El Gobierno y Vox se topan con Franco y con la Iglesia

España en libertad. 50 años es el eufemismo tras el que Sánchez y su Gobierno han tratado de camuflar la operación de resucitar el antifranquismo para la movilización de un electorado de izquierdas que ofrece síntomas de agotamiento. Ya se observó el pasado 8 de enero en el acto inaugural del aniversario del cincuentenario que la iniciativa iba a tener escaso recorrido. Pero no que se hundiría a las primeras de cambio. Es lo que ha sucedido. Tampoco es extraño porque un vistazo a la programación de los eventos conmemorativos —se quiere que sean 100 o más— acredita que la agenda es de un nivel ínfimo, se centra en asuntos alejados del interés de la sociedad española de nuestros días, carece de relevancia y es el ‘revival’ de un izquierdismo irredento y ayuno de ideas.

Los cebos de la Moncloa

No se sabe si el Gobierno lanzó este asunto a pelo, sin un buen estudio demoscópico, o si, como es más probable, la iniciativa forma parte de los cebos que la Moncloa improvisa para controlar la conversación mediática y, en alguna medida, la pública. No lo ha conseguido en absoluto. Según la encuesta de Metroscopia (pinchar aquí para leerla en su integridad), realizada en el mes de enero, el 67% de los consultados consideraba la iniciativa gubernamental como "desacertada" y solo el 27% "acertada". Un 70% de los encuestados opinaba también que respondía a la búsqueda de "un beneficio político" y solo el 26% que lo hacía a un interés por "dar a conocer la realidad".

El fracaso de esta estratagema adornada con la épica de España en libertad. 50 años, no obstante, ha servido al Gobierno para crear una estructura administrativa con el consiguiente gasto público y la captura de nuevas fidelidades y agradecimientos. El comisariado del evento se ha entregado a una académica, profesora asociada en Zaragoza, Carmina Gustrán Loscos, que dispone de categoría de subsecretaria, de la que se tiene noticia reciente por un muy mediocre artículo en el diario El País (50 años de 1975: una celebración para la ciudadanía) que dejaba entrever su hemiplejia ideológica. El primer párrafo del texto aludía al policía que "moría" el 11 de enero de 1977 en el atentado de ETA en la cafetería Rolando de Madrid, "elevando a 13 el número de víctimas mortales". Y seguía: el 28 de ese mismo mes, "los GRAPOS mataban a un guardia civil y a dos policías más". Pero, mientras los mencionados, "morían" o eran "victimas", otras, entre ellas los abogados laboralistas de Atocha, "fueron asesinadas por las fuerzas de orden público y grupos de extrema derecha". Como se ve, lenguaje selectivo: unos mueren, otros son asesinados. No se ha tapado ni un poco la señora Gustrán.

La comisaria se asegura un sueldo público de más de 75.000 euros y un equipo cuyo coste no está del todo claro, aunque, con los gastos de los eventos, el presupuesto total podría superar los 20 millones de euros. Súmese la campaña de publicidad de diez millones de euros que el Gobierno acordó licitar el pasado martes por el procedimiento de urgencia para fomentar los valores democráticos, vinculándola a la efeméride de la muerte de Franco. Además, se ha nombrado una directora de la oficina de la comisaria y se han destinado a la misma a cinco funcionarios más, al tiempo que el denominado comité científico está integrado por once académicos. También estaba prevista una comisión interministerial que haría seguimiento de la iniciativa y de la que no hay prueba de vida en los medios de comunicación.

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La Iglesia y el Gobierno, Vox y Cuelgamuros

La iniciativa conmemorativa, superado ya el primer trimestre del año, es un fiasco general. Quizás pensaron en la Moncloa que Franco tenía 'tirón', pero no, no lo tiene. Y quizás no lo tenga ni en el crítico mes de noviembre. Para el 20 y 21 de ese mes (Franco murió el 20 de noviembre de 1975), la agenda de España en libertad prevé un debate sobre Radiografía del antifranquismo en España y Francia (1939-1977) y para el día 22 (proclamación de don Juan Carlos ante las Cortes franquistas) un acto conmemorativo sin definir bajo el epígrafe La monarquía y la democracia. Casualmente, en la agenda no consta acto alguno para los días 6 y 7 de noviembre, fechas en las que se produjo la invasión de la Marcha verde sobre el Sahara Occidental por Marruecos.

El manoseo gubernamental de asuntos que se creyeron todavía a flor de piel de los españoles ha pasado también por el Valle de los Caídos, ahora denominado Cuelgamuros. Otro fracaso de Sánchez que insistió en el tema, lo mismo que Bolaños, en sus visitas al Vaticano. La Santa Sede y el episcopado español, singularmente la archidiócesis de Madrid, no han atendido las peticiones del Gobierno para que se expulsase a los frailes benedictinos y se desacralizase el templo. Por más que determinado radicalismo integrista, como el de Vox, que se ha enfrentado a los obispos por estos acuerdos y por la petición episcopal de regularización de medio millón de inmigrantes, considere los pactos al respecto como una dejación de la Iglesia, lo cierto que no habido cesión alguna. Muy por el contrario, se mantiene la basílica como lugar de culto; igualmente permanece la abadía con la orden benedictina y no se tocan los símbolos religiosos del complejo. Por eso, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, se ha reconocido ‘perplejo’ ante las manifestaciones de integristas ante la sede de la Conferencia Episcopal Española que celebró recientemente su asamblea general en la capital de España. También se han producido concentraciones al grito de "Salvemos el Valle" inducidas por Vox y dirigidas por entidades en su órbita que mezclan franquismo con esencialismo religioso.

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Ni Franco es eficaz en la movilización de las bases izquierdistas ni de las radicales de derechas, ni el Valle de los Caídos, Cuelgamuros ahora, reposición de su denominación geográfica original, adquiere para las generaciones centrales una significación militante como deseaba este Gobierno (y los peones de Abascal) que exhumó al dictador y a José Antonio Primo de Rivera, este a petición de su familia, sin convulsión social alguna. Tampoco la habrá si, como pretende la Moncloa, se ilegaliza la Fundación Francisco Franco, a la que monitoriza el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para acumular un argumentario que justifique la medida. Nada de estos asuntos prenden en la ciudadanía. Le preocupan otras cuestiones que apelan a un Gobierno sordo, mudo y ciego y denuncian la insensatez de un Vox que regresa a esas campañas de antaño que ‘amenazan’ a los obispos con no poner la X en la declaración del impuesto sobre la renta para financiar a la Iglesia.