¿Tan privada como Telefónica? (su responsabilidad, presidente)

Gran hallazgo ‘narrativo’ del Gabinete del presidente del Gobierno: Redeia es un ‘operador privado’. Insistentemente ‘privado’, según el reiterado discurso de Pedro Sánchez. Pero ¿es verdad o es mentira que la compañía encargada del transporte de la alta tensión eléctrica y de su seguridad, es una empresa privada? Sí y no. Sí porque solo las compañías que se denominan ‘sociedades mercantiles estatales’, en las que distintas instancias del Estado son titulares de más de 50% del capital, pueden calificarse con rigor de ‘públicas’ (el ejemplo más claro, el de Aena). No, porque, como ocurre en Red Eléctrica Española, el Gobierno, a través del Servicio Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, interviene de manera decisiva.

Solo son públicas las sociedades mercantiles estatales, pero, de hecho, las participadas por la SEPI están controladas por el Gobierno

En el caso de Redeia la SEPI, controlada por el Gobierno a través de María Jesús Montero, es el accionista mayoritario con el 20% de su capital, razón por la que acapara la presidencia de su Consejo de Administración y varios puestos del consejo. Ese es el motivo por el que la registradora de la propiedad, exdiputada del PSOE, exministra de Vivienda con Rodríguez Zapatero, expatrona de la Fundación Pablo Iglesias y, amiga de Pedro Sánchez, Beatriz Corredor es desde 2020 la presidenta de la sociedad. Y por esa razón, otros dos consejeros de la compañía están estrechamente vinculados al PSOE y a la propia Corredor con la que colaboraron en el ministerio de la Vivienda.

¿Qué cualificación gestora, empresarial o financiera, presenta la trayectoria de Beatriz Corredor que le acredite como idónea para presidir REE? Y ¿qué connota a los consejeros de la compañía Elisenda Malaret y Marcos Vaquer para serlo sin la más mínima experiencia en el sector energético, ni siquiera en la gestión empresarial genérica? La circunstancia determinante es que los tres son de la confianza de Sánchez y del PSOE, que pueden imponer (o les dejan hacerlo los demás accionistas) su arbitraria voluntad.

Jordi Sevilla, exministro, precedió a Corredor en la presidencia de REE, pero el valenciano pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, fue secretario de política económica en la Ejecutiva del PSOE y en enero de 2020 renunció a la presidencia de la empresa por manifiestas discrepancias con la entonces ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Hay diferencias abismales entre la una y el otro.

"Sánchez destituyó a Álvarez-Pallete como nombró a Corredor, así que al final del día, la responsabilidad política del apagón es suya"

¿Diría el presidente del Gobierno que Telefónica es una ‘operadora privada’? Es posible que lo hiciera, pero entonces tendría que explicar cómo es posible que el pasado 18 de enero su secretario general para asuntos económicos en la Moncloa, Manuel de la Rocha, convocase a José María Álvarez-Pallete, a la sazón presidente de Telefónica, y ante Ángel Simón -ayer destituido como consejero delegado de Criteria- y de Enrique Goñi, adjunto a Isidro Fainé y probable nuevo presidente de la Fundación de la operadora, le comunicase su cese inmediato que se consumó horas después en un consejo extraordinario. Tendría que explicar Sánchez cómo, siendo privada Telefónica, y con solo el 10% del capital en manos de la SEPI, hizo que Marc Murtra, al que designó para suceder a Álvarez Pallete, nombrase a su amigo íntimo, Carlos Ocaña, vicepresidente de la compañía.

Pregunta, en consecuencia: ¿cómo de privada es Redeia? ¿cómo Telefónica?, ¿cómo Indra?, ¿cómo Hispasat, esas y otras empresas participadas por la SEPI? La responsabilidad del nombramiento de la presidenta de Redeia es suya, lo mismo que de los consejeros en representación de la SEPI. No solo. Es responsabilidad de la SEPI, titular del 20% del capital de REE, la siguiente función según el artículo 11 b) de su norma reguladora:

"Fijar la estrategia y supervisar la planificación de las sociedades que controle en los términos establecidos en la legislación mercantil aplicable y en aquellas en cuyo capital participe mayoritariamente de manera directa o indirecta, así como llevar a cabo el seguimiento de su ejecución, velando por el cumplimiento de los objetivos que respectivamente tengan señalados. La gestión ordinaria de las sociedades participadas corresponderá a sus propios órganos de administración y serán controladas de conformidad con lo establecido por el texto refundido de la Ley General Presupuestaria y demás disposiciones o mecanismos de control aplicables."

Ya sabe Pedro Sánchez por dónde ha de empezar a depurar responsabilidades por el desastroso apagón del lunes. Su credibilidad ha padecido, siendo ya muy precaria, un blackout histórico tras la gestión pésima de una crisis estratégica que ha erosionado la reputación del país y que ha dejado en ridículo sus anteriores aseveraciones sobre la imposibilidad de un ‘apagón’. Y algo todavía más crítico: ha demostrado que su intervencionismo en las empresas estratégicas, utilizándolas como un servicio de empleo para los amigos, es un auténtico expolio. Por eso, y al final del día, es él, como presidente del Gobierno, el responsable político de lo que ha ocurrido. Y de la cohorte de ministros incompetentes de los que se rodea.