El Gobierno contra el Estado

Este es el titular más descriptivo del comportamiento intolerable del Gobierno que preside Pedro Sánchez: "El Gobierno solo asumirá el control de la crisis si se lo pidiera Mazón" (El País de ayer sábado). En su declaración institucional, Sánchez, decepcionante y por momentos cínico, echó sobre las espaldas de una autonomía la obligación del Estado en un desastre cuya magnitud aún no se puede calcular.

Es literalmente indecente someter a una condición innecesaria jurídica y políticamente el ejercicio de la función ejecutiva que consiste en dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, según establece el artículo 97.1 de la Constitución. El Gobierno no puede abdicar de su condición de tal por una omisión, cierta o supuesta, de un presidente autonómico incapaz ante el desastre. Lo pida o no Carlos Mazón, que ayer lo pidió, el presidente Sánchez debió declarar la emergencia nacional y, más aún, convocar sesión extraordinaria del Consejo de Ministros y declarar el estado de alarma conforme al mandato del artículo 116 de la Constitución, de acuerdo con los requisitos que establece para esa situación la ley orgánica de 1981, tal y como se explicó aquí el pasado viernes. Sánchez sentó al Gobierno en el patio de butacas y lo presentó como una instancia subsidiaria. Un auténtico despropósito.

Las proporciones de la tragedia en Valencia —aunque también en otras comunidades— no podían, no pueden y no podrán ser abarcadas por un gobierno autonómico, y malo es que su presidente no sea consciente de su limitación, pero mucho peor resulta que el Gobierno quede a la espera de una o varias solicitudes que en absoluto precisa para ponerse al frente de la gestión de una calamidad que afecta por sus dimensiones a toda la nación.

La abstención temeraria del Ejecutivo lesiona al Estado al que debe servir ejerciendo sus competencias en plenitud siempre, pero especialmente cuando se trata de manejar, aunque sea con notorio retraso, una catástrofe de dimensiones todavía por evaluar, pero con unas cifras de fallecidos y desaparecidos escalofriantes y unos daños públicos (infraestructuras) y privados de un montante exorbitante. La tragedia de Valencia lo es de ámbito nacional y afecta al espíritu colectivo de los españoles, a su economía, a la reputación de España y, de manera fundamental, a la integridad de la confianza ciudadana en el amparo del Estado cuando más perentorio resulta.

Opinión

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Que este Gobierno atentaba contra el Estado, era sabido en función de sus estrategias para mantenerse en el poder valiéndose de pactos con sus enemigos declarados que prometieron no suscribir a sus electores del pasado 23 de julio. Pero, quizá ingenuamente, resultaba difícil admitir que su ausencia de criterio estadista (y de principios) fuese tan rampante como el que está mostrando en esta crisis. Y al tiempo, tan clarificador del tacticismo constante del que hacen gala Pedro Sánchez y sus ministros que han tomado la inclemente decisión de comportarse como espectadores cualificados de la tragedia.

Les costará caro porque los ciudadanos en muchas ocasiones no manejan conceptos políticos abstractos, pero sí perciben los materiales y concretos. Y forman su criterio en atención a percepciones impactantes. Lo hacen las víctimas directas de la tragedia, pero en una sociedad sobre la que golpean de continuo las imágenes y los testimonios de las víctimas de la tragedia, el juicio popular será, antes o después, severo y, en este caso, albergará consecuencias de muy largo alcance.

"En una sociedad sobre la que golpean las imágenes y los testimonios de las víctimas, el juicio popular será, antes o después, severo"

El derrumbe de la confianza en el Estado es la consecuencia de la renuncia del Gobierno a serlo como le exigen la Constitución y las leyes. Y como le reclama la sociedad española ahora perpleja ante la incuria gubernamental, la insuficiencia gestora del gobierno autonómico valenciano (que entrará en crisis) y la impasibilidad de las fuerzas políticas que conforman la precaria mayoría parlamentaria que sostiene la actual legislatura.

Se ha producido el colapso del Estado por una inevitable causalidad: el retraimiento del Gobierno, la disfuncionalidad del modelo territorial autonómico que sentencia su fracaso y el emponzoñamiento de la vida pública que trae causa del propósito de Sánchez de levantar un “muro” entre españoles.

Ha conseguido con creces su propósito divisivo, hasta tal punto que su Gobierno se ha convertido en un ariete contra el Estado al que él y sus intereses han venido asaltando de manera impune. Este capítulo histórico en el que el Ejecutivo espera altivamente, sin necesidad de hacerlo y obligado a actuar, la solicitud de un presidente autonómico rebasado por la magnitud del desastre confirma, por si había duda, que este Gobierno y este presidente erosionan los fundamentos del Estado.

Cuando las cifras de fallecidos hagan estallar todas las previsiones, cuando quede claro que el discurso de la resignada inevitabilidad de la catástrofe es en realidad una coartada para la impunidad de los gestores públicos, cuando la evaluación de los daños nos enfrente colectivamente a gravísimos problemas económicos y financieros, cuando se desate una crisis sanitaria ya en ciernes, entonces Sánchez, sus ministros, su partido y todos los que les acompañan con complacencia, deberán hacer frente a una factura moral y política tan voluminosa que les llevará a la quiebra. Es cuestión de tiempo.