecutivo y su coherencia moral. Toda la responsabilidad política de los episodios que hasta el propio Sánchez no discute (la corrupción de José Luis Ábalos y de otros muchos) y las conductas, al menos impropias, de Begoña Gómez, le interpelan porque él debió evitarlos.