Terapia contra el matonismo del Gobierno

De haber prosperado ayer la convalidación del real decreto 9/2024, de 23 de diciembre por el que se adoptaban “medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social”, y se prorrogaban “determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social”, el Gobierno hubiera usurpado, quizás irreversiblemente en esta legislatura, las funciones legislativas del Congreso de los Diputados.

El Consejo de Ministros dispone de la facultad de dictar decretos leyes en caso de “extraordinaria y urgente necesidad” siempre que no afecten a las instituciones básicas del Estado, al régimen de las Comunidades Autónomas, al derecho electoral y a los derechos y libertades de los ciudadanos. Es el propio Gobierno el que aprecia con enorme holgura de criterio cuando concurre la “extraordinaria y urgente necesidad”, es decir, cuando excepcionalmente puede dictar estas normas provisionales que en el plazo de un mes debe convalidar el Congreso, o derogarlas o transformarlas en proyectos de ley para su tramitación ordinaria.

El Gobierno de Sánchez ha dictado más de 140 decretos leyes frente al de Felipe González, que en trece años aprobó un total de 129

El de Pedro Sánchez es el Gobierno que más ha empleado -de forma abusiva- esta facultad extraordinaria de naturaleza legislativa. Desde junio de 2018 hasta el pasado mes de diciembre, el Ejecutivo ha dictado más de 140 decretos leyes, uno cada doce días, superando a los 129 que aprobó en trece años el Gobierno de Felipe González, y un 25 % más de los que acordó el de Rajoy. Incluso más que el Gabinete de Rodríguez Zapatero.

Sánchez ha abusado de los decretos leyes tanto por su desprecio al poder legislativo, solo comparable al que dedica al judicial y a los medios de comunicación críticos, como por táctica para situar permanentemente a sus socios entre la espada y la pared y obligarles a que los convaliden, en ocasiones, a cambio de contrapartidas (las transferencias en inmigración a la Generalitat catalana) que luego nunca se cumplen. Hasta que Junts y Puigdemont le han tomado la medida y han puesto pies en pared.

Además, Sánchez y su instrumental ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han sofisticado la mutación de la naturaleza de los decretos leyes de tal manera que no solo los utilizan a demanda, sino que, además, incorporan en ellos contenidos heterogéneos que requieren rango de ley para, de una tacada, salvar la ausencia de presupuestos generales del Estado o, literalmente, colar asuntos transaccionales con sus socios. Este es exactamente el caso del decreto ley derogado ayer por 177 votos, mayoría absoluta, en el Congreso de los Diputados. Ocasiones recientes ha habido en los que se ha utilizado una trasposición de una directiva europea para introducir clandestinamente medidas gravísimas como la compensación de penas de etarras de lo que alertó El Confidencial ante la torpeza ignorante de la oposición. El abuso del Gobierno en el manejo de todo tipo de recursos tramposos para subordinar al Congreso merecería una tesis doctoral y, al menos, una reflexión de la obsequiosa aquiescencia mediática que palmea sus fechorías en vez de criticarlas.

El incremento de las pensiones y otros asuntos son materia propia de los PGE que el Gobierno no ha presentado para los dos últimos ejercicios

El incremento de las pensiones y la bonificación del transporte, como otros asuntos económicos, tienen su tratamiento natural en los presupuestos generales del Estado. Como el Gobierno ni siquiera ha presentado los del año pasado y ni los de este ejercicio, en flagrante violación del mandato constitucional, en vez de dictar un decreto ley por cada materia, siempre que concurriera extraordinaria y urgente necesidad, como en el caso del incremento de las pensiones, aprueba uno denominado “ómnibus” que es un trágala para sus socios y para la oposición. Para hacerse una idea: el decreto ley derogado se extendía en 101 artículos, cinco disposiciones adicionales y 15 disposiciones finales que modificaban otras tantas leyes, además de varios anexos. Ayer, no solo Junts se negó -allá sus razones, allá su responsabilidad por pactar con un trilero como Sánchez-, sino que, con plena coherencia, se opusieron tanto el PP como Vox, casi al mismo tiempo que el grupo popular en el Congreso presentaba una proposición de ley -procedimiento correcto- para aprobar el incremento de las pensiones y presentará otra sobre el ingreso mínimo vital y otra más sobre ayudas a los afectados de la DANA del 29 de octubre pasado.

No hay mayoría de investidura, ni la hay de legislatura, así que Sánchez disuelve las Cortes o gobierna sin su constante soberbia y altanería

No hay mayoría de investidura y no hay mayoría de legislatura. Pedro Sánchez gritó el 23 de julio de 2023 el “somos más” pero, en realidad, nunca lo fueron. Él anudó su suerte a la de una yuxtaposición de intereses contradictorios, algunos de ellos claramente subversivos de la legalidad constitucional, asumió promesas que no ha podido cumplir y se atrincheró en el discurso apocalíptico para amedrentar con la alternativa de las derechas, PP y Vox. Interiorizando con ese narcisismo que le caracteriza que él es la única opción posible para los partidos que le invistieron, ha venido practicando el matonismo político que consiste en imponer su voluntad mediante amenazas de distinto género.

Ayer, Bolaños y otros dieron prueba de ese proceder inicuo cuando por toda respuesta a su fracaso parlamentario echaron la responsabilidad de su soberbia incompetencia a los que votaron contra la convalidación del decreto ley que arrasaba con las facultades de debate, enmienda y votación de normas ordinarias y orgánicas que corresponde al Congreso de los Diputados. La terapia contra este matonismo no es otra que evitar una sola concesión a la mutación de los mandatos constitucionales que intenta, y a veces consigue, este Gobierno. Ni una sola. Hasta obligarle a que, o bien convoque elecciones, o bien actúe, tras la derrota de ayer, con un adarme de conciencia de su realidad que es la de estar atrapado en una volátil minoría parlamentaria.

Este Gobierno se caracteriza por su soberbia y altanería, que serán vicios que acabarán con él. Arremete contra jueces y tribunales, pretende que la prensa abdique de su función de ofrecer la notitia criminis, suprime los criterios constitucionales de mérito y capacidad para acceder a la judicatura, la Fiscalía y el funcionariado de la Administración General del Estado y negocia los intereses nacionales con un mediador internacional en países extranjeros.

El PNV ya ha registrado el palacete de París durante la vigencia del decreto ley entre el 24 de diciembre y el día de ayer

En el colmo, pretende que mediante un decreto ley como el de ayer derogado se ‘devuelva’ al PNV un inmueble en París cuyo expediente de dominio no consta haberse tramitado, aunque, prestos como siempre los jeltzales, ya han registrado el edificio de la calle Marceau n º 11, aprovechando que la norma provisional ha estado vigente desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (24 de diciembre de 2024) hasta el día de ayer. Sin embargo, la jornada parlamentaria del miércoles ha sido un buen día para la democracia parlamentaria y malo, merecidamente pésimo, para Sánchez y su Gobierno infectados por la más vulgar de las chulerías políticas.

PD. Hoy con una precipitación completamente inusual y con graves efectos económicos se publica la derogación del decreto ley en el Boletín Oficial del Estado. En la Moncloa, la rabia y el afán de venganza confunde a los irresponsables que debieran estar ya en la tarea de dictar una nueva disposición para, solo con lo referido a las pensiones y al transporte, contrarrestar las consecuencias de su incompetencia.