Este país se está rebelando (el aviso de Manuel Marchena)

A merced constante este país de los partidos extremos, sean los separatistas catalanes y vascos, sean los derechistas radicales e integristas, acunados por un gobierno de grotesca y secuestrada coalición, y una oposición desconcertada, determinadas instancias del Estado, y singularmente el poder judicial, comienzan a ofrecer síntomas de la mejor de las rebeliones, que consiste en reclamar la vigencia de la Constitución atrincherándose en el empeño de que no nos sea arrebatado nuestro sistema democrático.

Cinco jueces de provincias

Como ha ocurrido tantas veces en la historia, el fuego prende apenas con una chispa. Y la chispa, en nuestro caso, ha sido la Audiencia Provincial de Sevilla que se ha enfrentado al más sedicente Tribunal Constitucional de los que en nuestro país se hayan constituido desde 1980. Cinco magistrados 'de provincias' han decidido con acertado y perspicaz criterio que la sentencia elaborada por la jueza Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Constitucional, que en su vida ha pisado la jurisdicción penal, por la que se revocaba en parte la suya y la de la Sala Segunda del Supremo sobre la corrupción en la financiación de los ERES de Andalucía, es tan arbitraria que merece ser llevada, mediante cuestión prejudicial, al Tribunal Europeo de Justicia, planteando también el reproche consiguiente al arrebato casacional de la Corte de Garantías española, manifiestamente ilegal.

Con estas decisiones, una Audiencia Provincial pone en su sitio al Constitucional y demora la emisión de nueva sentencia de ejecución, parcialmente absolutoria de los ahora condenados, que el TC quería imponer siguiendo los criterios de la señora Montalbán (y de Conde Pumpido) que, en la práctica, eximen de cualquier responsabilidad penal a aquellos cargos públicos que tomen decisiones en procesos legislativos preliminares, creando así un espacio de impunidad incompatible con el principio de igualdad y la universal aplicación del Código Penal. La sentencia de los ERES es la resolución más escandalosamente sectaria de las que ha dictado este TC entregado al Gobierno de pies y manos. Ya se dijo, que el Supremo avisó de que los magistrados de ese órgano pueden también incurrir en prevaricación.

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Los jueces y magistrados son el muro de carga del Estado de Derecho y por eso el Gobierno los acosa con leyes que tratan de minar, desde el acceso a la judicatura mediante la destrucción del actual modelo de ingreso, hasta su libertad de expresión. La coalición de Sánchez se sustenta en el albur de sus socios cuya catadura la ofrece, en metáfora, el desprecio y la incuria de la portavoz parlamentaria de Junts que se niega a celebrar una rueda de prensa con la bandera nacional de fondo. Otra chispa que puede encender una réplica en forma de ‘guerra de banderas’ que ya experimentamos en el País Vasco y en la que triunfaron los socios de Sánchez, Bildu (o lo que entonces se correspondiese con esa coalición) y el PNV.

El pesimismo público de Marchena

Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo hasta el mes de noviembre pasado, fue investido hace unos días doctor honoris causa por la Universidad CEU Fernando III. Con ese motivo, pronunció un discurso sintomático cuyo núcleo eran estos párrafos que transcribo:

“En los últimos años, nos hemos instalado en una profunda división que socava la convivencia democrática. Y esta división afecta ya al poder judicial. Una parte de la sociedad no ve en la actual administración de justicia la parcela del Estado en la que unos jueces se encargan profesionalmente de tutelar sus intereses.

Y esta percepción entraña el peligro de que nos encaminemos hacia un escenario en el que quienes no se sienten identificados con los jueces que integran el tercer poder del Estado, recurran a vías de hecho que les permitan eludir los mandatos constitucionales e incumplir los requerimientos judiciales.

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No quisiera arrastrarles conmigo al pesimismo en el que me instalo cuando analizo dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Pero a las razones que ya he expuesto quiero sumar la preocupación que me invade —que no es sólo mía— cuando contemplo otro fenómeno que ya hemos asimilado con normalidad y que, sin embargo, debería ser motivo de fundada preocupación.

En efecto, desde hace ya algún tiempo, la producción normativa se está apartando de la fuente de legitimidad que debería definir las tareas legislativas. Cuando las leyes no responden a las notas de generalidad y abstracción, cuando el legislador aprueba leyes con nombres y apellidos, se resiente otra de las notas que definen a una sociedad respetuosa con los valores democráticos”

Apostillar las palabras del Manuel Marchena, además de innecesario, no mejoraría su nítido mensaje. Pero precisan, eso sí, una explicitud que él no se puede permitir. Cuando se refiere a “leyes con nombres y apellidos” lo hace a la proposición de ley socialista denominada ‘Ley Begoña’, porque su articulado solo tiene el propósito de rescatar a la mujer de Sánchez de la investigación penal a la que está sometida. Bastaría la supresión de la acusación popular que es lo que trata de lograr la proposición a la que se refiere Marchena.

Sánchez, un pato cojo en Europa

No tiene la más mínima coherencia que los vates del progresismo se echen las manos a la cabeza con lo que ocurre con Trump en Estados Unidos y palmeen aquí lo que perpetra Sánchez. Allí solo los jueces están parando ordenes ejecutivas, despidos y deportaciones. Aquí solo los jueces se están resistiendo a la configuración irreversible de un régimen patrimonialista. Con una diferencia: la legitimidad de origen de Trump es electiva y popular y la de Sánchez es parlamentaria. Al gobernar sin el poder legislativo, el presidente está perdiendo su legitimidad de ejercicio.

La mutación constitucional en España se produce, no solo por las decisiones de la mayoría progresista del TC, sino también por la dinámica política gubernamental que ha establecido un sistema presidencialista en el que el Congreso es un estorbo del que se puede prescindir; los ministros, meros receptores de los argumentarios de la Moncloa; la oposición un saco de boxeo sobre el que descargar las propias responsabilidades; los empresarios, un reducto al que controlar y callar; los sindicatos, correas de transmisión bien lubrificadas con fondos públicos y todo ello mientras se monta un modelo territorial, confederal en la práctica, que asegure a Sánchez la Moncloa y a los secesionistas vascos y catalanes tratar a los demás españoles como peleles.

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La caza y captura de los disidentes al régimen —empresarios, periodistas, medios, jueces— es el tramo final del trayecto de dos legislaturas (la XIV y la XV) que han puesto y siguen poniendo nuestra democracia en verdadero peligro, tanto como lo está el sistema americano amenazado por Trump. Si los asaltantes del Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021 han sido amnistiados y campan a sus anchas con el amparo y protección del presidente de Estados Unidos, aquí ya mandan los golpistas de octubre de 2017 y los legatarios de la banda terrorista ETA. Por eso, el país está rebelándose, poco a poco, casi en silencio. No es la primera vez que sucede en España y siempre ha sido igual: tras la docilidad social, sucedía la explosión de hartazgo.

La excentricidad de una coalición gubernamental en la que conviven la izquierda más paleolítica (¡No a la OTAN, bases fuera!) con el populismo dizque socialista, que ahora parece refugiarse en China, comienza a tener una visibilidad notable en la Unión Europea en la que el autócrata es un pato cojo en el concierto de las naciones libres. Su último ridículo ha sido que la denominación ‘rearme’ europeo sea sustituido por un eufemismo blando para cocinar una dieta ‘putinesca’ digerible de sus socios. A ver si va a ser verdad la reflexión orteguiana según la cual “España es el problema y Europa la solución”.