El fracaso estratégico de la amnistía y las 'inventadas' de Sánchez

La ley de amnistía era la principal contraprestación de Sánchez a su investidura con los votos de los siete diputados de Junts. El secretario general del PSOE es el presidente del Gobierno, pero Puigdemont sigue, prófugo, en Waterloo. Y ha transcurrido más de un año de la firma en Bruselas del acuerdo entre ambos. Y pasará mucho tiempo, quizá años, hasta que el expresidente de la Generalitat se beneficie de la remisión completa de sus responsabilidades por el delito de malversación, si la amnistía soporta los juicios de constitucionalidad y de adecuación a la legislación europea. Y en estas circunstancias no es en absoluto extraño que el huido sienta defraudadas sus expectativas, más aún cuando, además de colocar a Sánchez en la Moncloa, Salvador Illa se ha instalado en el Palau de Sant Jaume con la imprescindible colaboración de su adversario doméstico más detestado: Oriol Junqueras y la destartalada Esquerra Republicana de Catalunya.

La amnistía pretendía, no solo el perdón por los delitos presuntamente perpetrados por Puigdemont (no ha sido aún juzgado) y los de Junqueras y otros más, acreditados ya en sentencia firme del Supremo, sino también la rehabilitación inmediata y total de los presidentes de Junts y de ERC para que fueran actores políticos sin ningún tipo de limitación. Sin embargo, Junqueras sigue inhabilitado para cualquier cargo público hasta el 5 de julio de 2031 y Puigdemont será detenido si pisa suelo nacional. El fracaso estratégico de la amnistía es completo porque su efecto, de producirse sobre los dirigentes encausados y condenados por malversación, se demora sin fecha mientras que Sánchez desempeña la presidencia del Gobierno sostenido por los escaños de los dos partidos secesionistas.

Puigdemont y Junqueras deben esperar mucho tiempo, el primero para volver a España, y el segundo para cumplir la inhabilitación

Puigdemont y su entorno más inmediato debieran entonar su mea culpa porque pactaron materias que no eran enteramente disponibles por su interlocutor socialista que, aun sabiéndolo, les engañó como tantas otras veces. Es de cajón que todas las amnistías, incluso esta de junio pasado, tan oportunista, las aplica, no el Gobierno, sino los Tribunales de Justicia a los que corresponde su interpretación. Y los jueces y magistrados no desempeñan sus funciones bajo instrucciones de la Moncloa. Que lo haga el fiscal general del Estado y la abogacía del Estado no significa que esté en manos del presidente el control del Poder Judicial. ¿No lo sabían Puigdemont y sus asesores? Pues ya lo saben y deben prepararse para que la estancia en Bélgica del expresidente catalán dure mucho tiempo y para que Oriol Junqueras permanezca inhabilitado hasta que cumpla el tiempo completo al que fue condenado (salvo nuevo indulto, no descartable).

Sánchez, no obstante, se apuntó el pasado día 23, durante el estupefaciente balance del año, adelantándose insólitamente al mensaje del Rey, otra de sus afamadas 'inventadas'. Sostuvo que la amnistía ya era efectiva desde el momento en que la ley la aprobó el Congreso de los Diputados en junio pasado. ¿Efectiva? Sí, pero 'a efectos políticos'. Que serán los que cubrirán la estrategia pensada en la Moncloa para calmar a Puigdemont. Por ejemplo, para justificar la foto de ambos en un escenario internacional (no hay otro posible que el de Bruselas). Pero lo cierto es que los 'efectos políticos' no se corresponden con los jurídicos que están en pendencia hasta que los tribunales se pronuncien. Mientras tanto, Puigdemont es un presunto delincuente a la fuga.

Sánchez se inventó que la amnistía ya había desplegado sus efectos políticos cuando los que le importan a Puigdemont son los jurídicos

Sánchez ya sabe que tiene que inventarse la amnistía política porque la de verdad, la jurídica, podría dilatarse como otros asuntos sometidos al Constitucional que (la ley del aborto o el Estatuto de Cataluña de 2006) tardaron años en resolverse. La procrastinación del Tribunal que ahora preside Cándido Conde Pumpido es, de hecho, una de las alternativas que se manejan tanto en el ámbito judicial como en el académico, ambos mayoritariamente impugnantes, por diferentes motivos, de la constitucionalidad de la ley de amnistía, que se aprobó como proposición de ley, por el procedimiento de urgencia y sin los informes de los órganos consultivos. Además, las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se resuelven en una media de tiempo muy alta de, al menos, dos años.

Los pactos de noviembre de 2023 han sido un negocio ruinoso para los secesionistas catalanes. No así los de sus correligionarios del PNV y Bildu

Puigdemont no va a tumbar a Sánchez porque para un independentista no hay mejor opción que un presidente del Gobierno sin escrúpulos de clase alguna. Pero le va a seguir haciendo sufrir. Esta es la tesis canónica, pero no necesariamente la más acertada. Puigdemont puede estallar. Porque, mientras el expresidente de la Generalitat sigue a miles de kilómetros de Barcelona, Salvador Illa está desarrollando una política de gestos (mucho más que de hechos) que aporta a la sociedad catalana y a sus grupos de interés empresarial y cultural, una sensación de sosiego, un cierto regreso a la institucionalización perdida, un equilibrio entre el 'unionismo' y el 'catalanismo' que tanto incomoda a unos como a otros, pero que, a la vez, tranquiliza allí a una ciudadanía hastiada del permanente conflicto identitario.

En estas circunstancias, mantener la 'épica del exilio' es un recurso que no funciona como hace unos años. Desde algunas atalayas de Junts evocan con nostalgia la centralidad de la extinta Convergencia Democrática de Catalunya y persisten en el proceso de rehabilitación de Jordi Pujol, lúcido a sus 94 años, porque creen que el 'efecto Puigdemont' tiene la mecha corta, que se está agotando. La distancia no es el olvido, pero es el roce el que hace el cariño. Por eso, Illa se comporta como un buenista de libro —quizá es lo que ahora necesita Cataluña— y Junqueras trata de reorganizar su partido después de unas primarias en las que venció con escaso margen. Puigdemont, sin embargo, sigue allí, marchito, sin poder volver a Girona y, sobre todo, con un pésimo diagnóstico de lo que está ocurriendo en Cataluña e igualmente pésimo de lo que sucede en el resto de España.

El catalán se ha jugado su suerte con Sánchez y Sánchez le ha atrapado. Él, presidente del Gobierno y Puigdemont, prófugo. Una asimetría hiriente. La amnistía ha sido un fracaso estratégico a pesar de la 'inventada' del inquilino de la Moncloa sobre sus 'efectos políticos'. Porque, la realidad, es que del perdón no se han beneficiado quienes pactaron su impunidad a cambio de la entrega del poder al secretario general del PSOE y, por derivación, también al primer secretario del Partido de los Socialistas de Catalunya, Salvador Illa. Los pactos de noviembre de 2023 han sido un negocio ruinoso para los secesionistas catalanes. Debieran aprender de sus correligionarios del PNV y Bildu, que están arramblando con todo.