:format(png)/f.elconfidencial.com%2Fjournalist%2F0c5%2F63d%2Fa5d%2F0c563da5def6cac2db3cbe025cb5b55e.png)
Notebook
Por
Sobre Gómez y las esposas de los presidentes (doce meses después del fraude)
El resultado de la 'carta a la ciudadanía' de Sánchez es que Gómez sigue investigada, el caso ha echado raíces en la opinión pública, se ha bastardeado el papel de la fiscalía y de la abogacía del Estado y se ha abierto el melón de las esposas
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F06f%2F7ad%2Fa82%2F06f7ada822adf592da8638eb7720f04a.jpg)
Uno de los comportamientos institucionales más lamentables de Félix Bolaños fue el que exhibió el pasado día 16 de abril, Miércoles Santo, con motivo de su declaración judicial en la Moncloa a propósito de la contratación en 2018 de Cristina Álvarez como directora de programas, pero, en realidad, y según los indicios, también asistente personal y privada de Begoña Gómez. El ministro de Justicia dijo no recordar tal contratación a pesar de que entonces ostentaba la condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno (con categoría de subsecretario), pero aseverando contradictoriamente que el nombramiento era plenamente legal. No recordaba el contrato, lo que no le impidió asegurar su corrección.
Bolaños afirmó asimismo que las anteriores esposas de los presidentes del Gobierno también dispusieron de asistentes o secretarias privadas. Pero no dijo cuáles de ellas los tuvieron a su disposición (¿Amparo Illana?, ¿Pilar Ibáñez Martín?, ¿Carmen Romero?, ¿Ana Botella?, ¿Sonsoles Espinosa?, ¿Elvira Fernández?). Tampoco dio el nombre y apellidos de los/las asistentes que aseguró les ayudaban en sus gestiones privadas, ni cuándo ni cómo fueron contratadas. No presentó documento alguno que acreditase su convencida declaración. El juez Peinado careará a Cristina Álvarez con el ‘camarlengo’ de Sánchez en la Moncloa, Raúl Díaz Silva, la mano derecha doméstica del inquilino de la Moncloa.
La excéntrica y fraudulenta 'carta a la ciudadanía'
Bolaños ahora, y hace exactamente un año su jefe y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han puesto sobre la mesa una figura, la de las esposas de los inquilinos de la Moncloa, a las que se ha prestado muy poca atención en términos tanto políticos como legales. La carta a la ciudadanía de Sánchez, publicada en redes sociales el 24 de abril de 2024, en la que se declaraba "enamorado" de su mujer, atribuía a la "galaxia digital" ultraderechista las denuncias contra ella sobre las que se abrieron entonces diligencias de investigación penal -sin olvidarse de mencionar a Feijóo y Abascal como últimos responsables del "acoso"-, anunciando que tenía que valorar si "merecía la pena" continuar dedicándose al esfuerzo de presidir el Gobierno. Fue un auténtico fraude. Jamás pensó en renunciar. Resultó una estratagema en la que tuvo el descaro, habitual en él, de implicar al Rey. El jefe del Estado formó parte involuntariamente de su 'performance' aquel lunes 29 de abril de 2024.
Doce meses después, el caso de Begoña Gómez ha alcanzado una dimensión proporcional a la excentricidad de Sánchez al publicar ese texto, una operación con múltiples propósitos. Desde luego, el matrimonial, que pertenece a su intimidad, pero, sobre todo el político de estimular un movimiento de solidaridad social -más allá del que podía prestarle el PSOE- mediante la técnica de la exhibición obscena de un victimismo lastimoso.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fa70%2F01f%2F26e%2Fa7001f26ece2c1d9281974fba634e330.jpg)
Sin embargo, aquel recurso torticero le salió rematadamente mal. Dio publicidad internacional al caso de su esposa, provocó extraños (y muy escasos) movimientos internos en su partido, suscitó sorpresa, pero no inquietud en la ciudadanía, y las más diversas instancias, desde luego, el poder judicial, observaron la situación con media sonrisa: bordeó, es verdad, el ridículo. Los ministros - ¡hasta el de Agricultura! - se aferraron al argumentario de la Moncloa en una defensa a pecho descubierto de Begoña Gómez, jaleada en mítines y reverenciada como una suerte de ‘primera dama’ en el 41 º Congreso de Sevilla del PSOE celebrado en noviembre y diciembre de 2024.
El balance judicial impugna la famosa ‘carta a la ciudadanía’. Begoña Gómez está investigada por cuatro delitos (entre ellos, los de tráfico de influencias y apropiación indebida) y se ha abierto una pieza separada para indagar sobre la posible comisión de una malversación de fondos en el caso de la contratación de Cristina Álvarez. Por lo demás, ya han ‘caído’ cuatro imputados adicionales. El juez instructor ha sido hostigado con dos querellas por prevaricación, ambas inadmitidas, y tanto Gómez como su defensa letrada, conducida, mal que bien por el exministro Antonio Camacho, ha contado con la colaboración de la fiscalía y de la abogacía del Estado. También la observancia de las normas de ‘compliance’ de determinadas empresas están, por lo menos, en duda. Y no ha quedado airosa la dirección de la Universidad Complutense.
Gómez, nueva actriz en el escenario político-sentimental
Begoña Gómez, con conductas que sin riesgo pueden calificarse, en el mejor de los casos, como imprudentes, prepotentes e impugnables desde el punto de vista ético, ha abierto una cuestión de Estado. En el futuro inmediato, la Justicia resolverá el caso, pero será el próximo Gobierno y unas nuevas Cortes Generales las que deberán entrar de lleno en la presencia pública de las/los consortes de los/las presidentes del Gobierno mediante un código ético ‘ad hoc’ para definir mejor los conflictos de interés (aparentes y materiales) de sus cónyuges y familiares y aprobar una normativa que detenga los abusos antes de que lleguen a constituir ilícitos penales.
Las esposas de los presidentes del Gobierno no tienen en nuestra legislación ni en nuestros usos constitucionales la más mínima relevancia. Disponen, sí, de una prelación protocolaria tácita; de seguridad policial adecuada a sus circunstancias; pueden dedicarse a la política (lo hicieron Carmen Romero y Ana Botella) y mantener su carrera laboral, y deben recibir asistencia de los servicios de la Moncloa para la agenda pública representativa a la que les obligue (si quieren asumir esa función) su relación matrimonial. Y lo mismo da para el caso de que el consorte fuese varón o persona del mismo sexo. Pero nada más.
Ocurre, sin embargo, que determinada tipología de dirigentes (es el caso de Sánchez) utilizan a sus esposas (más que a los maridos) para la práctica del populismo emocional. Esos spots de Pedro y Begoña cogidos de la mano en la primera fila de los mítines, esos alaridos de los intervinientes con elogios arrebatados a la cónyuge son mecanismos de tracción sentimental que funcionan eficazmente.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Ff20%2Ff85%2F759%2Ff20f85759ca8e919977d4bee4e3be532.jpg)
Sánchez meditó esos cinco días de abril del pasado año cómo superar el trance de la investigación penal y llegó a varias conclusiones seguramente todas equivocadas: el victimismo del hombre "enamorado", Begoña Gómez como nueva actriz en el escenario político-sentimental y todo un coro de ministros arremetiendo contra los jueces y loando las virtudes heroicas de la consorte. El resultado es que ella sigue bajo el escrutinio de la justicia penal, el caso ha echado raíces en la opinión pública, se ha bastardeado el papel de la fiscalía y de la abogacía del Estado y, al fin, se ha abierto el melón de las ‘esposas de los presidentes’.
Uno de los comportamientos institucionales más lamentables de Félix Bolaños fue el que exhibió el pasado día 16 de abril, Miércoles Santo, con motivo de su declaración judicial en la Moncloa a propósito de la contratación en 2018 de Cristina Álvarez como directora de programas, pero, en realidad, y según los indicios, también asistente personal y privada de Begoña Gómez. El ministro de Justicia dijo no recordar tal contratación a pesar de que entonces ostentaba la condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno (con categoría de subsecretario), pero aseverando contradictoriamente que el nombramiento era plenamente legal. No recordaba el contrato, lo que no le impidió asegurar su corrección.